La iniciativa respondió a un plan piloto que se llevó a cabo en ocho entidades microfinancieras en Guatemala, Nicaragua y Honduras, y que duró tres años.
El proyecto fue financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Internamericano de Desarrollo y el Gran Ducado de Luxemburgo, con una cooperación de US$1 millón para su diseño e implementación.
Los resultados del programa indican que hay cuatro mil 759 personas como población de cobertura con un fondo de administración de US$182 mil, de los cuales US$113 mil corresponden a los aportes de los afiliados.
El fideicomiso es administrado por el Banco de América Central (BAC) y el potencial de clientes es de 45 mil 906 personas.
David Lemus, coordinador del plan, informó que a partir de julio, el modelo del PPR se expandirá a microfinancieras de El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
El directivo afirmó que el modelo se ampliará a 125 entidades adscritas a Redcamif, que operan en la región.
“El 80% de los afiliados son mujeres que además son clientes de las microfinancieras y que trabajan en negocios como comercio, pequeña industria manufacturera, agricultura y artesanías”, resaltó.
Reynold Walter, presidente del proyecto, comentó que el modelo no es económico, si no más social, y que es el primero que se aplica en Latinoamérica, con experiencias implementadas en Asia, África e India.
“La cobertura de la pensión será en base al aporte del interesado”, afirmó el presidente del proyecto.
