Gobierno salvadoreño prepara impuesto para la seguridad

El gobierno salvadoreño busca aumentar la recaudación que le permita financiar proyectos de seguridad pública y para ello considera la creación de un nuevo impuesto, anunció ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

El gobierno  salvadoreño intenta recaudar más recursos para seguridad. (Foto Prensa Libre: Internet)
El gobierno salvadoreño intenta recaudar más recursos para seguridad. (Foto Prensa Libre: Internet)

“Ya habíamos venido hablando del tema de financiar la seguridad pública. No puede ocurrir que financiemos la seguridad solo de préstamos, de las donaciones internacionales. La seguridad es un reto para el pueblo salvadoreño, para la sociedad”, dijo Chicas.

Chicas agregó que el nuevo tributo se recolectaría con un modelo similar al FOVIAL, que se retiene al momento de consumir combustible y luego esos fondos se dirigen al mantenimiento de puentes y carreteras. “Ya tenemos buenas prácticas como el FOVIAL, que es uno de los instrumentos más efectivos para financiar un tema relevante del país, como la red vial. Por lo tanto, algo parecido tendría que ser. Generar un mecanismo que permita financiar la seguridad pública”, explicó Chicas.

Mientras tanto, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, manifestó: “El problema principal de este país es la inseguridad y todos debemos exigir seguridad. Pero debemos estar conscientes de que no hay recursos especiales como sí lo hay para otras carteras del Estado. Y a pesar del impedimento que nos ha puesto la Sala de lo Constitucional, de no permitirnos el monto asignado a Seguridad que era parte de los US$900 millones, el país debe estar seguro que este gobierno va a cumplir en el tema de seguridad”.

Lara se refiere a la medida cautelar que dictó la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 8 de junio y que prohíbe negociar US$900 millones en bonos o deuda del Gobierno. La medida llegó como parte del análisis de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que autorizó la negociación de los bonos.

El Gobierno afirma que US$96 millones de esos recursos serían utilizados para resolver las diversas necesidades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Chicas también expuso: “Estará en manos del Ministerio de Hacienda (MH) formular una iniciativa. El paso dos es que se lleve al Consejo Nacional de Seguridad y buscar el consenso de las fuerzas políticas. Solo entonces se llevará como iniciativa a la Asamblea Legislativa”.

En este sentido, Carlos Cáceres, titular del MH, dijo que por ahora esperan la decisión del Órgano Judicial para emitir una propuesta en firme: “Aclaro que el establecimiento del impuesto aún no es definitivo, ya que se está esperando la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre la emisión de los $900 millones en bonos”. Sin embargo, el ministro de Hacienda afirmó que si la sentencia no es favorable, el Estado buscaría las alternativas para obtener los fondos para seguridad pública: “En la medida en que no tengamos recursos de otras fuentes, tendremos que utilizar cualquier mecanismo para financiar”.

Cáceres detalló que el nuevo tributo es una opción que tomarán si la Sala de lo Constitucional anula el decreto de los bonos.

Otra vía que busca el Gobierno es la aprobación de un préstamo por US$200 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No solo hay alternativas del impuesto. Estamos trabajando en un préstamo de $200 millones con el BID para apoyo de la seguridad, que sería una alternativa buena”, acotó el titular de Hacienda.

No obstante, el ministro admitió que la respuesta más viable frente a una negativa por parte de la sala sería obtener un financiamiento de la misma población, siempre a través de contribuciones al fisco. “Al fin de cuenta, la población debe pagar todos sus compromisos que tiene en cuenta todos los gastos de seguridad, educación, salud”, dijo Cáceres.

El diputado Johnny Wright Sol, del partido ARENA, comentó que si bien la inseguridad debe abordarse de manera urgente, el problema no solo debe verse desde la cifra de homicidios y debe abordarse el fenómeno de forma integral.

Wright lamentó que no se abordará el tema de la corrupción en las instituciones de seguridad. “Quiero decir que la cifra más importante no necesariamente es la cifra de homicidios, sino también la cantidad de jóvenes que pueden acceder a trabajo y la creación de oportunidades de empleo”, concluyó el diputado arenero.

Gremiales rechazan nuevo tributo

Sin embargo, las gremiales empresariales advirtieron que sin un plan concreto y discutido con los sectores para combatir el crimen el dinero nunca será suficiente.

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), dijo: “Todo impuesto, toda reforma tributaria que incremente lo que los ciudadanos ya estamos pagando al Estado con nuestros impuestos, debería tener un criterio técnico. Estrictamente técnico”. Hernández considera que la justificación de Cáceres, que supedita la propuesta a lo que decidan los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es “cualquier cosa, pero no un criterio técnico”.

Mientras que Javier Argueta, director de asuntos jurídicos en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recordó que el Gobierno ha promovido cinco reformas en siete años. “Puede haber una sexta, una séptima reforma. Aumentar la renta de los salarios, a las empresas… No les va a alcanzar si no tienen un plan, una guía, un elemento de golpe directo a la delincuencia”.

Hernández agregó: “Llama la atención que, por un lado, se diga que hace falta dinero para garantizar a la ciudadanía honrada su seguridad, y, sin embargo, sobra (dinero) para estar atacando a la Sala de lo Constitucional con spots (anuncios comerciales) en la televisión”.

Argueta concluyó: “Lo que ellos (las autoridades) necesitan es ordenar la casa, tener planes efectivos que tanto necesita la población”.

Ambos miembros de las gremiales recordaron que se han presentado propuestas desde el sector privado en el tema de seguridad y la más reciente es la que elaboró el consultor internacional Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York. El experto elaboró un diagnóstico y una propuesta que fueron entregados al Órgano Ejecutivo.