Estados Unidos
Guatemala asegura beneficios arancelarios con EE. UU., pero enfrenta límites para negociar con otros bloques
El país queda sujeto a restricciones en política comercial y tecnológica por acuerdo; se limitan tratados con otros países, advierten analistas.
|
El 30 de enero pasado, el Gobierno de Guatemala firmó el Acuerdo Recíproco de Aranceles con los EE. UU. y asumió varios compromisos en aspectos de seguridad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundesa)
El nuevo acuerdo con EE. UU. garantiza acceso sin aranceles para más del 70% de productos guatemaltecos, pero sujeta al país a restricciones en política comercial y tecnológica. Analistas advierten de un margen limitado para negociar con otros bloques.
Según los compromisos adquiridos por Guatemala con EE. UU., se incluyen aspectos de seguridad y tecnología. En ese sentido, en entrevista a Prensa Libre el 4 de febrero último, la ministra de Economía guatemalteca, Gabriela García, aseguró que no se condicionó al país a trabajar con marcas o naciones específicas; sin embargo, aclaró que, si Washington detecta que Guatemala hace negocios con economías que incurren en prácticas empresariales dudosas, carecen de trazabilidad en sus productos, aplican subsidios o imponen precios tope, podrían modificarse las condiciones del acuerdo.
Por esa razón, el nuevo acuerdo arancelario entre Guatemala y EE. UU. trasciende el ámbito estrictamente comercial. De acuerdo con los analistas Érick Coyoy, de La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el instrumento consolida un esquema en el que el acceso preferencial al mercado estadounidense queda condicionado no solo al intercambio de bienes, sino también a decisiones estratégicas en materia tecnológica, comercial y geopolítica.
Más que comercio
Según Coyoy, el objetivo central del acuerdo es profundizar la relación económica con EE. UU., “no solo en el ámbito comercial”, lo que, en la práctica, implica limitar vínculos con otros países o bloques económicos. Es decir, el fortalecimiento del lazo bilateral supone aceptar restricciones en la diversificación de socios estratégicos.
Maul considera que el acuerdo no puede leerse únicamente como un instrumento arancelario. Su arquitectura, explica, responde a una lógica de “seguridad económica ampliada”, donde comercio, tecnología, logística y política exterior quedan entrelazados. El acceso sin aranceles al mercado estadounidense pasa a depender del alineamiento de Guatemala con los criterios de seguridad y comercio definidos en Washington.
Las cláusulas
Uno de los puntos más sensibles es la cláusula que permite a EE. UU. rescindir el acuerdo y restablecer aranceles si Guatemala firma nuevos tratados de comercio digital o acuerdos preferenciales con determinadas economías, incluidas las denominadas “no de mercado”.
Coyoy advierte de que este es el riesgo asumido por Guatemala: si no cumple las condiciones, EE. UU. tiene la potestad de aumentar unilateralmente los aranceles cuando lo considere conveniente a sus intereses.
Maul subrayó que esta disposición es atípica en un acuerdo meramente arancelario, porque extiende la disciplina bilateral a las relaciones de Guatemala con terceros. En términos prácticos, la posibilidad de negociar futuros tratados con economías como China —o incluso acuerdos digitales con otros bloques— queda severamente condicionada, con la amenaza de perder el acceso preferencial al mercado estadounidense.
En consulta
El acuerdo también establece compromisos en materia de tecnología y telecomunicaciones. Guatemala debe alinearse con los controles de exportación y restricciones que EE. UU. imponga a bienes considerados sensibles para su seguridad nacional. Además, en el caso de redes de telefonía e infraestructura crítica, el país deberá consultar con EE. UU. para identificar proveedores que no cumplan con los estándares de seguridad definidos por ese país.
“Aunque no nombra marcas, el efecto es claro: empresas chinas como Huawei o ZTE —que EE. UU. frecuentemente señala— quedarían excluidas de facto, salvo aprobación bilateral”, dijo Maul.
Coyoy interpreta esta disposición como parte del control que busca mantener EE. UU. para evitar que sus intereses se vean afectados por relaciones económicas que Guatemala establezca con terceros.
Maul añadió que esto reduce el margen para optar por proveedores más económicos y podría encarecer el despliegue tecnológico nacional. También implica que la definición de “proveedor seguro” deja de ser exclusivamente una decisión técnica o económica interna y pasa a estar condicionada por criterios externos.
El beneficio arancelario se mantiene, pero a cambio de un alineamiento más estrecho en tecnología, comercio digital, infraestructura crítica y política comercial frente a terceros, afirmaron los analistas.
Medidas de efecto equivalente
En materia comercial, Guatemala se compromete a combatir el transbordo de mercancías; es decir, la práctica de enrutar productos a través de un tercer país para evadir aranceles o medidas de seguridad estadounidenses. Según el analista Hugo Maul, este tipo de cláusulas es habitual en acuerdos modernos y no constituye, por sí misma, una cesión de soberanía, aunque sí exige fortalecer los controles aduaneros, lo cual podría traducirse en mayores costos y trámites para operadores formales.
El acuerdo también contempla que cuando EE. UU. imponga restricciones a bienes o servicios de un tercer país por razones de seguridad nacional, Guatemala debe aplicar “medidas de efecto equivalente” en su propio territorio. Además, el país se compromete a no impugnar tales medidas en la Organización Mundial del Comercio.
El analista Érick Coyoy opina que todos estos compromisos implican mayor influencia de EE. UU. con el objetivo de resguardar sus intereses. Guatemala los ha aceptado para mantener el acceso sin aranceles a su principal mercado de exportación, y ahora debe cumplirlos.
ESCRITO POR:
