El empresario agregó que “Guatemala al no tener buenos resultados en ese sentido, tiene desventajas y es algo que tendremos que trabajar” aunque mencionó que con el Gobierno actual tal vez ya no daría mucho tiempo y habrá que seguir trabajando el tema con el siguiente Gobierno.
Estar mal calificados en Estado de Derecho “definitivamente hace menos atractivo al país como destino de inversión y es una de las primeras cosas que revisan las compañías en general” dijo López.
Agregó que la situación actual que se vive en el país “genera incertidumbre” y mencionó que han recibido diferentes observaciones de socios en el exterior con dudas acerca de lo que sucede en el Guatemala y sobre cómo van a estar sus embarques.
“En general la incertidumbre y la inestabilidad son malos amigos de los negocios” dijo y agregó que el Estado de Derecho es fundamental para la toma de decisiones y para que se den las condiciones necesarias para que las inversiones se den”.
El desempeño del país no ha avanzado en Estado de Derecho, que se mide por un indicador mundial en el cual Guatemala ocupa el puesto 85 de 102 evaluados.
De los ocho ejes evaluados los de orden y seguridad y ausencia de corrupción son los peor evaluados, el primero bajó 38 casillas en el ranking mundial y en el segundo eje bajó 13 puestos.
El Índice de Estado de Derecho del 2015 refleja que, en Guatemala, “no existe una línea clara de trabajo” además, continúa “la escasez en el acceso total a los servicios prestados por las instituciones del gobierno” señaló Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que divulgó el indicador el pasado lunes.
En el informe se detalla que se consideran tres formas de corrupción: soborno, influencias inapropiadas -tráfico de influencias- por sectores privados o públicos y malversación de fondos públicos u otras fuentes.
En el caso de orden y seguridad incluye tres dimensiones: la ausencia de crimen, ausencia de violencia política y ausencia de violencia social
Paola Pérez Lobos, investigadora de Fundesa, explicó que la calificación del país podría empeorar porque la recopilación de la información para la edición 2015 se hizo antes de la crisis actual por denuncias de corrupción y que involucra a personas en altos cargos públicos.
Los datos son recabados con una encuesta a abogados entre octubre del 2014 y enero del 2015, además de encuestas en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango en el 2013 e indicadores nacionales, explicó.
