El magistrado considera que los investigados podrían haber incurrido en una presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil a través de la empresa Arbistar 2.0, que prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8 y el 15 por ciento mensual con unas prácticas que incentivaban a invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor.
La empresa consiguió innumerables inversiones, pero a partir de agosto de 2020 varios clientes solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.
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El auto considera que la cifra de perjudicados -unos 1 mil 127 ya determinados, pero podrían superar los 32 mil a la vista de las cuentas afectadas-, su distribución por toda España y el perjuicio patrimonial producido -cercano a los 41.9 millones de euros aunque puede superar los 100-, lo convierten en una causa que debe asumir la Audiencia Nacional tras haberla iniciado un tribunal local en la isla atlántica de Tenerife.
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“Tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”, señala la Audiencia Nacional, un órgano con jurisdicción en toda España encargado de delitos mayores como el de organización criminal.
