Presupuesto Estatal
La Superintendencia de Competencia tiene ley, propuesta de estructura y planes, pero no tiene presupuesto
La Superintendencia de Competencia aún no recibe los Q20 millones que la ley ordena para iniciar operaciones. Sus autoridades gestionan esos fondos ante el Minfin y el Congreso para el 2025 y el presupuesto anual para el 2026 porque no fue incluido en la propuesta del gobierno.
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La propuesta inicial es que la Superintendencia de Competencia cuente con cuatro intendencias, además de otras jerarquías, pero la estructura se podría modificar en el proceso de creación de la entidad que se está llevando a cabo, sin embargo aún no cuenta con presupuesto. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).
La Superintendencia de Competencia contará con cuatro intendencias, además de otras jerarquías que se crearán, según la propuesta inicial para conformar esta nueva entidad, explicaron las autoridades de dicha institución.
Sin embargo, aún no cuenta con presupuesto inicial ni fue incluida en la propuesta del Presupuesto General del Estado presentada por el Ejecutivo al Congreso.
Las autoridades de la Superintendencia ya gestionan ante el Ministerio de Finanzas y el Organismo Legislativo la asignación de esos recursos. Al ministerio le solicitaron el presupuesto inicial de Q20 millones para el 2025, según lo establece el artículo 118 de la Ley de Competencia, decreto 32-2024.
Ese artículo indica que, mientras se aprueba el primer presupuesto de ingresos y egresos conforme a la ley, el Minfin debe asignar, por única vez, Q20 millones dentro del presupuesto ordinario del ejercicio fiscal 2025, destinados a gastos de organización y funcionamiento.
Para los ejercicios fiscales siguientes, el mismo artículo establece que el aporte anual no podrá ser menor al 4% del presupuesto de egresos de administración asignado al Ministerio de Economía (Mineco), lo que, según el presidente del directorio de la Superintendencia, Javier Bauer, equivaldría a unos Q18 millones en el 2025.
Consultado sobre las gestiones para lograr estos recursos, el superintendente Jorge Miguel Castillo explicó que se trata de dos gestiones diferentes. En cuanto al presupuesto inicial de Q20 millones, indicó que la solicitud ya fue presentada y avanza a buen ritmo, pues empezó a gestionarse desde el segundo día de su nombramiento. Castillo fue elegido para el cargo el 13 de octubre del 2025, fecha en que también fue juramentado.
El funcionario agregó que tanto la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) como la Dirección de Contabilidad del Estado, del Minfin, han mostrado disposición y ya cuentan con una estructura presupuestaria armonizada técnicamente. Además, ya cuentan con roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
El paso pendiente es que, mediante un oficio, se les confirme que pueden recibir los fondos, aspecto para el que Castillo tiene expectativas positivas de que ello ocurra este año.
Aunque la ley establece que el superintendente tiene un año para realizar las gestiones, estructurar y organizar la entidad, de acuerdo con el artículo 116, se busca agilizar el proceso para que los fondos se asignen este mismo año, comentó.
Respecto al segundo proceso, indicó que, con el presupuesto inicial aprobado, podrán formular el correspondiente al 2026, utilizando herramientas como el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Estratégico Interinstitucional. La propuesta deberá ser aprobada por el directorio para luego gestionarla ante el Minfin, con el fin de que se incluya en las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, lo cual podría requerir una modificación del presupuesto ya establecido para el siguiente año.
Castillo aclaró que el presupuesto de una entidad autónoma se aprueba mediante resolución interna de la autoridad respectiva, pero su asignación debe figurar entre las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.
Bauer informó que ya enviaron oficios tanto a la Comisión de Finanzas del Congreso como al Ministerio de Finanzas, solicitando incluir a la entidad en el presupuesto del 2026. Aún están a la espera de una audiencia con la Comisión, y no se mencionó el estatus del trámite ante el Minfin.
“Que se considere el inicio de la Superintendencia para que tenga un presupuesto suficiente, con profesionales en carrera administrativa, reglamentación de primer nivel y capacidades técnicas que permitan identificar prácticas anticompetitivas que afectan el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica en el país”, añadió Bauer.
Comisión propone presupuesto
Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, explicó que, aunque la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026 no contempla a dicha Superintendencia, el borrador de dictamen considera una asignación de entre Q30 millones y Q40 millones.
La Comisión aún está en proceso de emitir el dictamen, y el Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre del 2025 para aprobar el Presupuesto General del Estado para el 2026, de no lograrse en ese plazo quedaría vigente el del 2025, que tampoco incluye a esa entidad por lo que se deberá hacer una reforma.
Cómo será la estructura
Castillo detalló que la estructura presupuestaria de este año se definió con apoyo de la DTP y tiene la capacidad de soportar un aumento sustancial para próximos ejercicios. No obstante, si no fuera así, la Ley de Competencia permite reformular y ampliar dicha estructura, como hacen otras entidades para definir su presupuesto.
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Como ejemplo, señaló que la Intendencia de Investigación podría no requerir una asignación significativa en el inicio, ya que la ley otorga dos años para iniciar la fase de recepción de denuncias e investigaciones, que comienza a finales del 2026. Posteriormente, se reforzaría dicha intendencia en capacidades y presupuesto.
“La estructura presupuestaria puede ser objeto de mejoras, ampliaciones o recortes”, agregó Castillo.
Las cuatro intendencias
La propuesta inicial para la estructura de la entidad contempla las siguientes intendencias:
- Intendencia de Promoción de la Competencia
- Intendencia de Investigación (establecida por la ley)
- Intendencia de Estudios Económicos
- Intendencia Administrativa Financiera
Estas serán complementadas por direcciones subordinadas, subdirecciones, jefaturas y personal técnico y profesional.
Una vez se cuente con un director de Recursos Humanos, se deberá implementar un proceso de oposición para contratar personal con criterios estrictamente técnicos, se agregó.
Dos procesos en marcha
Bauer recordó que se abrió un espacio para que agentes económicos y otros interesados presenten sugerencias sobre el reglamento de la Ley de Competencia. La recepción de propuestas cerrará el viernes 14 de noviembre y se espera concluir el reglamento a mediados de diciembre, con entrada en vigencia el 1 de enero del 2026.
El reglamento incluirá criterios para aplicar la ley y se elaborarán guías sobre fusiones, adquisiciones y prácticas anticompetitivas.
Además, en diciembre se abrirá otro proceso para que los sectores presenten las barreras afecten la competencia y propuestas que apunten a reducirlas. La Superintendencia tiene dos años para presentar estas sugerencias al Ejecutivo y al Congreso.
Estas declaraciones se dieron en la conferencia “Implementar la ley y fomentar la competencia”, organizada por el Instituto para la Competitividad Económica (ICE), donde el superintendente presentó su plan de trabajo, con acciones de corto, mediano y largo plazo.
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