Los cortes de energía en la provincia continúan y nadie se responsabiliza por ellos

Poblaciones de todo el país han sufrido suspensiones del servicio eléctrico sin causa aparente. Las autoridades dicen que investigan y la distribuidora culpa a las comunidades.

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Vecinos bloquean casi 20 horas el km 154 de la ruta al suroccidente, Suchitepéquez, para exigir que les reconecten el servicio de energía eléctrica. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)
Vecinos bloquean casi 20 horas el km 154 de la ruta al suroccidente, Suchitepéquez, para exigir que les reconecten el servicio de energía eléctrica. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Causas de conflictividad social hay muchas, pero desde hace algunos años, se ha sumado una de forma recurrente y es la suspensión del servicio de energía eléctrica en comunidades de casi todos los departamentos del país.

Esta semana se observaron bloqueos de carreteras en varios tramos, como forma de protesta por los cortes generalizados del servicio, a pesar de que muchos de los usuarios están al día en sus pagos.

El último caso se evidenció el pasado 6 de febrero cuando pobladores de Samayac, San Pablo Jocopilas y Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez, apoyados por algunos vecinos de la bocacosta de Sololá, impidieron el paso vehicular por casi 20 horas en el Kilómetro 154 de la ruta al suroccidente. Y su exigencia fue que les reconectaran la energía eléctrica, porque desde hace cuatro días no contaban con ese servicio básico en sus comunidades.

Este es un ejemplo de varios que se reportan cada año, como lo evidencia el hecho de que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha interpuesto más  de 40 amparos para que las empresas distribuidoras restablezcan el servicio, lo que considera ilegal por parte de Energuate, S.A., a través de sus filiales Deocsa y Deorsa.

En opinión de Jordán Rodas la prestación del servicio de energía desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y social y constituye una condición indispensable para la erradicación efectiva de la pobreza.

“Hay un abuso por parte de la distribuidora, ya que hay un amparo provisional que les prohíbe los cortes generalizados (por el tema del covid-19) y lo siguen haciendo. Es más, se les conmina a reconectar y no lo hacen”, señaló.

Por otro lado, Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) informó que se encuentran activos tres casos cuyos procesos administrativos están abiertos y corresponden a Malacatán, San Marcos; Jacaltenango, Huehuetenango; Samayac, Suchitepéquez y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Estos expedientes están actualmente en fases distintas de investigación y dictamen, en función de la evidencia recabada, así como de la información proporcionada por las comunidades y las distribuidoras. De demostrarse responsabilidad de la empresa, procederá la emisión de las resoluciones de la CNEE ordenando probables sanciones y/o indemnizaciones, según corresponda de acuerdo con el marco normativo.

La entidad indicó que emite diariamente órdenes a la empresa para que proceda de manera inmediata con el restablecimiento del servicio a los usuarios que están al día en sus pagos, en concordancia con las obligaciones de las empresas distribuidoras de brindar un servicio continuo y de calidad a los clientes que cumplen con sus obligaciones de pago.

Según la CNEE, la distribuidora indica que la falta de energía se debe a fallas derivadas de manipulaciones en sus redes. Sin embargo, es un extremo que deberá demostrarse en la investigación y recordó que las empresas deben buscar, por todos los medios técnicos posibles, el cumplimiento de la obligación de prestar el servicio a los usuarios que cumplen sus pagos.

Turismo, perjudicado

Los cortes de energía también alcanzan al sector turístico, debido a que constantemente se reportan fallas que afectan a los viajeros y los problemas se generan muchas veces durante los fines de semana y feriados, cuando aumenta el número de visitantes a lugares de esparcimiento.

Zel Girón, presidente de la Asociación de Hoteleros de Monterrico, manifestó que los cortes o bajones de energía son constantes en esa comunidad y dañan la experiencia de los huéspedes. Los integrantes de la asociación son en su mayoría pequeños hoteles y no cuentan con capacidad económica para comprar generadores de energía.

“Algunos viajeros han decidido, incluso, cancelar su estadía y volver a sus hogares. Entre semana no se dan tanto los problemas, pero cuando llega el fin de semana y los huéspedes encienden los aparatos de aire acondicionado, el servicio empieza a fallar. Otro problema que tiene la empresa es el daño provocado por la corrosión de la sal, por lo que el mantenimiento de las líneas y equipos debería ser constante, pero eso no les importa”, señaló.

¿Cómo resolver la situación?

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, reconoció el problema e indicó que en algunos lugares los cortes han sido esporádicos y en otros, son recurrentes. Por ejemplo, en Coatepeque, Quetzaltenango; Malatacán, San Marcos; Champerico y otras zonas de Retalhuleu; el caso reciente de Samayac y San Pablo Jocopilas en Suchitepéquez; también en municipios de Zacapa, Jalapa e Izabal.

Para Pimentel, los factores que influyen en el descontento de las poblaciones son la mala calidad del servicio de energía y las manipulaciones de las redes que hacen personas ajenas a las distribuidoras y afectan el servicio. Esto provoca que la misma empresa no puede ingresar a las comunidades a resolver las fallas técnicas, porque se oponen a la presencia del personal de Energuate.

Pimentel consideró que la conflictividad se resuelve con diálogo y no con medidas de hecho, pero  la distribuidora debe brindar un servicio de calidad, mientras la población debe comprender que no debe manipular las redes porque provoca daños generales, enfatizó.

“Muchos de estos conflictos se han ido resolviendo debido a la intervención de varias instituciones integradas por la Comisión Presidencial Nacional de Diálogo, la CNEE, gobernaciones departamentales, entre otros”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, Energuate coincidió con Pimentel en que las mesas de diálogo han sido gestionadas con el apoyo de autoridades y líderes locales, en las que se concretan acuerdos entre distribuidora y comunidades que permiten el acceso a poblaciones y, con ello realizar las reparaciones de fallas, adecuaciones de la red y regularización de conexiones ilegales en cada sector.

“Las mesas de diálogo permiten que los afectados por manipulaciones en la red de distribución, se percaten que las acciones de terceras personas individuales o en grupo (no autorizadas) producen fallas y afectan a vecinos de comunidades cercanas”, refirió la distribuidora.

Fernández, de la CNEE, confirmó que la entidad ha participado en las mesas técnicas y de diálogo generadas por estas entidades, como un órgano técnico que brinda criterios y opiniones relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su reglamento, y que vela por el derecho de los usuarios que están en el marco de la ley.

Pimentel agregó que existen organizaciones en el país que lucran con manipular las redes eléctricas y con conexiones ilegales, lo que ocasiona daños en los circuitos. “Esta es una realidad latente y mientras esa situación persista, habrá focos de conflictividad. Además, si hay descontento con la calidad del servicio, no es solución manipular las redes, sino que se tiene que reportar a donde corresponda”, puntualizó.

Energuate: Cortes no son colectivos

La empresa Energuate respondió a Prensa Libre que no se realizan cortes colectivos y afirmó que no se delimitan áreas de corte porque son sectores afectados por una manipulación de terceros que impiden el acceso a la operación de la distribuidora.

“Lo que se ha visto son fallas en la continuidad del servicio, causadas o motivadas por acciones de terceras personas no autorizadas que manipulan las redes de la distribuidora. Esta manipulación produce fallas en la red, especialmente en localidades donde se impide el acceso a distribuidoras para hacer reparaciones”, manifestó Energuate.

Con relación a las acciones constitucionales promovidas por la PDH, se reconoció la conflictividad social imperante. “En muchas ocasiones, la Policía Nacional Civil ha admitido que el acceso a determinadas comunidades es limitado, incluso para ellos; además de ser riesgoso para su integridad, así como para los trabajadores de la Distribuidora. Por esa razón, en muchos casos ha resultado muy difícil restablecer el servicio después de la falla o la manipulación”.

La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al PDH a intervenir en el conflicto y ha exhortado a los usuarios a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales. Adicionalmente, las sentencias derivadas de esos amparos, en muchas ocasiones han tenido que ejecutarse por medio de la fuerza pública, debido a la conflictividad social señalada, concluyó la distribuidora.