El Ministro de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero dijo, que los 71 mil equivalen a un 10 por ciento de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica y agregó que se implementará una nueva metodología de pago y se entregará de puerta en puerta, por lo tanto, aseguró que el tercer aporte será más rápido que los dos primeros.
Romero detalló que hasta la fecha van inscritos más de 71 mil guatemaltecos de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Chiquimula, Petén, Jutiapa, Jalapa y Zacapa.
“La proyección que tiene la cartera de desarrollo es alcanzar a 179 mil hogares. A la fecha se agiliza el levantado de campo con técnicos del Mides para identificar por medio de una ficha socio económica a los hogares más vulnerables”, resaltó el funcionario.
El Programa Bono Familia nació con el objetivo de ayudar a las familias guatemaltecas afectadas por la crisis económica generada por la covid-19.
En abril pasado se publicó el acuerdo gubernativo número 57-2020 que integra el reglamento del fondo denominado Bono Familia, y fueron aprobados Q6 mil millones para poder dar aportes por Q1 mil para aquellos beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos.
Después del primer pago, el Congreso hizo unas modificaciones al reglamento y se permitió que más núcleos familiares se pudieran inscribir por contador y el 10 por ciento que no cuenta con el servicio, por lo que se amplió la base.
Datos inconsistentes
Hasta el 30 de septiembre el número de beneficiados del Programa Bono Familia alcanzó los 2 millones 289 mil 773 con un porcentaje de ejecución de un 83 por ciento, equivalente a Q4 mil 974 millones devengados de Q6 mil millones.
Erick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, comentó que la distribución de los beneficiarios del Bono Familia pudo haber sido la adecuada si se hubieran tomado en cuenta los datos del censo de población de 2018.
El censo que elabora el Instituto Nacional de Estadística indica para cada lugar poblado las condiciones de vida de los habitantes, no solo las que tienen acceso a energía eléctrica, sino también las que viven en peores condiciones por carecer de acceso a otros servicios básicos como agua y saneamiento.
“El no hacerlo refleja la falta de capacidad técnica del Mides para realizar de manera correcta la ejecución de los programas sociales”, expresó Coyoy.
Al analizar los datos por departamento evidenció que el criterio de pobreza no fue el que orientó la distribución de los recursos del programa Bono Familia, señaló Coyoy.
Por ejemplo, en el caso de Alta Verapaz, que es el departamento con mayor pobreza en el país (83 por ciento en 2014) y el de menor acceso a energía eléctrica (49 por ciento de hogares en 2018) es el que menos cobertura del bono tuvo con un alcance de 37.5 por ciento.
En el otro extremo, las cifras del Mides reportan un 100 por ciento de los hogares del departamento de Sacatepéquez beneficiados con el bono, que en opinión de Coyoy es poco probable porque implicaría haber beneficiado a todos los residentes de condominios en la zona.
Pero, en todo caso es una de las coberturas más altas que se reportan, en tanto que la pobreza en el departamento es del 41 por ciento, la segunda más baja del país y la mitad que la de Alta Verapaz.
Las inconsistencias de los datos de beneficiarios del Mides también se reflejan en el caso de Totonicapán, para el cual se reportan más familias beneficiadas que las registradas por el Ine en el censo de población 2018, con un 105 por ciento de cobertura del Bono Familia.
Por lo anterior, el problema de fondo radica en los criterios para la selección de los beneficiarios, y el poco alcance para revisarlos, y llegar de manera prioritaria a los hogares más necesitados, como lo confirma el caso de Alta Verapaz, resaltó Coyoy.
Deben modificarse los criterios de selección de beneficiarios para tomar en cuenta a los hogares con mayores necesidades y en condiciones de pobreza extrema. De lo contrario parece que se mantiene la orientación clientelar de los programas, como se ha señalado en anteriores administraciones de gobierno, enfatizó el profesional.
Padrón único
Para David Casasola, analista analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) la experiencia que dejarán los programas sociales que atendieron la emergencia de la pandemia deben verse como una venta de oportunidad para elaborar un “padrón único de beneficiarios”.
La retroalimentación de lo que dejó el programa Bono Familia, será clave par a pensamientos a futuro y hacer programas de asistencia social que sean definidos en el tiempo y que tengan criterios claros de priorización.
Para lograrlo es necesario elaborar una evaluación piloto con una muestra para saber el perfil de las familias que lo recibieron y si ayudó el tema de la transferencia o buscar otro mecanismo y respaldar la decisión técnica, concluyó Casasola.
Mides defiende datos
El Mides defiende que del total de beneficiados que respondieron el cuestionario de priorización para recibir el segundo y tercer pago, 1 millón 818 mil 449 consideraron vivir en pobreza, equivalente al 74.7 por ciento.
Enfatizaron que ese universo de la población no es un registro aleatorio de la población del país, sino que corresponde a familias previamente priorizadas por su bajo consumo de energía eléctrica (menos de 200 kilovatios a febrero).
La aplicación de dicho criterio reduce, por el simple procedimiento, el error de inclusión. Pasar del 61.6 por ciento de pobreza multidimensional a nivel nacional (datos a 2014) al 74.7 por ciento en el padrón del Bono Familia tiene sentido, afirmó el Mides.
