Proveedor de grúas demanda a EPQ por Q366 millones e inicia proceso de arbitraje

La empresa servicios Bayside que prestaba el servicio de grúas en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) hasta el 2018, hace una reclamación por Q366 millones por medio de un arbitraje y una cláusula en el contrato, según se develó este lunes 15 de marzo en el Congreso.

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La empresa servicios Bayside presentó una reclamación millonaria de Q366 millones a la EPQ, se conoció en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La empresa servicios Bayside presentó una reclamación millonaria de Q366 millones a la EPQ, se conoció en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En una citación con los miembros de la junta directiva de la Portuaria, el diputado Carlos Barreda expuso el contrato con la empresa Bayside, que dejó de prestar los servicios para el movimiento de contenedores desde el 2018 y que fue adjudicado a otra empresa.

El parlamentario dijo que podría tratarse de un fraude de ley, aprovechándose de una cláusula arbitral, luego de que la empresa no ganara la licitación.

Declaró, en la citación, que son Q101 millones de la cláusula de lucro cesante; Q199 millones por concepto perjuicios causados por la Portuaria por la no renovación a la expectativa de cuatro años propuestos sobre la continuidad de la prestación, y Q66 millones por concepto de perjuicios causados por al cálculo al movimiento de carga y la no renovación.

El diputado enfatizó que, en total, suman Q366 millones, y que son una serie de cláusulas anómalas en el contrato original.

Barreda afirmó que tanto el avance de este arbitraje junto a la inversión de un rompeolas, podrían poner en aprietos financieros a la portuaria.

“Aquí hay que develar que existe una estructura en ambas portuarias”, remarcó el parlamentario, y el tema será abordado con profundidad en una nueva citación, el próximo 23 de marzo.

El abogado y notario José Guillermo Castellanos Molina, quien es el vocero de Servicios Bayside, aseguró en una nota publicada este lunes en Prensa Libre que es un derecho contractual que se firmó en 2001 y es una obligación respetar los términos y condiciones de ese contrato, por certeza jurídica.

Recordó que no es contra de las actuales autoridades si no que es un tema institucional en el 2001, quien firmó el contrato, que no son las mismas personas que hoy fungen como gerente y como junta directiva de la portuaria.