Se trata de la que hubiera sido la primera alianza público-privada en regir en el país. Sin embargo, solo 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes, con lo que la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje podría requerir de una nueva iniciativa de ley.

En dicha sesión, el diputado Oliverio García Rodas se había pronunciado en favor de que se verificara el quorum, pues en el hemiciclo había menos diputados de los que aparecían registrados y de los que son requeridos para una votación. Sin embargo, la petición fue ignorada.

“Más allá de los efectos que la cancelación de este proyecto tiene en el desarrollo de la Costa Sur y del país, más allá del impacto negativo que esta decisión tiene en la confianza de los inversionistas en el país como destino de inversión o más allá de vernos obligados todos los ciudadanos guatemaltecos a continuar transitando por una carretera en pésimas condiciones, nos preocupa que como ciudadanos aceptemos que los diputados tomen decisiones ilegales, emitan votaciones basadas en procesos anómalos y viciados”, dijo René Muñoz, director de Convía.

Según Muñoz, lo que está en juego no es la autopista, sino la institucionalidad del Congreso de la República y la legalidad de sus actuaciones, y es por eso que han decidido accionar legalmente.

Las acciones no fueron detalladas por el abogado de Convía, pues el Congreso aún no ha emitido el acta de la sesión plenaria de ese día.

“En relación con las acciones que se van a tomar, principalmente se está enfocando en regresar el proceso a la tercera lectura. La intención de Convía es que se cumpla el debido proceso de la lectura para la aprobación o no del proyecto”, indicó el abogado Manuel Pérez.

La acción, según Pérez, sería de amparo o de inconstitucionalidad y, por ende, se debería promover en la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, según la diputada electa del Partido Winaq, Sonia Gutiérrez, sería ilegal volverla a discutir. “Ya el Congreso desaprobó ese tercer debate. Ahí ya carecería de legalidad si vuelven a tomar la misma iniciativa. Obviamente, el camino sería volver a presentar una nueva iniciativa, a lo cual ya las organizaciones acá han manifestado que se van a constituir como vigilantes”, opinó Gutiérrez.

“Rechazamos el cobro del peaje”

Gutiérrez añadió que mantienen la postura acerca del proyecto, ya que consideraron que solo beneficiaba a un sector e iba en detrimento de la población en general, por el cobro de peaje.

Al Congreso también llegó ayer un grupo de representantes de la población de Escuintla, de la Pastoral Social de Puerto San José y del Concejo local, quienes manifestaron que no se oponen a los trabajos de rehabilitación de la autopista, sino al cobro del peaje.

Gilberto Pérez, de la Pastoral Social de Puerto San José, recalcó que rechazan el cobro del peaje, no así la construcción de la carretera y que están conscientes de su importancia.

“No estamos de acuerdo, y rechazamos el cobro del peaje, porque es un impuesto más que será cobrado al pueblo de Guatemala. Vemos que esta carretera se construyó con los impuestos de los guatemaltecos”, dijo Pérez.

David del Cid, representante de la comuna de Puerto San José, manifestó que la postura que han mantenido en el proceso es no oponerse a la construcción de la carretera, pero sí al cobro del peaje, ya que “no es posible que un municipio que le genere tanto al Estado tenga que ser castigado con el cobro del peaje”.

Javier Reyes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal señalaron que están en contra del cobro del peaje y la forma en que se otorgó el contrato a una entidad privada, ya que el Estado es quien debe de hacerse responsable del mantenimiento y construcción de la carretera.

Gutiérrez indicó que los empresarios están en todo su derecho de presentar los recursos que consideren, pero al momento de la votación estaban presentes los diputados según lo señaló el tablero.

Otros diputados consideran que por el momento no sería factible ese punto, ya que no se podría comprobar en un 100 por ciento la presencia o no de los 82 diputados que marcaba el tablero en ese momento, ya que las cámaras no captan todo el hemiciclo.

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