¿Se perderán los números? Suspensión de teléfonos origina polémica

Diferencias de criterio, mala interpretación y la ejecución de la Ley de Terminales Móviles desataron un debate legal entre diferentes sectores, operadores y la SIT.

Las operadoras reconocieron que siguen activando los teléfonos suspendidos después de la fecha establecida para actualizar los datos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Las operadoras reconocieron que siguen activando los teléfonos suspendidos después de la fecha establecida para actualizar los datos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La discusión se centra en si la suspensión de las líneas celulares no registradas es temporal y en qué plazo o si debía ser definitiva, porque las empresas de telefonía dejaron abierta la opción de continuar registrando  las  que fueron suspendidas por no contar con el documento personal de identificación (DPI) y cuyo plazo venció el recién pasado 9 de octubre.

Las empresas Tigo, Claro Guatemala y Telefónica inhabilitaron temporalmente 2.1 millones de líneas.

Las  operadoras reconocieron en una reunión con diputados de Encuentro por Guatemala que siguen activando los números suspendidos, después de la fecha establecida para actualizar los datos.


Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala (EG), manifestó: “Ese no era el espíritu de la Ley, sino la suspensión tenía que ser definitiva. Las operadoras están malinterpretando la norma”. Ante ello, la legisladora no descartó acciones legales contra las operadoras.

“La Ley dice que se debe suspender; nunca se habló de cancelar”, afirmó durante la reunión Juan Francisco Evertsz, de la empresa Telefónica.

Harold Cancinos, gerente de Regulación de Telefonía de la SIT, aseguró que el incumplimiento de las operadoras se puede identificar en dos vías: “No quieren perder el negocio o quieren garantizar comunicación para los usuarios finales”.

Raúl Alas, gerente de Comunicación de Telefónica, explicó que esta empresa suspendió más de 291 mil líneas móviles prepago y pospago, lo cual significa para ellos el 7 por ciento del total de números activos.

“La Ley no habla de cancelación, habla de suspensión, por lo que consideramos que el dueño de la línea tiene derecho a recuperarla. Si no fuera así, la SIT debe  establecer una resolución con requerimientos diferentes”, manifestó Alas.

En ese sentido, Raúl Solares, jefe de la SIT, indicó que esta  no posee la facultad para fijar otro plazo que el ya establecido.


Solares agregó que cada usuario era responsable de registrarse y las compañías, de efectuar el registro en tiempo.

El jefe de la SIT informó que evaluarán jurídicamente lo que la normativa permite.

Sin multar a comercios

Según Montenegro, además del registro, la SIT ha incumplido con imponer multas a los comercios que no estén registrados, pese a que se establece un rango de Q25 mil a Q100 mil.

La dependencia ha identificado que cerca de 78 comercios  no se han registrado como distribuidores. No obstante, organizaciones civiles  como el Movimiento Pro Justicia  aseguraron que son más  y recordaron que las autoridades no tuvieron la capacidad de ubicar varios negocios en Chimaltenango que no estaban registrados.

“La SIT, por cuenta propia, decidió dar una prórroga para el registro de empresas”, lamentó Montenegro.


Según el gerente de Regulación de Telefonía de la SIT, se está creando una Unidad de Verificación que constatará el cumplimiento de la Ley, la cual deberá establecer el número de empresas y personas individuales no registradas aún como comercializadores del servicio de telefonía.

Montenegro explicó que darán un plazo de 15 días a la SIT para que investigue, o plantearán acciones legales, por incumplimiento de la Ley.


Según la SIT, hasta ahora han sido registrados 12 mil 66 distribuidores de equipos de terminales móviles y tarjetas SIM.

Otro cuestionamiento de los diputados fue como se asegurará que los teléfonos no sean utilizados por extorsionistas, que era uno de los motivos que dieron origen a la ley.

Señal en presidios

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, lamentó el incumplimiento de la Ley, ya que “el objetivo era acabar con las extorsiones, los robos y, ahora, secuestros”.

Según la activista, entre quienes menos han respetado la norma figura el Sistema Penitenciario, con el apoyo de la SIT, debido a que no se ha buscado eliminar la señal dentro de las cárceles.

“Vemos que las telefonías también han sido indiferentes respecto a informar a sus clientes acerca del impacto que les causaría el no registrarse, y ahora utilizan la laguna que tiene la Ley”, dijo.

Incluir más elementos

Wálter Menchú,  consultor  del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), expuso que la vigencia de la Ley solo será una herramienta para combatir el flagelo de las extorsiones, pero se necesita de otras medidas.

“Se han creado muchas expectativas por la vigencia de la normativa, pero creo que hay otros elementos que deben  incluirse para hacerle frente a los chantajes”, afirmó el consultor.


El profesional agregó que tales elementos deben ser consensuados y analizados por todos los sectores involucrados.

Mafias eluden

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmó que el crimen organizado tuvo suficiente tiempo para implementar otras medidas para seguir con las extorsiones.

 “El 90 por ciento de las llamadas por extorsiones vienen de los centros carcelarios y es allí donde se debe  retomar el control”, afirmó.

Acuña resaltó que para poder controlar las extorsiones se debe trabajar en una política integral que incluya controles en la telefonía, inteligencia criminal y recuperación de los presidios.

Año Celulares (en millones) Teléfonos fijos (en millones)
2010 18 1.4
2011 19.4 1.6
2012 20.7 1.7
2013 21.7 1.8
2014 16.9 1.7
2015 18.7 1.7

Celulares: 18 millones 121 mil 390; 925 mil 338 de plan y 17 millones 196 mil 54 de recarga
Teléfonos fijos: 1 millón 718 mil 851
Teléfonos públicos: 58 mil 792