El procedimiento, que también se realizó en la 12 avenida y 24 calle de la zona 5, fue presenciado por abogados de la DCGYT y personal de la SAT y también abogados y trabajadores de CDG.
La planta ubicada en la zona 5 se habilitará como planta de procesamiento para distribución de la correspondencia a otras agencias.
Usuarios llegaron ayer a la agencia de la zona 1 en espera de ser atendidos. En opinión de ellos, antes de anunciar la apertura debieron organizarse, porque en la mayoría de casos el nuevo personal no localizó la correspondencia. Ahora esperan que se normalice.
Josualdo López y Flora Orozco, que llegaron desde Huehuetenango y San Marcos, dijeron que gastan más de Q400 en cada viaje.
Dany Thompson, subdirector de la DCGYT, dijo que la atención al público en las dos agencias será de 8.30 a 15.30 horas, pero de ser necesario se atenderá los sábados y domingos hasta normalizar la entrega de correspondencia acumulada.
Se ha planificado abrir entre 61 a 66 agencias en un plazo de 30 días, refirió el director de la DCGYT, Leonel Véliz.
El funcionario indicó que se empezará en las agencias en las cuales el inmueble es propiedad del Estado, pero en otros lugares se habilitará en predios privados, debido a que en esos municipios hay un alto volumen de correspondencia.
Para la próxima semana se ha programado abrir en Antigua Guatemala, Quiché y las cabeceras departamentales de Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos.
Por el momento, el servicio será con personal de la DCGYT, que cuenta con 67 trabajadores, pero se deberá contratar recurso presupuestado para que sea cuentadante y lleve controles, refirió Véliz.
El Estado recibe las agencias y bienes de parte de CDG, pero seguirá acciones legales por incumplimiento en la operación y anomalías. DCGYT y PGN presentaron dos apelaciones en busca de un amparo provisional para que la empresa opere.
El abogado Javier Arreola ofreció que se brindaría la versión de la empresa acercal del caso, pero al cierre de esta edición no se había concretado.
Ayer, en la agencia central se observaron cientos de paquetes acumulados en la oficina de Fardos Postales.
Personal de la DCGYT cuestionó que se encontraban acumuladas de forma no adecuada computadoras, así como el servidor informático y documentos de la empresa.
El abogado Javier Arreola indicó que todo el equipo funciona y se trasladó al lugar para poder entregarlo.
Expertos en informática de ambos entes se reunirán para hacer el traspaso y conocer los programas y equipo.
Procesos
Desde el 16 de diciembre de 1998 dejó de operar el correo como una empresa estatal y se convirtió en una concesión privada.
En el 2004, la empresa Correo de Guatemala, S.A., fue contratada por el Estado para operar los servicios postales en el país por el plazo de 10 años.
El 19 de mayo pasado, y después de 12 años de prestar servicios de manera continuada, la empresa El Correo de Guatemala, S. A., concesionaria de los servicios postales del país, comenzó de manera abrupta el proceso de devolución de los bienes muebles e inmuebles al Estado de Guatemala, así como la indemnización de 690 trabajadores.
Desde mayo del 2014, cuando venció el contrato de concesión la empresa solicitó al Congreso la prórroga; sin embargo, esta no fue aprobada y el 26 de abril del 2016, el pleno del Congreso conoció la prórroga de concesión, pero fue improbada porque la mayoría de diputados votó en contra.
En mayo, el Ministerio de Comunicaciones solicitó un proceso legal para el revertimiento de bienes con el fin de no afectar a los usuarios del servicio del correo y se reanudó el servicio mientras se hacía ese proceso.
Esa medida se basó en el reglamento del contrato de concesión, que establece 90 días para la devolución del servicio al Estado.
Diferencia de criterios
El CDG argumentó la semana pasada que el cierre de las operaciones a partir del 22 de agosto se debe a que se cumplió el plazo de 90 días, fijado en mayo, para efectuar la devolución o revertimiento de bienes.
La empresa ya había dejado de operar el servicio postal en mayo pasado al argumentar que el Congreso no le aprobó la ampliación del contrato de concesión por cinco años.
Sin embargo, el ministerio dijo que no se pudo finiquitar ese proceso por anomalías por lo que no pueden el Estado retomar la operación del servicio.
La PGN es del criterio que basados en el contrato, las partes autorizaron la ampliación y no se necesita aprobación del Congreso, por lo que la empresa debe terminar de operar los cinco años.
La empresa insiste en que sí se necesita la aprobación del Organismo Legislativo, además refirió en un comunicado que la DGCT ya tiene en su poder 177 agencias pero ese ente lo desmiente indicando que no se ha hecho la entrega oficial.
La reapertura de agencias por parte del Estado se hace bajo la reserva de otras posibles acciones legales contra la empresa por incumplimientos y anomalías, agregaron funcionarios.
