Tren Bicentenario: Hace un año, la PGN emitió recomendaciones relacionadas con el contrato a firmar con empresa mexicana

El borrador del contrato a firmar entre Ferrovías y Remed, S.A., fue enviado a la PGN el 4 de febrero del año anterior, con la solicitud de una opinión legal. La respuesta se giró dos semanas después.

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La PGN recibió consultas de Ferrovías para un borrador de contrato en 2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La PGN recibió consultas de Ferrovías para un borrador de contrato en 2021. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Con fecha 18 de febrero de 2021, la Procuraduría General de la Nación (PGN) envió un oficio al gerente general (en ese momento) de la compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías), con varias recomendaciones relacionadas con el primer borrador de contrato arrendamiento de las instalaciones ferroviarias ubicadas en el sur del país, con la empresa Remed, S.A de C.V.

El documento fue enviado por el actual procurador, Jorge Luis Donado Vivar, en la fecha indicada, y el contrato de Ferrovías con la compañía mexicana fue suscrito el pasado 14 de enero, para la rehabilitación de 235 kilómetros de vía férrea desde Tecún Umán, San Marcos a Puerto Quetzal, Escuintla, aparte de 30 kilómetros hacia Champerico, Retalhuleu.

Algunas de las sugerencias

Una de las recomendaciones que resaltan es que “se recomienda que los estudios técnicos, de factibilidad financiera y operativos se realicen previo a la firma del presente contrato, ya que cuál sería el objeto de invertir y suscribir dichos instrumentos, si posteriormente dichos estudios arrojan resultados que hagan inviable el proyecto que se pretende con el mismo”.

Por otro lado, refiere que en una cláusula “se dispone de un período de 50 años para la ejecución de dicho proyecto…”, lo cual sobrepasaba el periodo para el cual le fue dado el usufructo de Fegua a Ferrovías, “lo cual hace inviable el mismo. En todo caso, solo podrán negociar un plazo igual o menor”.

La PGN señaló en esa consulta que, si bien “la usufructuaria puede otorgar dicho plazo, el mismo no depende exclusivamente de él, ya que será necesario consensuar con la Empresa Guatemalteca de Ferrocarriles (FEGUA)”

Interpretación

De acuerdo con el diputado Carlos Barreda, con estas recomendaciones, la PGN advirtió sobre algunas ilegalidades e inconsistencias en el borrador de contrato mencionado, relacionadas con el derecho de vía, las garantías y responsabilidades que recaerían sobre el Estado de Guatemala, lo que podría generar demandas a futuro, como ya ocurrió una vez, por no haber cumplido los compromisos asumidos.

Expresó que nuevamente, se carga una serie de responsabilidades sobre Ferrovías y Fegua, ya que hay invasiones a lo largo del tramo que se da en arrendamiento, aparte de cientos de fincas (por donde pasan las vías) que tienen problemas legales no resueltos, aparte de que nada garantiza que los plazos para solventar estas situaciones se puedan cumplir, lo que abre la puerta a demandas contra el Estado.

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Por otro lado, recordó que se está eludiendo la ley de Contrataciones porque este contrato debería aprobarlo el Congreso y se está disfrazando una concesión, como arrendamiento. También dijo que los legisladores deben conocer el plan maestro de inversión de la compañía mexicana, que según él, se desconoce, por lo que se solicitará a la Contraloría General de Cuentas que audite a la empresa.

FEGUA aún no conoce el contrato

La bancada Semilla llevó a cabo una citación con autoridades de Fegua y del Ministerio de Comunicaciones (CIV) para dar seguimiento a este tema y por segunda ocasión, el Procurador Donado se excusó.

Augusto Ponce, interventor de Fegua, sí acudió, pero para reiterar que aún no conoce detalles del contrato firmado, indicando que el pasado 26 de enero solicitó a Ferrovías una copia de la negociación.  “El interventor gana Q30 mil por no saber nada del contrato”, manifestó el diputado Luis Fernando Pineda, de la bancada Semilla.

Durante la reunión, los diputados cuestionaron en reiteradas ocasiones a Ponce, ya que lleva dos años en el desempeño del puesto, y a criterio de los parlamentarios, debe contar con detalles de las personas que viven en la línea férrea.

Según Ponce, únicamente tiene conocimiento de 478 notificaciones que se han hecho a las comunidades que ocupan terrenos sobre la línea férrea, pero desconoce la cantidad de familias que pueden estar asentadas. “No nos compete el desalojo, sino que trasladamos la denuncia a los juzgados”, dijo Ponce.  O sea, lo mismo que expresó la semana pasada.

El Interventor de Fegua también aseguró que solo acudió a una Asamblea de Ferrovías, como invitado, pero por no ser accionista, no estuvo en el resto de las reuniones en las que se negoció el contrato.

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En tanto que Cristina Lemus, viceministra de Desarrollo Urbano y Rural del Ministerio de Comunicaciones, aseguró que no han recibido ninguna solicitud para atender a las familias que pueden ser desalojadas de estos terrenos.

“No hay ninguna solicitud para apoyar a las personas por este caso específico”, señaló Lemus. Cuestionada sobre si hay algún proyecto por iniciativa propia, respondió que las personas afectadas deben hacer las peticiones, pero primero deberían identificarse los puntos críticos.

Sandra Zavala, directora de Udevipo, señaló que en el 2012 se hizo un censo, el que evidenció que viven alrededor de mil familias sobre la línea férrea, por lo que esperan actualizarlo.

Malouf: “Yo fui invitado”

El ministro de Economía, Antonio Malouf, estuvo presente el 14 de enero pasado en la firma del contrato entre Ferrovías y Remed S.A., pero explicó que solo participó en el evento como testigo de honor, ya que para el Ministerio de Economía es de interés la atracción de inversiones como esta, y fue observador en el contrato. No obstante, dijo que no está dentro de su competencia la revisión de ese u otros contratos.  “Una inversión de US$700 millones es el 50% de cualquier meta anual de atracción de inversiones de años anteriores”, precisó.

Aclaró que la negociación fue realizada por la junta directiva de Ferrovías, y “ellos pueden ampliar la información. Yo entiendo que el 80% de las acciones de Ferrovías son del Estado y el pueblo de Guatemala está interesado en lo que está pasando”. Y preció que el Procurador General es quien representa esas acciones.

“La idea es la activación del tren de carga, de pasajeros y turismo, y ante la coyuntura de los precios altos de los fletes marítimos, Guatemala contará con un medio de transporte para poder exportar e importar productos.