“La CICIG contribuyó en el sentido que ellos quieren que se regule, para que no vuelvan a resurgir estos grupos criminales que se regeneran y se desaparecen, dentro de instituciones como aduanas y como SAT”, comentó Flores.
El Icefi se decantó por personalizar las responsabilidades. “Desde 1998, que se creó la entidad —SAT—, han ocurrido casos como La Línea, y el Directorio de la SAT no ha sido responsable de nada”.
El ministro de Finanzas propone —entre otros— cambios a la integración del Directorio, la creación de una inspectoría interna de la SAT y comisiones para designar a la terna de donde se escogería al superintendente.
Posiblemente uno de los elementos más novedosos y de alto impacto sería la creación de un Tribunal Tributario Aduanero o TTA.
Aunque todavía no se ha hecho público el contexto del Tribunal —TTA—, es lógico deducir que se trata de una instancia parecida a la española —Tribunales Económico Administrativos—,tica—Tribunal Aduanero—, o chilena —Tribunal Tributario Aduanero—, es decir, un recurso especial para impugnar actos de la administración tributaria (SAT), en otras palabras, la última instancia administrativa, previa a pasar a las instancias judiciales.
La idea de fondo de estas instancias, llamadas tribunales, es cumplir con tres funciones:
a. Que el ciudadano, por ejemplo, un importador, cuente con un recurso de impugnación frente a resoluciones o actos de la SAT, por ejemplo, en temas de valoración de las mercancías o correcta clasificación (temas centrales del caso La Línea), por un órgano independiente o desvinculado de la propia SAT; en otras palabras, se eliminaría aquello de ser juez y parte.
b. Los miembros del Tribunal deben ser especialistas en materia fiscal; por ejemplo, en Costa Rica, el TA debe integrarse por siete miembros, cuatro abogados con experiencia de al menos cuatro años en temas aduaneros y tres especialistas en materias como Valoración Aduanera, Clasificación Arancelaria o Normas de Origen.
c. Quien resuelve es un órgano colegiado, lo que brinda mayor certeza a la decisión.
En Costa Rica la misión del Tribunal es impartir justicia pronta y cumplida. Sus objetivos son: conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado los recursos de apelación interpuestos contra actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa que facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de las autoridades competentes y genere seguridad jurídica y certeza tributaria a los usuarios de los servicios.
El caso chileno de TTA es un tanto diferente, ya que su reciente modificación legal (2015) de simplificación de Reforma Tributaria permite a la administración tributaria llevar al TTA casos que considere elusión, es decir, disminuir la carga tributaria a través de medios jurídicamente anómalos.
Es muy positivo comenzar a escuchar temas y propuestas específicas, todos queremos modernizar a la SAT, pero no es viable seguir en generalidades.
Claro está, todo esto requiere voluntad política, conocimiento técnico y financiamiento. La presencia de FMI, Banco Mundial y BID en buena medida facilita dos de estas condiciones. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de la voluntad política.
