El 12 de agosto vence el acuerdo gubernativo que dio vida a la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAG) en el 2021. Esta plataforma fue impulsada durante la pandemia como parte de una estrategia de reactivación económica e integró a nueve instituciones, con el objetivo de digitalizar y coordinar los procedimientos previos a la obtención de licencias municipales de construcción.

El Acuerdo Gubernativo 105-2021 creó la “Comisión Interinstitucional para contribuir en la reactivación económica del sector construcción”, cuya función era promover la coordinación entre entidades y agilizar los procesos relacionados con licencias.

El viceministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, José Rodrigo Rodas, explicó a Prensa Libre que el mecanismo surgió en un contexto en el que era necesario evitar aglomeraciones y reactivar la economía por la pandemia del covid-19. “El objetivo del convenio es contribuir con el uso y coordinación de la ventanilla ágil de la construcción como un medio alterno y voluntario para los usuarios, con el fin de agilizar y digitalizar los documentos previos a la obtención de la licencia de construcción”, indicó.

LECTURAS RELACIONADAS

Empresarios urgen a digitalizar los servicios del Estado, lo que incluye agilizar trámites

¿Cuánto empleo y cuántos millones de quetzales genera el desarrollo inmobiliario y la construcción en Guatemala?

En ese sentido, indicó que el papel del Ministerio de Ambiente es la agilización y digitalización de licencias ambientales y resolverlas en los tiempos que estipula la ley. Además, añadió que entre el 2024 y el 2025 se registraron 166 expedientes, principalmente de las categorías B1 y B2.

Según Rodas, estas corresponden a proyectos inmobiliarios, bodegas y supermercados. “Notamos un incremento en la solicitud de expedientes en comparación con el gobierno anterior”, mencionó.

Las instituciones que conforman la VAG son:

• Ministerio de Economía (Mineco)
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
• Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)
• Ministerio de Energía y Minas (MEM)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap)
• Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
• Registro General de la Propiedad
• Instituto Nacional de Bosques (Inab)
• Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)

Reducción de tiempos

De acuerdo con el viceministro José Rodrigo Rodas, uno de los principales alcances de la Ventanilla Ágil de la Construcción ha sido la reducción de los tiempos de resolución de licencias. Señaló que anteriormente las gestiones podían extenderse hasta 500 o 700 días, mientras que actualmente los plazos se sitúan entre 42 y 94 días, según la categoría del proyecto.

“Un instrumento A lo estamos resolviendo en 94 días, un B1 en 69 días y un B2 en 42 días”, indicó. Agregó que, en comparación, durante el gobierno anterior los tiempos eran de 126 días para la categoría A, 137 para B1 y 119 para B2.

El funcionario agregó que, aunque se han registrado reducciones en los tiempos, aún existen metas pendientes. Indicó que en el 2024 se realizó una reforma al reglamento que redujo de 95 a 75 días el plazo para resolver instrumentos de categoría A. Sin embargo, el promedio actual aún se encuentra por encima de ese objetivo. “Sabemos que todavía hay bastante por hacer”, afirmó.

Beneficios y retos

El viceministro José Rodrigo Rodas indicó que la reducción de tiempos es uno de los principales beneficios; sin embargo, especificó que estos no han implicado una disminución en la calidad de los instrumentos ambientales. “No estamos comprometiendo la calidad de los instrumentos ambientales”, afirmó.

Explicó que estos funcionan como mecanismos de protección de la naturaleza, al incluir medidas de mitigación orientadas a reducir los impactos de los proyectos sobre el entorno. En ese sentido, señaló que la agilización de procesos busca dinamizar la economía, generar empleo y promover el desarrollo, pero con equilibrio ambiental.

El funcionario también destacó el incremento de las gestiones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que pasó de atender alrededor de 19 mil expedientes en el 2023 a 21 mil en el 2024 y más de 24 mil en el 2025. Indicó que la institución no solo gestiona proyectos vinculados a la construcción, sino también iniciativas mineras, de electrificación y agroindustriales.

Entre los principales retos, mencionó la limitación de personal para atender el volumen de expedientes. “Un técnico tenía que ver una gran cantidad de expedientes que realmente no le alcanzaba el mes para resolverlos”, señaló.

Para enfrentar esta situación, indicó que se contrató y capacitó nuevo personal, lo que permitió mejorar los tiempos de respuesta. Asimismo, agregó que otro desafío ha sido la digitalización de los servicios, proceso en el que aún se realizan ajustes.

Buscan renovación

Según José Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el sector ha mantenido comunicación con las instituciones públicas para avanzar en el proceso de renovación del mecanismo. “Estamos haciendo las gestiones con las autoridades. Hemos encontrado buena voluntad y oídos abiertos a hacer una evaluación de resultados que hemos tenido en estos cinco años de existencia de la ventanilla”, afirmó.

Añadió que la Cámara trabaja en un informe sobre el impacto económico de la herramienta en la competitividad del país, con el objetivo de aportar insumos para la discusión sobre su continuidad.

Desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el viceministro José Rodrigo Rodas explicó que el convenio establece al Ministerio de Economía (Mineco) como ente rector, encargado de convocar a las instituciones para tomar una decisión sobre la continuidad del mecanismo. “Esta decisión tendría que ser de manera colegiada para determinar qué análisis y qué continuidad se le podría dar a la ventanilla ágil de la construcción”, indicó.

Señaló que el contexto actual debe ser evaluado, ya que el instrumento surgió durante la pandemia y ahora responde a una dinámica económica distinta.

Rodas agregó que la decisión no depende únicamente de su cartera, sino del conjunto de instituciones que integran la comisión. “Hemos hecho los esfuerzos para cumplir con el objeto del convenio y con el objetivo de la ley, que es la agilización de los trámites de las gestiones ambientales”, señaló.

Indicó que los cambios implementados han permitido reducciones en los tiempos de resolución, aunque subrayó que la continuidad del mecanismo requiere un análisis conjunto.