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Asíes identifica una debilidad institucional para evaluar políticas públicas
A pesar de contar con marcos normativos y guías metodológicas, el país presenta uno de los índices más bajos de capacidad evaluativa, según un informe de Asíes.
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El estudio presentado por Asíes hace una evaluación de las políticas públicas y plantea varios aspectos para la evaluación efectiva de la gestión pública en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) presentó el informe “Evaluación de políticas públicas: situación actual y desafíos inmediatos”, un diagnóstico crítico que plantea una hoja de ruta para transformar la gestión pública en Guatemala. El objetivo central es evidenciar la brecha entre un marco normativo formalmente correcto —con guías, leyes y una institución rectora (Segeplan)— y una práctica evaluativa débil, resistida y subutilizada, como lo muestra el bajo Índice Nacional de Capacidades de Evaluación (INCE), que es implementado por la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, y diversas entidades públicas y privadas.
El estudio, que contrasta marcos teóricos con la realidad institucional, diagnostica un sistema en una etapa temprana de desarrollo, marcado por una desconexión entre el diseño formal y la práctica efectiva, además de una cultura institucional que percibe la evaluación más como auditoría que como herramienta de aprendizaje.
“La evaluación, en esencia, es una herramienta de legitimidad democrática”, afirma Jahir Dabroy, analista de Asíes y autor del estudio. En un país que aún arrastra las secuelas del conflicto armado y enfrenta amenazas como el crimen organizado, “evaluar las políticas públicas bajo enfoques de equidad, interculturalidad y justicia social no es un lujo técnico, sino una necesidad para la transformación”, afirma el experto.
“No basta medir, hay que interpretar, dialogar y transformar. El camino para Guatemala implica, justamente, iniciar ese diálogo transformador”, asegura.
Institucionalidad frágil y cultura de resistencia
Según el informe, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) ha desarrollado guías metodológicas y promueve el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación (Sinse). No obstante, su labor enfrenta obstáculos estructurales: alta rotación de personal en ministerios, una visión centrada en la ejecución presupuestaria en lugar de los logros, y resistencia política y burocrática ante la evaluación, percibida como mecanismo de fiscalización.
El análisis de 72 políticas públicas vigentes en el 2025 revela que solo el 11% incluye de forma explícita los tres componentes clave (seguimiento, monitoreo y evaluación), mientras que el 15% no menciona ninguno. La dispersión normativa y la fragilidad de capacidades institucionales amplían la distancia entre el diseño normativo y la implementación real.
Aprendizajes regionales
Dabroy contrasta el caso guatemalteco con modelos latinoamericanos más consolidados, aunque no exentos de retos.
- En México, por ejemplo, la absorción de las funciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha generado debates sobre la autonomía del sistema evaluativo.
- Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), pero reconoce que el uso de la evaluación para la toma de decisiones sigue siendo limitado.
- Costa Rica posee una robusta Política Nacional de Evaluación (2018-2030), aunque su implementación ha sido desigual debido a limitaciones técnicas y una cultura que asocia la evaluación con el control.
- En tanto, Chile ha sido elogiado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por su sistema institucionalizado, aunque también ha sido criticado por su excesiva centralización y baja pertinencia territorial.
Estos casos demuestran que construir un sistema de evaluación es un proceso gradual: “la madurez técnica debe ir acompañada de voluntad política para usar los hallazgos, incluso cuando estos cuestionen el statu quo”, indica Dabroy.
El informe también expone los resultados del INCE, que en el 2021 se ubicó en 3.21 sobre 10, y descendió a 3.1 en el 2023. Las dimensiones más débiles corresponden al uso de evaluaciones en la toma de decisiones y la calidad de estas. El informe concluye que las instituciones públicas suelen producir informes, pero no evalúan con rigurosidad para aprender y reorientar acciones.
Tendencias globales y respuestas locales
En este contexto, la teoría de evaluación ha evolucionado hacia enfoques más flexibles, que integran métodos mixtos —cuantitativos y cualitativos—, gobernanza multinivel, participación de diversos actores y el uso de inteligencia artificial y big data para análisis predictivos indica el estudio.
También indica que en Guatemala, se identifican dos iniciativas prometedoras: la Red de Profesionales EvalúAndo, un espacio de sociedad civil que promueve una cultura evaluativa basada en evidencia, diálogo y aprendizaje continuo, con énfasis en la ética, la participación y la alternancia en el liderazgo; y los esfuerzos de Segeplan, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para fortalecer el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación, (Sinse), y actualizar sus guías metodológicas, incluyendo nuevos indicadores y planes de evaluación desde el diseño de las políticas públicas.
El informe concluye que el problema en Guatemala va más allá de lo técnico. El marco legal vigente otorga a cada ministerio la rectoría de la evaluación de sus propias políticas, lo cual compromete la independencia y objetividad del proceso. Para avanzar hacia un sistema sólido se requeriría, posiblemente, una reforma legal que equilibre la rectoría sectorial con estándares nacionales e independencia técnica.
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