Desde el martes 22 de junio, con apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), los salubristas mantienen un plantón en la sede de la Dirección de Área de Salud para exigir la destitución inmediata del director, Wilder Osvely Bautista.
Los trabajadores denuncian malos tratos y poca ejecución presupuestaria, luego de que el funcionario pidió una auditoría al Ministerio de Salud, por sospechas de nepotismo.
Una auditoría interna reveló que del 62% de trabajadores evaluados, al menos 72 tenían algún grado de parentesco —hijos, hermanos, padres, sobrinos, esposos o conviviente—, por lo que se instruyó al director que analizara los casos y de haber ilegalidades rescindiera contratos.
Los trabajadores argumentan que los familiares trabajan en distintos distritos y aseguran que no hay nepotismo, por lo que no proceden las remociones.
El miércoles recién pasado, Bautista envió un correo a los trabajadores en el que expresa su preocupación porque el equipo administrativo, financiero y administrativo no había agilizado la compra de alimentos para abastecer el centro de recuperación nutricional de la aldea Tzununá, Santa Cruz La Laguna.
Ese retraso pone en riesgo la integridad de seis niños y sus madres recluidos en el centro asistencial, indicó el funcionario.
Piedad Aceituno, gerente financiera, negó que se estuviera retrasando la compra y aseguró que el proceso se demoró porque las solicitudes para adquirir los alimentos estaban mal hechas y hasta ayer recibieron otras para hacer el pedido.
Aceituno afirmó que ayer, en el transcurso del día, se entregarían los alimentos.
Al cierre de esta nota, el director informó que ya se había recibido el producto y se estaba verificando su calidad.
Aceituno señaló que los procesos se han demorado porque, por instrucción del director, ningún trabajador puede ingresar al Área de Salud.
Otro problema que denunció el director fue la falta de celeridad del equipo financiero para comprar nuevos congeladores y abrir al menos ocho centros de vacunación previstos.
La gerente financiera argumentó que el 26 de junio recibió del Departamento de Presupuesto copia de la aprobación de la compra de 26 congeladores. No obstante, esta se ha demorado porque las instalaciones permanecen cerradas y el sindicato no permite el ingreso.
Santiago Ixmatá, vocal departamental del sindicato, advirtió de que solicitan a la ministra de Salud que destituya al director y que mientras eso no suceda mantendrán la protesta “hasta que den una resolución favorable a la clase trabajadora”.
Violación al derecho a la salud
Lucrecia Hernández Mack, exministra de salud y diputada de la bancada Semilla, considera que la toma de instalaciones de salud, aunque se trate de edificios administrativos, pueden violentar el derecho a la salud de la población, ya que se paralizan los procesos de compra de insumos indispensables.
Recordó que durante su gestión la Corte de Constitucionalidad les otorgó un amparo que evitaba la toma de instalaciones de salud para no obstaculizar la prestación servicios de salud a la población.
Pedro Saloj, diputado del distrito de Sololá e integrante de la comisión de salud en el Congreso, comentó que es necesario que los actores involucrados se sienten a dialogar para no afectar a la población y aseguró que como congresista acompañará este proceso.
