La ampliación a cuatro carriles en este proyecto abarca un total de 27 kilómetros, del 57 en Sanarate, El Progreso, hasta El Rancho. El contrato se suscribió por un monto de Q940 millones 887 mil.
Solo el puente tiene un costo de Q24 millones 163 mil, de acuerdo con el contrato publicado en el portal Guatecompras.
Pese a que se solicitó la ampliación de la información a la DGC, respecto a si el problema podría atrasar la obra, el porcentaje de avance de la construcción, así como los datos técnicos del puente, no respondió.
Asimismo, en un número de teléfono que aparece registrado en Guatecompras del proveedor a cargo de la obra respondieron que no correspondía a la compañía.
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Se pidió una postura pobre sobre el hecho al ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, José Benito, pero a través de un mensaje de texto se limitó a indicar: “Tengo entendido que no fue derrumbe ni que se cayera el puente, fue deslizamiento de unas vigas”.
Más supervisión
La arquitecta Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur) consideró que el CIV debe hacer una supervisión más acuciosa del proyecto ya que este incidente se convierte en un antecedente para que al proyecto se le ponga más atención.
De acuerdo con la experta, el fallo pudo estar en que se hizo mal un cálculo de las dimensiones y capacidades de las formaletas.
“Si no soportó el peso propio quiere decir que estaba mal calculada, definitivamente. Qué bueno que ocurrió cuando no lo habían finalizado, porque imagínese si lo están construyendo con esa calidad, qué hubiera pasado si lo hubiera puesto en funcionamiento, hubiera sido una tragedia”, añadió la experta.
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Morán no descartó que el fallo pueda obedecer a un problema de corrupción puesto que es probable que se hayan adquirido materiales no convenientes para la construcción del puente o que no se hayan compraron los especificados en las bases de licitación.
Colaboración taiwanesa
El tramo de los 27 de kilómetros se construye con una donación y un préstamo de Taiwán de US$50 millones cada uno, y una contraparte de Guatemala de US$20 millones.
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En el 2017, la Contraloría General de Cuentas de la Nación denunció por lo menos cuatro anomalías en el proceso de adjudicación que incumplen el convenio entre Guatemala y Taiwán.
Las dudas tenían que ver con la adjudicación de la construcción a una empresa no originaria del país asiático, una rebaja del monto del contrato, la no no existencia en el Registro de Precalificados de la ganadora y al plazo de publicación de ofertas.
La carretera se amplió por fases. La primera tuvo una longitud de 11.3 kilómetros y empezó en Palencia, hasta el puente de Agua Caliente. El siguiente tramo se construyó desde ese puente a Sanarate, 26.9 kilómetros. El tercer tramo empieza en el kilómetro 57, Sanarate, hacia El Rancho, con una longitud de 27 kilómetros.
El proyecto es ampliar a cuatro carriles toda la ruta al Atlántico hasta Puerto Barrios, Izabal. Actualmente ya se adjudicó a PHI Consulting Group el contrato para la elaboración de los estudios de ingeniería, económicos, ambientales y de riesgo de la ampliación del tramo de El Rancho hasta Mayuelas, Zacapa; el costo del estudio será de Q7 millones 470 mil.
También se licita la elaboración de un estudio similar para la ampliación del tramo que va desde Mayuelas hasta Puerto Barrios. La fecha para presentar ofertas vence el 19 de noviembre próximo.
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