Una de las principales inconformidades de los autobuseros es la falta de acuerdos entre el Gobierno y las municipalidades, porque estas aplican restricciones que no están definidas en las estrategias de la reapertura, según Gamaliel Chin, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas.
De acuerdo con Chin, por ser un servicio extraurbano la mayoría de los autobuses debe circular de manera interdepartamental, por lo que las restricciones locales les impactarían de forma negativa; además, ese tipo de transporte debe regirse al toque de queda de las 21 a las 4 horas, por lo que las rutas largas tendrían dificultades para operar, pues muchas por cuestiones logísticas circulan entre la noche y madrugada -los que vienen de Petén, San Marcos y Huehuetenango, por ejemplo-.
También ven con dificultad operar a un 50 por ciento de la capacidad de las unidades, puesto que, según él, el 95 por ciento de los municipios está en rojo y no podrían aumentar la cantidad de pasajeros, por lo que la única alternativa es incrementar al doble a la tarifa del pasaje; sin embargo, no está aprobado por las autoridades.
En tanto, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros acordó este miércoles 5 de agosto interponer denuncias contra funcionarios del ministerio de Comunicaciones, por presuntamente abusar de su cargo e imponer sanciones en el acuerdo ministerial que contempla los protocolos de bioseguridad para el sistema de transporte.
El acuerdo ministerial producto del descontento de los transportistas extraurbanos es el 645 – 2020, en el que se detallan los protocolos de seguridad básicos para que este sistema de transporte reanude actividades acordes al semáforo de emergencias.
Entre las recomendaciones se encuentra tomar la temperatura de pasajeros, limpieza constante de las unidades, no exceder la capacidad de los buses, acorde al nivel de alerta vigente en departamentos y municipios, así como presentar una constancia de todos estos procedimientos.
Los transportistas aseguran que esas disposiciones son oportunas y que comparten cualquier medida que garantice la seguridad de pilotos, ayudantes y pasajeros, aunque están en desacuerdo con las sanciones que detalla el acuerdo ministerial en caso de que alguna unidad incumpla las normas.
Sin capacidad de pago
Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que la economía de los guatemaltecos no está en capacidad de absorber un eventual incremento en la tarifa del pasaje, por lo que insta al Gobierno y a los transportistas a diseñar estrategias para no afectar a nadie.
Con respecto a las restricciones que contempla el protocolo, que debe ser supervisado por la Dirección General de Transporte (DGT), dijo debe ser analizado, pues cree que no habrá capacidad para garantizar su cumplimiento, tanto en las medidas de bioseguridad como en relación con la tarifa del pasaje.
Refirió que a escala nacional hay 16 mil 500 autobuses extraurbanos registrados, pero que circulan unos 50 mil, una cantidad que sería difícil de verificar, pues en la DGT solo hay 22 supervisores para todo el país.
Además, dijo que es la oportunidad para que el sistema de cobros empiece a modernizarse hasta llegar a la forma de prepago. Refirió que, en casos como este, donde tanto transportistas como pobladores han sido afectados por la pandemia, el Estado podría implementar un sistema de pago en forma de subsidio, pero que los fondos lleguen al usuario.
Guerra considera que la forma más práctica para evitar conflictos por el incremento en el precio del pasaje es que “todos” sean conscientes de la situación y que no se ponga en riesgo, al hacer referencia al semáforo con el que se mide el impacto de la pandemia en los municipios.
“Si lográramos que todos los municipios estuvieran en verde no habría razón para aumentar el pasaje”, concluyó Guerra.
Ser intentó conocer la versión del director de la DGT, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular. Tampoco fue posible obtener una respuesta del departamento de Comunicación Social.
