Escasez de lluvia, altas temperaturas, disminución de caudales, pérdida de cosechas y la profundización de la inseguridad alimentaria. El Niño ha provocado distintas afectaciones en el país, pero las autoridades guatemaltecas aún no declaran algún nivel de alerta, mientras la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya advirtió que el fenómeno se ha consolidado y que se convertirá en un evento de fuerte intensidad en los próximos meses.

Al respecto, expertos indican que el problema de la sequía en Guatemala no ha sido atendido con la urgencia ni con estrategias oportunas ante el impacto que tiene en la agricultura y el incremento de la población en inseguridad alimentaria.

Al exsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado, le extraña la ausencia de una declaratoria oficial sobre la instalación del fenómeno de El Niño en Guatemala, contrario a los escenarios de entes científicos de alcance mundial así como de universidades locales.

Pero más que una declaratoria formal, para Maldonado es importante que se ejecute una respuesta pronta para evitar las consecuencias.

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Jorge Pernillo, catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana, opina que el país “va tarde” en atender la emergencia y que no se ha dimensionado el nivel de las pérdidas en las cosechas, que se suman al aumento en los precios de los combustibles e insumos agrícolas y a la merma del trabajo estacional, por lo que “la opción es que se declare un estado de calamidad”, para que el Gobierno pueda acceder a fondos de la cooperación para asegurar alimento y salud a la población vulnerable.

Maldonado agrega que, en caso de que Guatemala requiera apoyo internacional para atender la problemática, necesita establecer formalmente la alerta para que la cooperación se active, y que el país ya debería haberla emitido, como lo han hecho El Salvador y Honduras.

Por otro lado, en el Plan Institucional de Atención a la Sequía Prolongada 2026-2027, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) destaca que ha solicitado a la Conred evaluar la necesidad de “elevar la alerta nacional” para gestionar y canalizar apoyo presupuestario y financiero para atender los efectos de la sequía. Sin embargo, aún no hay respuesta.

Alerta desde lo local

La Conred explica que la activación de alertas responde a un mecanismo de coordinación escalonado que establece la organización del sistema a través de coordinadoras en los niveles nacional, regional, departamental, municipal y local, lo que permite que las acciones se desarrollen desde el territorio y se articulen conforme a las capacidades y necesidades identificadas.

Dado que la sequía es un fenómeno de tracto lento, corresponde inicialmente a las autoridades territoriales evaluar las condiciones en sus jurisdicciones y adoptar las acciones necesarias, de acuerdo con la Conred.

Conforme las condiciones evolucionen y los requerimientos superen las capacidades territoriales, la coordinación puede escalar a los siguientes niveles, según la institución.

Maldonado diverge del criterio con el que se activan las alertas. Si bien la ley de la Conred establece una estructura piramidal escalonada que comienza con las coordinadoras locales, sube a las municipales, departamentales y regionales, y luego al nivel nacional, opina que no se puede descargar la “responsabilidad” en las organizaciones sociales de declarar las alertas.

“Las coordinadoras locales normalmente están conformadas por la población y por voluntarios de las comunidades; ellos no tienen el entrenamiento específico para interpretar y tomar este tipo de decisiones técnico-científicas”, dice Maldonado.

Recuerda que durante la erupción del volcán de Fuego en el 2018 se dejó la responsabilidad a la organización local, de la que se esperaba realizara la autoevacuación del lugar, cuando no tenía la información técnica y científica sobre el nivel de peligro que el evento representaba para la población, y el resultado fue la muerte de decenas de personas.

Con la sequía que afronta el país ocurre algo similar: esperar que en el ámbito local se eleven las alertas para luego activar los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) ralentiza la ayuda humanitaria, cuando hay 3.2 millones de personas en inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

“El nivel nacional (de respuesta) es el que tiene que estar actuando en este momento. No necesariamente tienen que declarar una alerta roja, ya se tiene que estar trabajando en una serie de medidas que son importantes”, refiere el exsecretario de la Conred.

Pernillo coincide con Maldonado al indicar que las coordinadoras locales y municipales no tienen conocimiento técnico ni los insumos y datos para emitir las alertas, a excepción de algunas del corredor seco que son apoyadas por organizaciones no gubernamentales.

“Hay muy poca información sobre pérdidas en los territorios y aunque se ha generado información del clima con las mesas agroclimáticas, la misma no ha llegado a las comunidades. No es viable el procedimiento para mitigar la crisis”, señala el catedrático.

Se espera que con las alertas se active la asistencia para las familias en inseguridad alimentaria, pero ninguna institución tiene capacidad para identificarlas y focalizar la ayuda, agrega Pernillo.

¿Cómo atender la emergencia?

A criterio de Maldonado, lo primero que debe ocurrir es instalar una mesa técnica consultiva con los sectores privado y público, las comunidades, la academia e, incluso, la comunidad internacional, para identificar los puntos críticos y trabajar en ellos.

Hay que implementar transferencias monetarias condicionadas y paquetes de asistencia alimentaria, con prioridad para el corredor seco y los pequeños productores. Debido a que los efectos de El Niño se extenderán al 2027, también menciona trabajar en programas de semillas de ciclo corto o resistentes al estrés hídrico, así como en asistencia técnica, abastecimiento de agua y prevención y control de incendios forestales.

Pernillo añade que se debe focalizar la asistencia y evitar las prácticas clientelares y de mercadeo político que se han realizado en el pasado.

Se deben asegurar insumos y recursos e implementar una estrategia de salud de puerta en puerta para prevenir la desnutrición infantil y otras enfermedades, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Acciones

El Maga envió este 7 de septiembre a la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, su Plan Institucional de Atención a la Sequía Prolongada 2026-2027 en el cual señala que hay 377 mil 575 familias afectadas por la sequía y que el número aumentará, por lo que trabaja en una respuesta para atender las pérdidas productivas, la disponibilidad y el acceso a alimentos, la gestión sostenible de suelos y agua y el fortalecimiento de la coordinación institucional, entre otros puntos. Dicho trabajo se desarrollará de septiembre de este año a diciembre del próximo.

Por otro lado, la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, informó que se amplió un contingente para permitir el ingreso de 50 mil toneladas métricas de maíz, a fin de disminuir el precio del grano en Guatemala por el retraso de las cosechas y las condiciones climáticas atípicas.