La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras.

Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial.

El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos.

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Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló.

Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó.

Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.

CA-2: Poca distancia entre vehículos y curvas cerradas

La evaluación clasificó la carretera mediante un sistema de una a cinco estrellas, donde una representa mayor riesgo y cinco, condiciones más seguras. Solo el 30% del tramo evaluado alcanza tres estrellas para ocupantes de vehículos, nivel considerado como el estándar mínimo recomendado internacionalmente. El 70% restante se ubica entre una y dos estrellas.

Para los motociclistas, uno de los grupos más vulnerables, apenas el 15% del tramo alcanza tres estrellas o más, pese a que este tipo de transporte representa entre el 20% y el 40% del tránsito. De acuerdo con los datos utilizados en el análisis, el 50% de las víctimas registradas en el 2024 estaba relacionada con motociclistas.

En el caso de peatones y ciclistas, la mayoría de los tramos evaluados tiene una calificación de una estrella, lo que incrementa su nivel de riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó que en el 2023 se registraron aproximadamente 2 mil 200 fallecimientos, con una tasa de mortalidad cercana a 12 por cada 100 mil habitantes. Además, alrededor de 104 mil guatemaltecos resultan lesionados cada año en hechos de tránsito.

Jesús Tapia, gerente de seguridad de SEMIC, empresa encargada del estudio, explicó que la evaluación permitió identificar segmentos específicos con mayor nivel de riesgo. “Podemos ubicar puntos concretos. Por ejemplo, en el kilómetro 79.2 se registraron 115 puntos de riesgo, lo que corresponde a una clasificación de una estrella”, señaló.

El estudio también identificó características físicas que inciden en el riesgo para los usuarios. El 50% del tramo corresponde a calzadas sin división física entre sentidos de circulación, mientras que el 97% presenta únicamente una línea central como separación.

Además, el 76% de la carretera evaluada tiene un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. El análisis también determinó que el 42% de los separadores de carriles mide entre 1 y 2.4 metros, y el 30% es menor a un metro, lo que reduce la distancia entre vehículos y elementos laterales. Asimismo, el 13% del tramo presenta curvas cerradas, consideradas factores de riesgo por posibles salidas del camino.

También se detectaron paradas informales de transporte público, ausencia de infraestructura peatonal y elementos laterales cercanos a la carretera que pueden aumentar el peligro.

Menos muertes y menos gastos

Según la simulación efectuada, la implementación del plan permitiría prevenir cerca de 20 mil muertes y lesiones graves en un período de 20 años. Sin intervenciones, se registrarían aproximadamente 25 mil 600 víctimas en ese mismo período, mientras que la ejecución del plan reduciría las cifras en cerca del 80%.

Durante la presentación, se citó que en Guatemala mueren más de 2 mil personas al año por siniestros viales, los cuales generan un costo económico equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tapia explicó que la ampliación y duplicación de calzada representa la medida con mayor impacto en la reducción de riesgos. “Se propone en 58 kilómetros y tendría la capacidad de prevenir miles de muertes y lesiones graves”, indicó.

El estudio también incorpora estimaciones económicas relacionadas con los siniestros viales. De acuerdo con los cálculos presentados, cada fallecimiento asociado a un siniestro vial representa un impacto económico aproximado de 3.4 millones de quetzales, mientras que un lesionado grave representa alrededor de 867 mil quetzales. Además, señala que en Guatemala mueren más de 2 mil personas al año por siniestros viales y que estos generan un costo económico estimado de 3.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Modificaciones necesarias

Con base en los hallazgos, se plantea un plan de inversión que contempla 94 medidas destinadas a reducir riesgos y elevar la clasificación de seguridad vial. Se estima una inversión aproximada de Q1,300 millones para la implementación total.

Entre las principales acciones se incluyen:

• Ampliación y duplicación de calzada
• Instalación de barreras centrales y laterales
• Mejoras en señalización
• Construcción de infraestructura peatonal
• Instalación de alumbrado en puntos estratégicos
• Creación de carriles para motocicletas
• Adecuación de paradas de transporte público

Contar con profesionales

Cecilia Pivaral, integrante de la nesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, explicó que el mantenimiento de las vías es uno de los factores determinantes. “El desafío está en todo el ciclo de vida de la infraestructura, desde el diseño hasta el mantenimiento en aspectos técnicos, funcionales y de seguridad vial”, indicó.

Por su parte, Salvador Morales señaló que uno de los principales retos es institucionalizar este tipo de análisis dentro del Estado. “El primer reto es contar con profesionales guatemaltecos con capacidad local para realizar estos estudios. El segundo es integrar estos resultados en políticas públicas y el tercero es garantizar su permanencia en el tiempo”, afirmó.

Morales agregó que estos estudios permiten orientar la asignación de recursos. “No es lo mismo decir que hay que mejorar la infraestructura que contar con un plan que indica dónde invertir y cuánto cuesta”, señaló.

Botrán destacó que el análisis permite orientar decisiones de inversión. “La seguridad ya no se entiende como un gasto adicional, sino como un criterio de inversión inteligente que permite priorizar recursos donde el impacto en vidas es mayor”, afirmó.