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Gobierno de Jimmy Morales significó un retroceso en la protección de periodistas

Debido al incremento de casos y amenazas en contra de periodistas, el Ministerio Público (MP) abrirá una fiscalía de sección especializada en la investigación de delitos contra este gremio y en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se tendrá una defensoría especial.

Autoridades de la APG y representantes de la PDH y MP rinden informe sobre la situación de los periodistas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Autoridades de la APG y representantes de la PDH y MP rinden informe sobre la situación de los periodistas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El 2019 cierra como el año con más ataques en contra de la Prensa del mandato de Jimmy Morales, según el informe sobre el estado de situación de la libertad de expresión elaborado por el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y presentado este 29 de noviembre, en acto público, el marco del Día del Periodista que se celebra cada 30 de noviembre.

Hasta el 31 de octubre último, el observatorio registró 82 agravios en contra de periodistas y medios de comunicación, la mayoría, relacionados con el proceso electoral.

Además, señala el informe, se reconocieron patrones comunes durante el gobierno de Morales, como las campañas de desprestigio en redes sociales, usar el derecho penal para censurar e involucrar a particulares y grupos de población en actos de violencia en contra de reporteros.

Morales utilizó de forma recurrente dos recursos para atacar a la prensa, según Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la APG: una campaña de difamación en redes sociales a través del net center y el discurso público, en cualquier actividad, para desacreditar a la Prensa y hacer creer a la población que esta es un enemigo.

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Coloj recordó que, durante su campaña y los primeros meses de gobierno, Morales dijo que tendría apertura a la Prensa, pero no fue así y la confrontación empeoró cuando su hermano, Samuel Morales y su hijo, José Manuel Morales, fueron señalados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Además, según el informe, las agresiones de Morales también consistieron en no hablar con la Prensa durante periodos prolongados, guardar silencio en temas importantes, obstaculizar la labor de la Prensa y utilizó una mala estrategia de comunicación a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que no informaba sobre las actividades oficiales.

Por esto último, la Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió una sentencia moral, en el 2017, debido a la falta de información de esa secretaría.

La situación en el 2018, explicó Coloj, empeoró cuando Morales se unió con personajes ya declarados en contra de la Prensa como el entonces alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

El acoso de parte de funcionarios de gobierno y allegados fue constante según el informe de la APG, que resalta que durante el último semestre de este año se incrementaron los ataques en el discurso público del mandatario, quien aprovechó cualquier espacio, en cualquier actividad, incluso como invitado, para dar su discurso contra los medios.

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La APG lamentó que Morales no haya puesto en marcha el programa de protección a periodistas que se gestionó en el gobierno de Otto Pérez Molina.

Denuncias se incrementan

En la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), durante este año, se han registrado más de 20 denuncias de actos en contra de los periodistas, la mayoría de ellos se trasladaron al Ministerio Público debido a que se trata de hechos penales, informó Ruth del Valle, representante de aquella institución.

Entre las denuncias registradas en la PDH también hay quejas por negación de acceso a la información pública y criminalización contra radios comunitarias.

Por otro lado, en el MP este año se recibieron 73 denuncias, 62 de ellas en el departamento de Guatemala. Además, del total, 29 son por amenazas y 15 por coacción, los dos delitos más recurrentes en los casos contra periodistas.

Debido a la importancia de la protección a la Prensa y por el alza de casos, el 6 de diciembre se abrirá una fiscalía de sección especializada en los casos contra periodistas, anunció Luis Daniel Ordóñez, representante del MP.

La APG hizo un llamado a las autoridades electas para que tengan apertura a la Prensa y respetar sus derechos.

Prensa Libre solicitó una postura a Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sobre el informe de APG, pero no ha respondido.

Ataques a la prensa

En el informe se destaca que Morales “arremetió contra cualquier opinión que desvirtuara su aparente imagen de cristiano, hombre íntegro y líder de la unidad nacional (…) pero que contrastaba con los actos ilícitos e irregulares que lo involucraban a él, su familia, miembros de su gabinete y de su partido, el Frente de Convergencia Nacional”.

Según el documento de la APG, “Brito utilizó la secretaría bajo su responsabilidad para contratar a personal que manejaba perfiles falsos en Facebook y Twitter, que no solo atacaban a los críticos del gobierno, sino que además ensalzaban los falsos logros y apoyaban las desacertadas decisiones de Morales”.

El observatorio de la APG agrega que Morales y sus funcionarios se acompañaron en sus ataques a la prensa con diputados del Congreso que tuvieron una participación activa en la promoción de leyes que sancionarían penalmente las críticas en redes sociales en contra de funcionarios y políticos.

Tanto Morales como los diputados, sigue el documento de la APG, criminalizaban las manifestaciones ciudadanas con el argumento de que se prevenían actos terroristas.

“Morales será recordado no solo por los múltiples actos de corrupción apañados durante su administración, los actos ilícitos e irregularidades en las que incurrió, sino también por su férrea lucha y constantes ataques en contra de medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales”, cita el informe.

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El Observatorio de los Periodistas también sospecha que algunos robos ocurridos en contra de periodistas pudieron no ser solo responsabilidad de la delincuencia común, sino de actos que se planificaron desde el gobierno con el objetivo de amedrentar y arremeter contra sus críticos.

El documento señala el hecho que ocurrió el 20 de junio, en la zona 10 capitalina cerca de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, cuando periodistas de Guatevisión transmitían sobre una manifestación ciudadana en contra de la separación de familias migrantes en aquel país.

En esa ocasión, dos hombres que se conducían en motocicleta exigieron a los periodistas los celulares, cámaras de video y la mochila de transmisión; además, robaron el micrófono, lámparas, baterías de la cámara y memoria con material periodístico. No hay detenidos por el caso.

Un mes después, dos robos en contra de periodistas ocurrieron el mismo día, en distintos puntos de la capital con dos horas de diferencia.

El primer hecho fue contra un periodista de Nuestro Diario, a quien le robaron de su vehículo, mientras cubría un accidente de tránsito, una cámara fotográfica, lentes de fotografía, baterías, memorias USB y objetos personales.

El segundo suceso fue en contra de otro periodista de Guatevisión, quienes rompieron el vidrio de su vehículo mientras estaba en un centro comercial en Mixco. Los delincuentes extrajeron del vehículo una computadora portátil y memorias USB.

Según el observatorio, estos hechos ocurrieron porque Guatevisión critica constantemente las erradas decisiones de Morales, de sus funcionarios y diputados aliados; por su parte, Nuestro Diario reveló los onerosos gastos de la presidencia para alimentación, bebidas alcohólicas y objetos como lentes de diseñador para el presidente.

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