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El informe sobre la evaluación del gasto destinado a la defensa de los derechos de la población con discapacidad, revela que en Guatemala se invierte tan solo el 0.68% del presupuesto General de la Nación, una cifra que ronda los Q151 millones 921 mil, esto resulta insuficiente para atender alrededor de 1 millón 600 mil guatemaltecos en esta condición, agregó Guerrero, del Observatorio para el cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al hacer el cálculo, se destina, en promedio, menos de Q100 a cada persona.
El monitoreo se desarrolló a siete instituciones públicas, una de ellas el Ministerio de Educación (Mineduc), que durante el 2018 destinó la décima parte de su prepuesto (Q.36.63 millones) en servicios de educación especial y becas para niñas y adolescentes con discapacidad, pero en este último tema un 6% de inversión resulta poco, y aún así se le redujo Q20 mil.
De acuerdo al observatorio, la cartera tiene 240 maestros de educación especial, y se cuentan en la capital y Mixco alrededor de 10 mil niños que están dentro del sistema educativo con alguna discapacidad, de estas predominan la discapacidad visual, auditiva y movilidad.
La salud, otro tema que cobra relevancia para esta población, la cartera encargada no cuenta con un programa específico para la atención de las personas con alguna discapacidad. Los recursos que se invierten para este sector llegan a 15 onegés, fundaciones, y otras organizaciones que reciben Q80 millones, esto corresponde a 1.14% del total de presupuesto. El ministerio funcionó el año pasado con Q7 mil millones.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), otra de las instituciones evaluadas, cuenta un presupuesto de Q16.8 millones, la mayoría se destina a gastos de funcionamiento y solo el 31% se utiliza para la atención directa a las personas con programas de justicia y seguridad ciudadana, incidencia política, participación ciudadana y desarrollo institucional.
“Hay mucho trabajo que hacer, se insiste en ver la discapacidad como un tema individual y no lo es, es un tema político también, es una discusión colectiva que no estamos tomando en cuenta”, indicó Rosa Idalia Aldana, de Conadi. “El mayor problema es que el Estado dentro su planificación anual operativa destina muy poco al tema de discapacidad, prevención, atención especializada”, agregó.
Aldana señaló que la institución destina el 56% en funcionamiento, y no el 69% como refiere el informe. La cantidad incluye el recurso humano, y durante el año pasado se contrataron 18 promotores que tiene acercamiento con la población. Este 2019 se contratarán tres más.
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Según Guerrero, tras hacer este análisis se ve una “indiferencia” por parte de los tomadores de decisiones en la atención a personas con discapacidad, a pesar de que Guatemala ratificó la convención sobre los derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas. “Este pasa a ser un documento más que el país firma sin necesariamente darle cumplimento”.
Es el primer observatorio que se efectúa a la ejecución presupuestaria a entidades que brindan atención a personas con discapacidad, ahora se monitoreo al Mineduc, Salud Pública y Asistencia Social, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Secretaría Presidencial de la Mujer y el Conadi.
El informe concluye que la Política Nacional de Discapacidad tiene deficiencias como no tener una vigencia clara ni presupuesto específico para su implementación, seguimiento y evaluación, además está desactualizada, y se hace necesario una evaluación de su implementación y que las instituciones que intervienen no trasladan información fiable.
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