La cancelación definitiva de dicha licencia fue ordenada esta semana por la Corte Suprema de Justicia, pero Pérez Díaz no deja el plantón afuera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues quieren el cierre total de la mina y que les sean entregados los documentos de esa propiedad, para desarrollar un proyecto comunal.

Todo comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando una vecina de la comunidad El Carrizal se dirigía, de madrugada, en una camioneta a su trabajo y observó que llevaban maquinaria a la mina. Decidió colocar la unidad de transporte colectivo en el ingreso a esas instalaciones para impedir el paso y a partir de ese momento se inició el movimiento conocido como Resistencia Pacífica La Puya.

Trabajó en la mina

Pérez Díaz relató que laboró en Progreso VII Derivada durante un año. Su trabajo era tomar muestras de suelo, las cuales eran enviadas a laboratorios en Canadá para determinar si el área tenía potencial para una futura explotación de oro.

Mientras Pérez Díaz hacía su trabajo en el proyecto, que estaba en ese entonces en fase de exploración, las comunidades se organizaban para oponerse. Confiesa que en ese momento que los vecinos estaban siendo manipulados.

Sin embargo, su actitud cambió al escuchar que se estaban contaminando los ríos y que eso afectaría a las comunidades. Fue entonces que comenzó a dudar de los beneficios de la mina.

Resistencia golpeada

Mantenerse en resistencia a La Puya no ha sido fácil, reconoce Pérez Díaz.

El 22 de mayo de 2014 se produjo un desalojo por parte de la Policía Nacional Civil, en el que 26 integrantes del movimiento salieron lesionados.

“Compañeros heridos y quemados con las bombas —lacrimógenas—hubo”, recuerda Pérez Díaz, cuya familia también padeció por la represión desatada.

A una sobrina suya, una bomba le reventó una sección del cráneo, por lo que en abril último fue sometida a una cirugía para concluir su recuperación, aunque le quedarán las cicatrices en el rostro.

Proyectos comunitarios

Para Pérez Díaz y el grupo en resistencia, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el cierre de la mina, no frenará las medidas de hecho; por el contrario, seguirán presionando hasta la clausura definitiva de la empresa y que se le entregue a la comunidad el terreno en propiedad.

El objetivo es que el área sea utilizada para beneficio comunal. Construir un centro recreativo o educativo figuran entre las propuestas, aunque se discuten otros proyectos, siempre para uso y beneficio de los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.