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Las dos acciones que pueden activar la ruta para reducir accidentes viales en Guatemala

Propuesta en Congreso de Seguridad Vial plantea seis prioridades y advierte que, sin acuerdos antes de 2028, varios avances podrían volver a empezar desde cero.

Juan Carlos Botrán, presidente de la Asociación Guatemalteca de Seguridad Vial (Asegvi), participa en el Sexto Congreso Internacional de Seguridad Vial, en el que se presentó una hoja de ruta de cuatro años para reducir la siniestralidad en el país. (Foto Prensa Libre: Amcham Guatemala)

El Sexto Congreso Internacional de Seguridad Vial 2026 presentó este 28 de septiembre una hoja de ruta de cuatro años para avanzar en la reducción de la siniestralidad en Guatemala, con seis prioridades que incluyen fortalecer la coordinación institucional, mejorar la calidad de los datos, elevar los estándares de infraestructura y vehículos y reforzar los mecanismos de control.

La propuesta busca que las acciones en seguridad vial pasen de esfuerzos aislados a un sistema coordinado y con continuidad, especialmente ante el próximo proceso electoral y el cambio de autoridades previsto para el 2028.

Juan Carlos Botrán, presidente de la Asociación Guatemalteca de Seguridad Vial (Asegvi) del Automóvil Club Guatemala, explicó que todas las prioridades planteadas requieren atención, pero señaló que existen dos acciones que podrían comenzar a impulsarse en el corto plazo: definir una entidad que lidere el sistema y avanzar en la integración de los datos que actualmente manejan distintas instituciones.

“Tenemos un periodo relativamente corto en donde tenemos que poner la seguridad vial sobre la mesa en la discusión de los candidatos que van a entrar y aprovechar las autoridades que han estado ahorita estos tres años y tanto”, indicó.

Botrán advirtió de que dejar pasar este periodo sin acuerdos concretos podría obligar a reiniciar los procesos con las nuevas autoridades.

“Si llegamos al 2028 y no tenemos acuerdos concretos, nos tocará empezar de cero otra vez. Y Guatemala ya no puede esperar a iniciar nuevamente todos los procesos”, afirmó.

6 prioridades para el plan de seguridad vial

La hoja de ruta identifica seis prioridades: una coordinación transversal con mandato; contar con datos confiables para decidir; pasar del control al cumplimiento efectivo; desarrollar vías que “perdonen el error”; contar con licencias que certifiquen las competencias del conductor; y garantizar vehículos seguros desde su ingreso al país.

En el caso de la coordinación institucional, Botrán explicó que Guatemala necesita una entidad que pueda actuar de manera transversal entre las distintas instituciones vinculadas con la movilidad y la seguridad vial. “Yo creo que habría que crear una nueva. No veo a ninguna entidad que tenga las características que se necesitan para esto”, comentó.

Según explicó, todavía debe definirse qué figura institucional sería la adecuada —como una secretaría, consejo o comisión—, pero tendría que tener capacidad técnica, apoyo financiero y facultades para convocar y coordinar a diferentes ministerios e instituciones. “Necesita tener capacidad de convocatoria de todas las entidades, pero también de presión. Tiene que traer a la mesa a las entidades, pero tienen que hacer que se sienten y que trabajen”, agregó.

Datos dispersos que limitan el diagnóstico

Actualmente, explicó Botrán, instituciones como el Departamento de Tránsito, Provial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y las policías municipales de tránsito manejan sus propios registros, pero no existe una sola entidad que agrupe toda la información. “Nadie tiene todos. No hay un ente que agrupe todas las fuentes”, señaló.

La propuesta es avanzar hacia un registro único nacional que también incorpore información de otras instituciones que pueden aportar datos relevantes, como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los registros de licencias y el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Botrán explicó que el objetivo no es únicamente conocer cuántas personas mueren o resultan heridas en hechos de tránsito, sino contar con información suficiente para determinar cuáles son las causas y orientar las intervenciones.

“En la medida que sepamos cómo es que se están causando es que vamos a poder implementar soluciones reales, soluciones que verdaderamente solucionen el problema”, afirmó.

Guatemala está en una etapa “emergente”

El diagnóstico presentado durante el congreso ubicó a Guatemala en una etapa “emergente” en el nivel de madurez de su sistema de seguridad vial, con 1.658 puntos en una escala de cinco.

Ricardo Gaviria, consultor líder del estudio situacional de seguridad vial, explicó que ese resultado no debe interpretarse como una calificación o un ranking, sino como una línea base que permite determinar en qué situación se encuentra actualmente el país y medir posteriormente sus avances. “Ese número de 1.65 lo que nos está diciendo es que Guatemala está en un estadio emergente”, explicó.

Según Gaviria, el país ya cuenta con normas, instituciones y acciones relacionadas con la seguridad vial, pero todavía existen dificultades para lograr que esos esfuerzos funcionen de manera coordinada.

“Hay unos esfuerzos que se vienen haciendo, pero esos esfuerzos todavía no están coordinados. Y como no están coordinados, no tienen el impacto que uno quisiera”, afirmó.

El estudio analiza tres dimensiones: qué normas, instituciones y acciones existen; qué tanto se implementan; y qué evidencia hay para demostrar que estas medidas se traducen efectivamente en protección para las personas.

Una política que trascienda gobiernos

Botrán señaló que uno de los principales riesgos para la hoja de ruta es la rotación de autoridades y la pérdida de continuidad en los proyectos.

Explicó que en distintas ocasiones se han logrado avances con determinadas instituciones, pero el cambio de sus responsables obliga a retomar desde el inicio las discusiones.

Por ello, considera necesario dejar acuerdos e instrumentos institucionales encaminados antes del próximo cambio de gobierno y comenzar a incluir la seguridad vial en la discusión con los futuros candidatos.

“La seguridad vial tiene que ser una política de nación. No puede ser una política de gobierno”, afirmó.

Según Botrán, las soluciones en esta materia requieren periodos mucho mayores que una administración. “Las soluciones no son de un año. Las soluciones son de cinco, siete, diez, quince años; son de muy largo plazo”, concluyó.

ESCRITO POR:

Ericka Cinto

Periodista en colaboración con el proyecto Guatemala No Se Detiene