El Gobierno de Guatemala busca los mecanismos para retirar la confidencialidad del borrador del Pacto Colectivo que el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG) negocia con el Ministerio de Educación (Mineduc), pues, a criterio del Ejecutivo, esa condición violenta la Ley de Acceso a la Información Pública.

El pasado 29 de abril el Mineduc le solicitó al STEG, dirigido por Joviel Acevedo, “retirar el carácter de confidencialidad del proyecto de Pacto Colectivo que entregaron bajo esas condiciones el 8 de enero de este año a la administración anterior del ministerio”, solicitud que fue criticada por el sindicalista, quien dijo que dicha solicitud no se hizo llegar por medio de las vías correspondientes, por lo que las calificó de ilegales.

Sin embargo, este viernes 3 de mayo se informó que el presidente Bernardo Arévalo solicitará una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) “con el objetivo de aclarar la correcta aplicación del acceso a la información pública, el cual establece las condiciones en las que las instituciones pueden recibir información de personas jurídicas bajo condiciones de confidencialidad”.

“Hacemos un llamado a los docentes a que no se dejen engañar por información malintencionada, los beneficios laborales son derechos adquiridos y no pueden ser anulados. Asimismo, todos los programas de apoyo continúan y están siendo fortalecidos”, agrega un comunicado del Mineduc.

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Además, en declaraciones a la prensa este viernes 3 de mayo, Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación, informó que hacen consultas a diversos entes para buscar una salida con la que puedan levantar la confidencialidad del borrador de la renegociación del Pacto Colectivo con el sindicato que dirige Acevedo.

El funcionario afirmó que ya consultaron a la Procuraduría General de la Nación y también van a consultar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Corte de Constitucionalidad.

Agregó que la situación la están analizando legalmente, aunque “obviamente la ruta más rápida es que el sindicato decida qué se puede hacer y eso ya elimina cualquier obstáculo legal”.

Dijo que en el proceso del Pacto Colectivo hay mandatos que están puestos en ley, por eso no es tan simple como tener voluntad política o no tenerla, sino que hay que hacer los análisis legales y hacen las consultas para tener la certeza de proceder como un ministerio de Estado. Añadió que van a actuar en base a la ley.

Cabrera informó que la negociación del pacto está en desarrollo y “no se ha interrumpido ni un solo día, de hecho, hay un una periodicidad y esta se está cumpliendo, del lado del Ministerio no se ha suspendido ni una sola vez”.

Remarcó que el Seguro Médico Escolar “no se puede restituir” porque existe el Programa de Salud Escolar y dijo que “no hay que perder de vista que un Pacto Colectivo protege derecho y en este caso el derecho es a tener atención médica, a tener atención en caso de accidentes y eso existe, eso se está cubriendo, de manera que no se ha violentado de ninguna manera, no hubo ni un solo día en el que se quedaron los estudiantes desprotegidos”.

A decir del funcionario, hasta la semana pasada el registró es 72 mil atenciones brindadas por el Programa de Salud Escolar. “Es decir, el programa está funcionando, se está usando, se consulta periódicamente, funcionan todos los servicios que existían anteriormente en el seguro, de manera que ahí está y se puede verificar”, destacó el viceministro.

Indicó que el programa está en el Ministerio de Salud y “obviamente” el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene la información que esa cartera le traslada.

Anunció que van a atender si hay una mesa de diálogo, aunque destacó “que ya existen muchas mesas de diálogo con el sindicato para el tema”.

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En total hay cuatro mesas de diálogo y según Cabrera, todas están funcionando para hablar con el mismo sindicato, por lo que no entiende “cuál es la lógica detrás de eso”, pero si se forma esa nueva mesa también van a apoyar.

La confidencialidad del borrador de la renegociación del Pacto Colectivo se ha convertido en un pulso entre el Mineduc y el sindicato a cargo de Joviel Acevedo.

El 30 de abril recién pasado, la ministra de Educación, Anabella Giracca, le hizo una petición oficial al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, para que retire su petición de mantener en reserva el borrador del Pacto Colectivo.

La solicitud no fue bien recibida por el dirigente, quien luego de una manifestación el 2 de mayo en la capital, indicó en el Congreso que se ataca al Pacto Colectivo y que tomarían las acciones correspondientes, pues a decir de él, la confidencialidad está en ley.

“Nosotros estamos tranquilos trabajando en nuestras escuelas. Habíamos planificado incluso anteriormente la manifestación y dijimos mejor no, démosles el beneficio de la duda y se los dimos”, afirmó el 2 de mayo.

Señaló que “es una irresponsabilidad” lo que hizo la ministra de Educación al haber solicitado por medio de una carta retirar la reserva al Pacto Colectivo.

Para leer más: Educación pide a Joviel Acevedo que retire reserva del Pacto Colectivo

Afirmó que con las solicitud los tienen “arrinconados” para que hagan una huelga, mientras que el Mineduc respondió que “no se ha violentado el Pacto Colectivo en ningún punto”.

Abogados también accionan

Además, un grupo de abogados y ciudadanos presentó una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando que la información relacionada con el Pacto Colectivo que el magisterio negocia con el Minedu sea de carácter público y no confidencial como se solicitó al principio de la negociación.

Javier Urizar, uno de los ciudadanos que presentó el amparo, señaló que “el punto de este amparo es cuestionar la reserva de confidencialidad que se le dio al proyecto de pacto colectivo en el Ministerio de Educación”.

“Lo que argumentamos es que conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública hay causales explícitas por las que se puede declarar la confidencialidad de un documento y el pacto, pero el proyecto de pacto no encaja en ninguna de ellas”, añadió.

Agregó que el pacto colectivo es de interés público porque se manejan recursos del Estado.

“Cómo es posible que la población no va a tener derecho de conocer algo tan importante como eso”, detalló.

Por su parte, el abogado Édgar Ortiz señaló que el 8 de enero, “la administración pasada aceptó la petición para negociar un nuevo pacto colectivo con el STEG bajo condiciones de confidencialidad. Creemos que esa decisión de la anterior administración de decretar la confidencialidad del proyecto de pacto colectivo compromete la transparencia, por esa razón interponemos el amparo, porque buscamos que el Ministerio de Educación sea obligado a hacer público ese documento”.