Estos son casos con lo que Otto Rivera, de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), ejemplificó la situación de vulneración de derechos en la que vive la niñez y adolescencia en el país.
Las organizaciones refirieron que durante el gobierno del Partido Patriota se agravaron los indicadores de salud, educación protección y atención a los problemas de la niñez y adolescencia, y que en el actual gobierno, de Jimmy Morales, no se ven acciones para cambiar esas cifras que afectan el desarrollo de la niñez, para ser feliz.
Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez, señaló que para su organización los peores años fueron los cuatro años del gobierno Patriota, pero tampoco ha pasado nada. Este año en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde se han hecho advertencias y han ofrecido apoyo pero no ha habido transformación.
“La crisis del hogar seguro lleva varios meses y todavía no tenemos soluciones, sumado al deterioro gradual y muy profundo de los cuatro años del Gobierno anterior, este año no ha pasado nada. Por el contrario, se han ido agravando las situaciones de las niñas no solo dentro del hogar seguro, sino dentro de los centros, si bien es cierto ha habido apertura de las autoridades a poder dialogar y a poder comprometerse, ha sido acuerdo políticos, todavía en concreto no hay nada que beneficie a los niños y niñas”, aseveró.
Rivera resaltó que la baja cobertura y la deserción escolar dejan mucho que desear, ya que según datos preliminares en el 2016 la educación inicial llegó al 4.5 por cierto de cobertura, en preprimaria al 47 por ciento, en el ciclo primario al 81 por ciento, en el básico al 47 por ciento y diversificado al 24 por ciento.
Señaló que de acuerdo con datos del despacho superior de Educación más de 3 millones de jóvenes y adolescentes han permanecido sin ser atendidos por ninguna modalidad educativa y según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales son 4.2 millones.
Añadió que el gasto público para el 2016 es de Q6.53 por cada niño, equivalente a US$0.87, de los cuales US$0.52 son para destinados para el área de educación y pago de salarios y honrar el pacto colectivo. Mientras que otros países invierte hasta 20 euros por estudiante.
Myrella Saadeh, del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami), criticó que el país se ha convertido en un país que expulsa a los niños derivado de la violencia que existe y las pocas oportunidades para estudiar.
Carolina Escobar, directora de La Alianza, señaló que en el país existe “un sistema de protección que no protege a nadie y que no es garantía de los derechos de los niños y niñas”.
Resaltó que preocupa que el año pasado el Observatorio de Salud Sexual Reproductiva registró más de 73 mil adolescente en menores entre 10 y 17 años y que este año van 83 mil 480, en donde el 89 por ciento es por violación y el 30 por ciento de estos el agresor fue el progenitor.
