Propietaria de Minera San Rafael emite disculpa pública por incidente del 2013

La compañía Pan American Silver Corp., propietaria de la Minera San Rafael en Guatemala, y ciudadanos guatemaltecos que rechazan las operaciones de la mina El Escobal lograron un acuerdo dentro del proceso de demanda que los comunitarios entablaron en Canadá ya que resultaron heridos a balazos por personal de seguridad la empresa durante una manifestación en el 2013.

Las operaciones de la minera se mantienen suspendidas desde el 2017.  (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Las operaciones de la minera se mantienen suspendidas desde el 2017. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La resolución incluye que la firma, la segunda productora de plata a nivel mundial ya partir de febrero del 2019 propietaria del campo minero en Guatemala, reconoce que en el incidente del 27 de abril del 2013 se vulneró los derechos humanos de los manifestantes y pidió perdón públicamente a las víctimas y a la comunidad.

Al momento del incidente la propietaria era Tahoe Resources

La información fue brindada de manera separada por ambas partes las cuales indicaron que con esa resolución se finaliza el caso de demanda.

“Pan American denuncia fuertemente la violencia y rechaza su uso. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de la adquisición, Pan American, en nombre de Tahoe, reconoce que el tiroteo del 27 de abril de 2013 vulneró los derechos humanos de los manifestantes. Pan American, en nombre de Tahoe, pide perdón a las víctimas y a la comunidad” dice el comunicado de la compañía.

Detalles del caso

Agrega la empresa en el documento que los guardias de seguridad de la mina, dirigidos por el jefe de seguridad, Alberto Rotondo, dispararon hacia los manifestantes que se habían reunido en la vía pública frente a la entrada de esa mina.

Reconoció que varias personas resultaron heridas por los disparos “entre ellos Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Wilmer Francisco Pérez Martínez y Misael Eberto Martínez Sasvin, quienes presentaron una demanda en la Corte Suprema de Columbia Británica, Canadá, en contra de Tahoe Resources Inc., propietaria de la Mina San Rafael, buscando justicia por la violación de sus derechos”

El abogado Matt Eisenbrantd abogado de la firma Camp, Fiolante, Mattehws y Mogerman que asistió a los demandantes expresó que la resolución acordada es histórica porque, luego de seis años de disputa legal, es la primera que se logra en Canadá con demandantes extranjeros y está fijando precedentes.

Aparte de la disculpa pública y el reconocimiento del caso se emitió una reparación económica para las cuatro personas que presentaron la denuncia, aunque el monto es una cifra confidencial entre las partes indicó Andrés Dávila, gerente de Comunicaciones Corporativas de Pan American Silver en Guatemala.

García Monroy, quien fue herido con cuatro balazos, dijo que ha pasado problemas de salud y varias cirugías. Agregó que con la resolución lograda reafirman su compromiso de defender su territorio y seguirán la resistencia contra la operación de la mina. Ahora esperan que se pueda extraditar de Perú a quien era jefe de seguridad y dio la orden de disparar, Alberto Rotondo.

Los denunciantes en el caso, y quienes brindaron conferencia el martes 30 de julio: Wilmer Francisco Pérez Martínez, Adolfo Agustín García, Matt Eisenbrantd (abogado), Joe Fiorante (abogado), Luis Fernando García Monroy y Misael Eberto Martínez Sasvin. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Rotondo fue detenido en Guatemala, pero según los comunitarios luego escapó y ahora esperan la extradición de parte del país sudamericano.

Es una vitoria importante para nosotros y nuestra comunidad. Reivindica nuestro derecho a manifestar y continuar nuestra resistencia contra las operaciones mineras en la comunidad” dijo García Monroy.

Buscan resolver de manera amigable

Michael Steinmann, Presidente y Director Ejecutivo de Pan American Silver,, expone, según el comunicado enviado por la empresa: “Cuando completamos la adquisición de Tahoe, consideramos nuestra prioridad llegar y hacer una propuesta constructiva para resolver de manera amigable en lugar de continuar con el litigio. Sinceramente esperamos que esto resolución proporcione una medida de clausura a los Señores García, García Monroy, Pérez Martínez y Martinez Sasvin, y que este paso hacia la reparación de las relaciones con las comunidades más amplias en Guatemala”.

“Respeto y protección de los derechos humanos es el principio fundamental de como Pan American conduce sus negocios. Continuamente evaluamos y mejoramos nuestro enfoque a los derechos humanos a lo largo de nuestras operaciones”, se agregó.

“Como parte de la debida diligencia, estamos evaluando cuán consistentes son nuestras prácticas de derechos humanos y seguridad con los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, así como también los Derechos del Niño y la lista de verificación de Seguridad. En nuestra operación Escobal en Guatemala, ya hemos revisado nuestras prácticas de seguridad conforme con lo señalado por el Oficial de Derechos Humanos, quien reporta a nuestro Consejero Legal”, añadió el ejecutivo según lo divulgado en el documento.

El abogado de los comunitarios aclaró que la demanda llevada a cabo en Canadá no está relacionada con la suspensión de la licencia minera de Tahoe por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, que la resolución del caso en no afectará el proceso de consulta en curso en Guatemala, ni los procesos penales contra el señor Rotondo, jefe de seguridad denunciado por los manifestantes.

¿Qué ha sucedido?

  • Por resoluciones de las cortes la minera suspendió operaciones en julio del 2017.
  • En las denuncias se argumentó entre otros puntos que no se había realizado consulta comunitaria a las poblaciones indígenas del área de influencia del proyecto.
  • El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó ese mismo año que no efectuó la consulta ya que según los datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y del Instituto Nacional de Estadística (Ine) no se determinó la presencia de personas xincas en el área de influencia del proyecto.
  • En el 2018 la CC en Guatemala emitió sentencia estableciendo que la mina puede empezar a operar siempre y cuando se realice la consulta comunitaria a los pueblos indígenas, que no se efectuó antes de otorgar las licencias, pero el proceso no se ha logrado concretar ya que se encuentra estancado por discrepancias en la fase de la preconsulta.

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