“La situación para las personas indígenas aquí de verdad es muy mala, muy muy preocupante, porque hay tantos temas pendientes… Desde 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, que incluyen uno para el reconocimiento de los derechos a la identidad y culturas indígenas, en realidad solo se ha implementado el 20 por ciento de lo previsto para estas comunidades”, le dijo la relatora al Times, que enfatiza que las comunidades indígenas representan el 42 por ciento de la población, según datos oficiales, que distan del 60 por ciento que refieren cifras no oficiales.
Otras de las preocupaciones de la designada por la ONU son la desnutrición y la pobreza en las comunidades indígenas, que cifra entre el 70 y el 90 por ciento. “No se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales. Es una situación muy preocupante”, expresó al medio.
Tauli-Corpuz también denunció la criminalización contra líderes indígenas, quienes “son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.
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La relatora también habló de la imperante corrupción e impunidad, “que afectan directamente a las personas indígenas, porque han permitido que los jueces avalen cargos penales contra quienes protestan o que den visto bueno a las órdenes de expulsión forzada de sus tierras”.
Sin voluntad política
La representante de la ONU para los pueblos indígenas denunció en la entrevista que no ve voluntad política para avanzar en temas de derechos y protección de tierras, a la vez que agradeció la invitación del Gobierno.
Recomendó que el Gobierno haga una revisión minuciosa de cómo se han implementado los acuerdos de paz y que haga un mayor esfuerzo para solucionar esa problemática.
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“Guatemala ha estado a la delantera en términos de reconocer los derechos indígenas a nivel internacional; impulsó incluso la creación de la relatoría que encabezo. El problema es que la implementación de esos temas a nivel doméstico es paupérrima”, reconoció a The New York Times.
Ejemplificó la falta de justicia en los señalamientos de genocidio contra el fallecido Efraín Ríos Montt o en el caso del encarcelamiento el activista Abelino Chuub Caal, quien fue detenido por “coordinar protestas contra proyectos de explotación minera”.
Para la relatora, el caso de Chuub “es apenas la punta del iceberg: debajo del agua hay miles de personas indígenas siendo criminalizadas”, según el Times.
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