Una intersección peligrosa, una barrera de contención que no cumple su función, velocidades incompatibles con las condiciones de la vía o espacios que no protegen adecuadamente a peatones y motociclistas son algunos de los aspectos que una nueva propuesta técnica busca incorporar de manera sistemática en la evaluación de las carreteras de Guatemala.

El proyecto desarrolla una Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial y un Manual Nacional de Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial organizado por el Automóvil Club de Guatemala, herramientas que todavía se encuentran en proceso de validación y cuya finalidad es establecer criterios comunes para identificar riesgos y plantear medidas preventivas.

La diferencia entre ambas herramientas radica en que la guía establece el marco de referencia y los aspectos que deben observarse desde la perspectiva de la seguridad vial, mientras que el manual desarrolla el procedimiento para revisar una carretera, identificar riesgos, clasificarlos y formular recomendaciones.

Los avances fueron presentados durante un taller de validación del proyecto, en el que participaron especialistas vinculados con la infraestructura y la seguridad vial. Los documentos aún no constituyen normativa obligatoria y se encuentran en una etapa de revisión antes de contar con una versión definitiva.

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La seguridad se revisaría desde antes de construir

Juan Emilio Rodríguez, asesor del Automóvil Club de Guatemala, explicó que uno de los cambios centrales consiste en incorporar la seguridad durante todo el ciclo de vida de una carretera.

La revisión comenzaría desde la planificación y el diseño, continuaría durante la construcción y antes de la apertura, y se mantendría cuando la carretera ya se encuentre en operación.

Esto permitiría identificar un riesgo antes de que la obra esté terminada, en lugar de esperar a que la carretera ya esté funcionando y comiencen a registrarse problemas.

El enfoque contempla aspectos como la velocidad, las intersecciones, los usuarios vulnerables, los sistemas de contención y la facilidad con la que un conductor puede interpretar las condiciones de la vía y tomar decisiones mientras circula.

Rodríguez explicó que históricamente las carreteras fueron diseñadas principalmente pensando en el comportamiento de los vehículos, pero el nuevo enfoque pretende incorporar también las condiciones de peatones, motociclistas y otros usuarios expuestos a mayores riesgos.

“Una infraestructura segura lo que busca es tratar de evitar que haya siniestros. Y si los siniestros no pueden ser evitados, es mitigarlos, reducir las consecuencias”, explicó Rodríguez durante una entrevista posterior a la presentación.

¿Cómo se revisarían los riesgos?

Rodríguez explicó que uno de los cambios centrales es incorporar la seguridad durante todo el ciclo de vida de una carretera.

"La guía nacional (...) es el marco de referencia de qué es un sistema seguro de movilidad", comentó respecto de cómo el documento busca adaptar ese enfoque a la realidad de Guatemala.

Ese marco contempla aspectos como la velocidad, las intersecciones, los usuarios vulnerables, los sistemas de contención y la facilidad con la que un conductor puede interpretar las condiciones de la vía y tomar decisiones mientras circula.

Rodríguez señaló que históricamente las carreteras fueron diseñadas principalmente pensando en los vehículos, mientras que la propuesta busca incorporar también las necesidades de peatones, motociclistas y otros usuarios con mayor exposición al riesgo.

“Históricamente construimos (...) pensando en los vehículos, no tanto en las personas. El nuevo enfoque es tomar en cuenta a todos los usuarios, especialmente a los que tienen mayor riesgo por su exposición”, indicó.

La aplicación práctica de ese enfoque quedaría desarrollada en el manual. La evaluación no se limitaría a revisar planos o documentos: los auditores analizarían información del proyecto, antecedentes de siniestros y características del entorno, y posteriormente realizarían visitas de campo para observar directamente las condiciones de la vía.

“Lo siguiente es ver qué se trata en la realidad”, explicó Rodríguez, al señalar que los expertos deben visitar el lugar y revisarlo bajo distintas condiciones, incluso de día y de noche.

A partir de esas observaciones, los hallazgos serían clasificados según el nivel de riesgo y su impacto potencial sobre los usuarios. Esa clasificación serviría para priorizar qué problemas requieren mayor atención y orientar las recomendaciones que se entreguen al responsable de la carretera.

“La idea es (...) que haya un estándar para que todos hablen el mismo idioma y se puedan comparar los resultados de los distintos trabajos”, agregó Rodríguez.

El manual también contempla listas de chequeo, fichas de evaluación, registros fotográficos y formatos de informe, además del seguimiento de las recomendaciones para identificar responsables, establecer plazos y verificar si las medidas fueron implementadas.

“Una infraestructura segura lo que busca es tratar de evitar que haya siniestros. Y si los siniestros no pueden ser evitados, es mitigarlos, reducir las consecuencias”, resumió Rodríguez.

Que el hallazgo termine en una corrección y aplicación gradual

Rodríguez indicó que el manual contempla el seguimiento para determinar si las medidas recomendadas fueron implementadas y qué resultados produjeron. También busca que los planes de acción permitan identificar responsables y establecer plazos para atender los riesgos encontrados.

El proyecto incluye, además, la formación de auditores especializados y el desarrollo del Sistema Guatemalteco de Auditorías Viales (SIGAV), una herramienta digital concebida para almacenar los registros de las inspecciones, georreferenciar puntos críticos y visualizar los riesgos según su nivel, de manera que las intervenciones puedan priorizarse con información técnica.

La propuesta todavía enfrenta otro paso: pasar de las herramientas técnicas a su utilización institucional.

Juan Carlos Botrán, director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala, explicó que para que la guía y el manual tengan efecto deberá existir algún grado de obligatoriedad. Sin ello, afirmó, su aplicación sería limitada.

“Hay que darle un nivel de obligatoriedad o cumplimiento para que pueda tener efecto; si no (...) va a ser un documento engavetado en algún lado”, señaló.

Botrán explicó que esto no implicaría exigir inmediatamente su aplicación en todas las carreteras. Una opción sería comenzar con las vías consideradas prioritarias y ampliar progresivamente el alcance de las evaluaciones.

Durante la presentación del proyecto también se explicó que la hoja de ruta contempla pruebas piloto en proyectos reales, la creación de un registro de auditores viales y, posteriormente, la incorporación de estos criterios en términos de referencia y contratos.

Los encargados del proyecto informaron, además, que entregaron al viceministro de Infraestructura un borrador de acuerdo ministerial como una propuesta para dar respaldo jurídico a la aplicación de estas herramientas.