Sin consensos se aprueba política de protección a la vida y la familia

Ayer entró en vigor la política pública de Protección de la Vida y la Familia, sin el apoyo de todas las organizaciones que participaron en la discusión.

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El Mingob dirigió un comité para discutir y elaborar una política pública de protección de la vida y la familia, que su implementación quedará a cargo ahora del Ministerio de Educación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Mingob dirigió un comité para discutir y elaborar una política pública de protección de la vida y la familia, que su implementación quedará a cargo ahora del Ministerio de Educación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ejecutivo aprobó, por medio del acuerdo gubernativo 149-2021, la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, que cual entró en vigor el sábado pasado. El Ministerio de Educación es el órgano rector.

Aunque el acuerdo que le da vida a la política fue publicado en el Diario de Centro América, aún no se han dado a conocer los lineamientos, los objetivos general y específicos, y tampoco las estrategias de cómo será implementada, lo cual genera en algunas organizaciones dudas en la manera en que se armó ese documento.

Prensa Libre tuvo acceso a un resumen ejecutivo de la política, en donde se explica el marco estratégico, que se enfoca en la protección a la vida y familia como problema público y la debilidad que existe en las instituciones para atender las necesidades inmediatas de los derechos individuales y sociales de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Además, enumera no menos de 10 lineamientos y su ejecución por medio de programas sociales que existen, y los cuales están a cargo de diversos ministerios, como el de Desarrollo, Salud y Educación. En la política también se establecen metas para el desarrollo social de las familias, que tienen que ser cumplidas en una década.

Participación sin voz

Durante la discusión de esta política, Gobernación tuvo acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer ese instrumento, entre las cuales están Refugio de la Niñez, Asociación Somos y el Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, explicó que participaron en una reunión a la que fueron invitados como organización, pero durante el evento no les dieron a conocer de forma total la política y sus lineamientos, por lo que solo discutieron información general de la situación de las familias en el país.

“Planteamos que nos enviaran los insumos para hacer nuestro análisis y planteamiento, pero a la fecha no hemos recibido los insumos ofrecidos en el Ministerio de Gobernación. Estamos a la espera de que nos los hagan llegar”, dijo.

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Otto Rivera, director de Ciprodeni, explicó que la organización también quedó a la espera de datos que Gobernación les compartiría para conocer cuestiones más específicas. “Hasta que no conozcamos el documento, nuestra postura será advertir nuestras preocupaciones”, dijo.

Rivera cuestionó por qué Gobernación fue el ente rector para afinar los detalles de la política, lo que podría sobreentenderse en que va direccionada a seguridad ciudadana y no tendrá un enfoque basado en derechos humanos.

“Tiene una visión reduccionista sobre la familia guatemalteca, y me da la sensación de que va dirigida con enfoque de seguridad ciudadana. Debería tener un enfoque más global sobre los derechos humanos, tomando en cuenta la diversidad de familias que existen en el país”, cuestionó.

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Sin información

Tanto Ciprodeni como Refugio de la Niñez concuerdan en que se debería hacer pública la política para saber las implicaciones del documento, lo cual genera muchos cuestionamientos. “Nuestra preocupación es que el Gobierno diga que consultaron a sociedad civil para la aprobación de la política, cuando esto no es cierto”, afirmó Rivera.

Mientras que para Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, explicó que la ciudadanía necesita conocer las políticas públicas que se formulan a su favor, y agregó que aunque fue desarrollada por el Estado, debe ser consensuada con los sectores y sociedad civil que están impulsando proyectos en los temas relacionados.

“Tenemos derecho a conocerla, a cuestionarla o aprobarla. Si está muy buena, ojalá que así sea, no habría ningún problema en esconderla. ¿Por qué la esconden? Es una pregunta que lo hace un objeto de cuestionamiento, porque lo que está bien hecho no se esconde”, advirtió Escobar.

Para Dubón, esta política, aunque no la conoce, debe tener un mecanismo de evaluación y de rendición de cuentas claro, porque estará involucrada con programas de ministerios, y bien se sabe que no hay ningún ente que los supervise, por lo que no generan el impacto que esperan.

Lineamientos

El resumen ejecutivo señala que la política tiene como objetivo general la garantía de protección social a la familia por medio de armonización y optimización de las intervenciones institucionales. Mientras que, como objetivos específicos, se propone institucionalizar un sistema de protección a la familia a través de los mecanismos que otorga el Estado desde la Constitución, las leyes ordinarias y reglamentos.

También indica que desarrollarán estrategias desde las instituciones de protección a la familia para fomentar su desarrollo, así como también gestionarán las capacidades del Estado para protegerlos por medio de programas.

Señala tres ejes estratégicos: ejercicio de libertades y realización de derechos para la calidad de vida de las familias, atención integral durante el ciclo de vida para el desarrollo y acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades.

El mencionado resumen señala al menos 10 lineamientos para desarrollar la estrategia, entre los cuales resaltan propiciar condiciones de equidad e inclusión para construir proyectos de vida individuales y colectivos para la familia; garantizar la planificación consciente, segura y voluntaria; asegurar que las familias tengan acceso a servicios durante la etapa prenatal y primera infancia a través de programas sociales.

Además, se proponen que para el 2022 el 25% de mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad estarán fuera del sistema de protección social a la familia, porque podrán acceder a servicios básicos como salud, educación, nutrición, empleo y prevención de la violencia.