Pero al igual que las consultas, el reglamento ya ha generado críticas de diversos grupos sociales.

“Es una decisión arbitraria; contradice la esencia de ese instrumento y vulnera, por parte del Estado, principios del Derecho Internacional, advirtió ayer el Consejo de Pueblos de Occidente, en un campo pagado.

La propuesta llega en medio de conflictos ocurridos semanas atrás, como el derribo de 11 torres de energía en Quiché, las protestas de los pobladores de San Juan Cotzal, de ese departamento, contra la hidroeléctrica Palo Viejo, y las recientes consultas efectuadas en San Juan Ostuncalco y Olintepeque, Quetzaltenango.

Van más de 50

Aunque ninguna de esas consultas ha tenido carácter vinculante, sí han generado focos de conflicto en las zonas donde se busca explotar recursos naturales.

Incluso, poblados de San Marcos, Huehuetenango y Quiché han llegado a declararse “territorios libres de la minería”.

Un paso para mitigar el impacto de ese fenómeno es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha dispuesto implementar un manual o guía mínima social, como requisito previo a la autorización de futuros proyectos mineros o hidroeléctricos.

En declaraciones recientes, Carlos Daniel De León, de la Agencia de Comercio e Inversión, consideró la necesidad de reglamentar las consultas, para llegar a consensos adecuados. Externó que para darles validez, debe tratarse de instituciones adecuadas y en formato idóneo, y no “cualquier persona con una metodología dudosa”.

Práctica ancestral

“Realizar consultas es una práctica histórica entre los pueblos indígenas; es parte de nuestra cosmovisión y cultura”, explicó Carlos Guárquez, director de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, que cuenta con 99 integrantes.

Martín Sacalxot, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), identifica tres tipos de consultas: la popular, la municipal y la de los pueblos indígenas; esta, al amparo del Convenio 169 de la OIT.

El derecho de consulta lo invocan con base en medidas administrativas y legales, o la ejecución de programas en sus territorios respecto del uso de recursos naturales. Esta última es la más usada, conocida y controversial.

Antecedentes

Pasaron varios años para registrar los primeros conflictos. En el 2005 se realizó la primera consulta, en Río Hondo, Zacapa, sobre la construcción de una hidroeléctrica. La respuesta fue No.

Desde entonces, más de 800 mil personas del área rural han participado en votaciones para apoyar o negarse, en su mayoría, a distintos proyectos.

Sacalxot, como observador de esos procesos, indicó que en los mejores casos la mayoría de consultas se limita a recabar la opinión de la gente, sin ningún seguimiento ni incidencia.

Pero en los peores se ha denunciado manipulación, amenazas e intimidaciones contra líderes comunitarios.

Sacalxot agregó que muchas veces el Estado no informa porque no se atreve a consultar, lo que deriva en el rechazo de las comunidades.

“Hoy se autorizan las licencias, pero en la práctica no se puede entrar a trabajar”, expresó, y criticó al Estado por no sentarse a dialogar sobre el asunto.

José Cruz, del Colectivo Madreselva, dijo que la propuesta de reglamento es inaceptable, pues reduce el concepto de las consultas a foros o encuestas.

“Es una simulación, al incorporar formas que no son universales al convenio 169”, apuntó.

El diputado Aníbal García denunció que Guillermo Carranza, procurador general de la Nación, habría dicho que no es aconsejable incluir la consulta de las comunidades, al considerar que podría afectar la adjudicación.

Manipulación

Marcial Castañeda, asesor del MEM, aseveró que a menudo las comunidades son desinformadas por grupos interesados: “Hay muchas organizaciones con presupuesto, tocando de casa en casa, hablando desde que las hidroeléctricas botan el pelo, que dan cáncer o se va a inundar todo el pueblo”.

Romeo Rodríguez, ex ministro de Energía y Minas, aclaró que han encontrado de todo, por lo que deben separarse tres aspectos: quienes tienen un malestar real, incomodidad producto de la manipulación y los actos terroristas.

El MEM cuenta con un equipo de cuatro personas para informar a las comunidades; además, prepara una guía mínima social, con donación del Banco Interamericano de Desarrollo, en la que previo a la licencia debe cumplirse ese requisito.

“Se han contratado antropólogos y sociólogos, y será obligatorio su cumplimiento”, aseguró Rodríguez.

Pero en el caso de las mineras, el ex ministro reconoció que el escaso aporte al fisco de ese sector es parte del malestar, aunque indicó que hay un anteproyecto de ley en el Congreso para reformar ese aspecto.

¿Válidas?

Para Guárquez, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la resolución es política, pero no vinculante; sin embargo, consideró que en el rango de las comunas sí lo es, porque también vale la autonomía municipal.

“Hay preocupación porque cuando manifiestan les dicen que no es la manera, pero cuando se toman las herramientas legales también les dicen que no; entonces, esto va a generar un estallido social, si no se respeta la consulta”, advirtió.

Sacalxot dijo que los problemas no son técnicos sino ideológicos, pues “los indígenas no son los que mandan en este país”.

Rodríguez considera que en cuanto a las hidroeléctricas, el beneficio o perjuicio de un proyecto no es solo local, por lo que se debería consultar a toda la población, pues según la Constitución, el subsuelo pertenece al Estado.

Además, señaló que las inversiones generan beneficios reales, pues las licencias aportan mucho más fondos a las comunas locales que el Gobierno central.

Sacalxot expuso que la regla que debe prevalecer es que los pueblos indígenas definan su participación en el desarrollo del país.

Según Rodríguez, hay que tomar en cuenta que la explotación de los recursos naturales del país es un mandato constitucional —artículos 127 y 128—, por lo cual el desafío es hacerla sustentable, de acuerdo con tres principios claves: viabilidad económica, protección al ambiente y viabilidad social.