Guatemala
Contratos de seguridad privada en el Estado de Guatemala suman Q180 millones en 2025
Entidades descentralizadas y del Ejecutivo consideran prioritario el resguardo de sus instalaciones y usuarios.
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El IGSS y el Inde son las instituciones que concentran los contratos más elevados de servicio de seguridad privada.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este año, el sector público ha contratado servicios de seguridad privada por Q180 millones para resguardar sus instalaciones. La mayor parte del gasto lo efectúan entidades descentralizadas, aunque algunas dependencias del Gobierno central también cuentan con partidas para vigilancia.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) concentran las contrataciones de seguridad más cuantiosas.
Entre los ministerios, el de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) han pagado hasta ahora Q7 millones 200 mil y Q4 millones 300 mil, respectivamente, según reportes del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).
El Ministerio de Cultura y Deportes (Micude) ha devengado Q1 millón de los Q7 millones que tiene asignados, mientras que el de Educación dispone de Q9 millones 600 mil, pero ha ejecutado solo Q3 millones.
Los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Gobernación; Trabajo y Previsión Social, así como varias secretarías, han pagado en conjunto Q6 millones por servicios de seguridad.
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Contratos
Muchas entidades adjudican estos servicios mediante contratos anuales. Por ejemplo, el Inde evalúa la contratación del servicio para el 2026. Recibió dos ofertas: una de Vigilancia y Seguridad de Guatemala (Visegua), por Q103 millones, y otra de V. I. P. Security, por Q104 millones.
La adjudicación fue otorgada a Visegua, aunque aún no se ha suscrito el contrato ni se ha confirmado la decisión por el Consejo Directivo del Inde. El concurso abarca las instalaciones del Inde, sus empresas y dependencias en las regiones Centro Sur, Suroccidente y Nororiente.
El servicio cubrirá 115 centros de trabajo, entre subestaciones, campamentos, bodegas, plantas hidroeléctricas y oficinas administrativas. Se requerirán 557 agentes durante un periodo de 12 meses.
V. I. P. Security presentó cinco inconformidades contra la adjudicación, en las que señaló errores en el cálculo de precios, inclusión del Impuesto al Valor Agregado, normativa legal y una supuesta relación de Visegua con el exfuncionario Miguel Martínez. Sin embargo, todas fueron rechazadas por la junta de licitación.
Según el portal Guatecompras, los representantes legales de Visegua son Denis Paredes Escobar, Denis Rafael Paredes y Carlos Valdéz Gutiérrez.
El año pasado, el contrato fue adjudicado a V. I. P. Security por Q62 millones para la vigilancia de 113 instalaciones, con 650 agentes.
En el 2025, la empresa ha conseguido contratos por Q67 millones con entidades como la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Mineco y el Consejo de Atención al Migrante.
Asimismo, el IGSS adjudicó este año a la misma empresa la seguridad de sus instalaciones por Q46 millones. A lo largo del año, se han requerido servicios adicionales para hospitales y unidades, adjudicados a distintas empresas, con un monto total de Q96 millones.
En el 2015, el administrador único y representante legal de V. I. P. Security fue Rudy Guzmán, esposo de la diputada Nadia Torres, hija de Sandra Torres. Desde entonces, el excandidato presidencial del partido Nosotros ha negado vínculos con la empresa.
Actualmente, los representantes legales de V. I. P. Security son Erick Morales, Rolando Sagui y Sonia Sigüenza.
Resguardo necesario
En las requisiciones del servicio, el IGSS refiere que el servicio es indispensable para la atención de los afiliados en sus 15 instalaciones donde se solicitó. Se consultó sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.
El Inde expuso que para asegurar la protección del personal, usuarios, infraestructura y bienes es indispensable contar con seguridad privada de acuerdo con las características operativas y niveles de riesgo de todas las instalaciones del instituto.
“Si bien la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala tienen entre sus funciones la protección de personas y bienes, estas entidades no cuentan con la capacidad operativa necesaria para brindar un servicio permanente y continuo en todos los centros de trabajo de la institución”, indicó el Inde.
El contrato del servicio para 2026 es por un monto mayor, pero con menos guardias, el Inde indicó que la diferencia se debe a que se tomó en consideración las proyecciones de inflación e incrementos salariales. Y la disminución en la cantidad de guardias se debe a criterios técnicos y operativos.
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