Las cifras, según el Ministerio guatemalteco de Exteriores, varían constantemente, “puesto que las detenciones son realizadas constantemente”. Y, pese a la actual emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, esos guatemaltecos han continuado siendo deportados por EE. UU.

Entretanto, el país centroamericano registra, según las últimas cifras oficiales, más de 2.500 casos, casi 50 muertos o fallecidos a causa de la covid-19. En EE. UU., la cifra asciende a más de un millón y medio de casos y más de 95.000 muertos.

Guatemala, que detectó su primer contagiado por coronavirus el 13 de marzo, confirmó el 29 de ese mes su primer positivo entre los migrantes deportados por EE. UU. Desde entonces, otros más de 1.200 migrantes indocumentados han sido deportados. Y hasta  el pasado 11 de mayo, Guatemala había recibido ya, según datos oficiales, a 102 migrantes contagiados.

Año electoral en EE. UU.: el enemigo migrante

“Por un lado, en EE. UU. se vive un año electoral como telón de fondo de la pandemia. El presidente Donald Trump ganó la elección hace cuatro años, valiéndose del desprecio hacia los migrantes latinoamericanos, declarándolos el enemigo a vencer”, recuerda a DW el analista y asesor político guatemalteco Douglas González.

“Pese a que la pandemia hizo girar vista hacia China, como el ‘nuevo enemigo’ de campaña, las políticas antimigratorias de Trump se han mantenido, y sabemos por reportes médicos que los efectos de la pandemia son más dramáticos en minorías de afroamericanos y migrantes latinoamericanos. La atención en los hospitales los relega y muchos mueren sin ser atendidos o en sus casas, abandonados”, lamenta este politólogo guatemalteco.

Guillermo Castillo, presidente de Cooperación Migrante, una organización de guatemaltecos radicados en EE. UU. y enfocados en la defensa migratoria de sus compatriotas, ubica el origen de esta situación en tres frentes: los migrantes en situación irregular en EE. UU., los detenidos y los varados en la frontera sur con México.

Los primeros están más protegidos en los llamados “estados santuarios”, como California o Nueva York: con acceso a test, bancos de comida, campañas en español y atención de los gobernadores a la población latinoamericana. Pero lo están menos en lo que Castillo llama estados “republicanos o racistas”, donde se ven “más expuestos al contagio o la muerte”, por una política que es lo contrario de la de los santuarios, dice.

Los migrantes en centros de detención, por otra parte, apenas tienen acceso a test o posibilidades de distanciamiento social. Y la información del ICE sobre la propagación de la pandemia en sus instalaciones, que Cooperación Migrante considera “lugares de alto contagio”, es “opaca”, insiste Castillo.

Así que “se está exportando el coronavirus a los países a los que se está deportando a los migrantes”, concluye el activista, cuya organización se enfoca también en el análisis de la política exterior de EE. UU. hacia Centroamérica y la propuesta de soluciones pragmáticas que generen oportunidades en ambos lados de la frontera.

Además, están quienes han presentado un caso de asilo en la frontera sur de EE. UU. con México, y quienes ni siquiera pudieron hacerlo antes de la pandemia. “Si antes la probabilidad de ganar un caso en la frontera era del uno por ciento, ahora es prácticamente imposible”, sentencia Castillo. Y alude al argumento real del coronavirus como riesgo de salud para los migrantes y sus países de destino, sumado al riesgo de seguridad nacional y la carga pública que ya veían en ellos las autoridades estadounidenses.

Reacción de Guatemala: asimetría e improvisación

En Guatemala, la reacción a las deportaciones en condiciones de pandemia fue, en principio, “improvisada”: no había protocolos adecuados para hacer frente a la situación, evalúa el politólogo Douglas González, con experiencia en la academia y la política guatemaltecas. El país no cuenta con instalaciones para atender, con los requerimientos actuales, a más de un centenar de deportados a la vez, asegura.

“Por nuestra relación tan asimétrica con EE. UU.”, no se impusieron condiciones a las deportaciones, señala. Y recuerda que el expresidente Jimmy Morales dejó firmado un convenio de “tercer país seguro” con EE. UU., según el cual, Guatemala no solo permite deportaciones de ciudadanos guatemaltecos, sino también de salvadoreños y hondureños.

Entretanto, el Gobierno de Alejandro Giammatei ha detenido varias veces los vuelos de deportación, ha afinado sus protocolos sanitarios y ha exigido a EE. UU. un certificado de salud de los deportados, en el que conste su diagnóstico negativo. Sin embargo, siguen llegando migrantes portadores del virus, porque los test en EE. UU. se realizan de forma aleatoria, asegura el presidente de Cooperación Migrante, Guillermo Castillo.

Para Douglas González, sin embargo, el principal obstáculo al control de la importación de casos no está en la deportación por vía aérea desde EE. UU.: “No tenemos la capacidad de controlar los flujos migratorios en una frontera terrestre tan grande y porosa como la que tenemos con México”, advierte. Así que los casos aumentan en los municipios fronterizos y, como los dos puestos fronterizos no son la única vía de acceso, el Ejército, desplegado, no da abasto, resume el analista.

¿Qué sigue?

Castillo, no obstante, hace hincapié en la necesidad de establecer albergues temporales en la frontera. Estos, sugiere, podrían remitir a los migrantes a refugios departamentales -hoy inexistentes- para garantizar un aislamiento preventivo de 30 a 40 días hasta que se descarte el contagio. Así, se aseguraría “que no sean vulnerados, estigmatizados, perseguidos, ni linchados”, enfatiza el activista, en referencia a las reacciones que los deportados enfrentan, ahora también, en su país de origen.

El catálogo de reclamos y propuestas de Cooperación Migrante al Gobierno guatemalteco es extenso. Pasa, sobre todo, por renegociar su asimétrica relación con EE. UU., tanto durante como después de esta pandemia, y revertir la actual “desconexión entre los migrantes y el Estado de Guatemala”, subraya Castillo. Y se lanza a enumerar opciones que incluyen, por ejemplo, visas de trabajo para profesionales de la salud y personal de limpieza en ciudades estadounidenses afectadas por el coronavirus; o posibilidades de inversión de “remesas productivas”.

Lo urgente hoy es remontar la crisis sanitaria y, pese a ella, gestionar adecuadamente las deportaciones. Pero, en Guatemala como en el resto del mundo, las variables económicas pesan, especialmente en su relación con EE. UU. “Nuestro principal socio comercial es EE. UU. y la caída del consumo en esa economía golpea severamente a sectores que dependen de las exportaciones de frutas, hortalizas, flores y vestuario”, apunta González.

Además de las deportaciones, “el desempleo generalizado ha golpeado severamente a los migrantes latinoamericanos en EE. UU., lo cual ya se refleja en una caída de cerca del 20 por ciento de las remesas enviadas a Guatemala y la tendencia sigue a la baja”, agrega. Así, mientras el virus se extiende, “la pobreza de nuestros migrantes agrava la pobreza de los guatemaltecos que dependen de ellos acá”, donde esas remesas representan buena parte del PIB.