Cada proceso de elección de segundo grado suele presentarse como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo que se observa no es una transformación, sino la repetición de patrones conocidos: judicialización estratégica, disputas en torno a perfiles incómodos y decisiones que responden más a correlaciones políticas que a evaluaciones técnicas.

La utilización de recursos legales no es, en sí misma, negativa. El acceso a la justicia es parte esencial del Estado de derecho. El problema surge cuando la judicialización se convierte en una herramienta estratégica para bloquear candidaturas o alterar el rumbo del proceso según conveniencias coyunturales. En esos casos, el debate deja de centrarse en la idoneidad o el mérito y pasa a girar en torno a maniobras procesales.

Tampoco es un secreto que las elecciones de segundo grado tienen un componente político. Sería ingenuo negarlo. La integración misma de las comisiones responde a estructuras gremiales y académicas que interactúan con el sistema político. Sin embargo, reconocer esa dimensión no implica aceptar la captura política. La diferencia entre una elección con dimensión política y una elección politizada radica en la existencia de reglas claras, criterios objetivos y coherencia entre la evaluación y la decisión final.

La independencia no se garantiza con discursos, sino con procedimientos sólidos. Y la competencia no se presume: se evalúa. Cuando los criterios técnicos son desplazados por negociaciones políticas, el mensaje que se transmite es claro: la excelencia profesional pasa a un segundo plano frente a la alineación estratégica.

LECTURAS RELACIONADAS

De la Lista Engel a comisiones paralelas: los antecedentes que rodean a candidatos al TSE

Pocos controles y criterios ofrece la CSJ para elegir a sus magistrados a la CC

Cada proceso no solo define autoridades; también establece precedentes, normaliza prácticas y envía señales. Si los procesos siguen marcados por retrasos, impugnaciones selectivas y votaciones desconectadas de las evaluaciones técnicas, el riesgo no es únicamente coyuntural: es estructural. Se debilita la confianza ciudadana y se erosiona la legitimidad institucional.

El escenario reciente sintetiza estas tensiones. Hoy se cuenta con una nómina de veinte candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ha sido ampliamente cuestionada por las formas en que se desarrolló el proceso y por la manera en que se produjo la votación final. A ello se suma la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario —CSU—, una instancia cuya integración ha sido objeto de cuestionamientos en términos de legitimidad y legalidad, al estar conformada mayoritariamente por cargos con plazos vencidos. Asimismo, la elección realizada por el Colegio de Abogados y Notarios ha estado envuelta en denuncias y marcada por modificaciones a las reglas de participación en pleno desarrollo del proceso.

Más allá de los nombres y coyunturas específicas, el problema de fondo es el mensaje institucional que se transmite. Cuando las reglas se perciben frágiles o adaptables según la conveniencia del momento, la confianza pública se deteriora.

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. El desafío no es eliminar el componente político —eso sería irreal—, sino acotarlo mediante reglas claras, transparencia activa, coherencia en la calificación y responsabilidad pública en el voto. A quienes tienen en sus manos las decisiones finales, y a todos los actores que intervienen en estos procesos, les corresponde elevar el estándar, actuar con mayor responsabilidad y privilegiar el mérito, la independencia y la legalidad. Lo que está en juego no es una elección más, sino el tipo de institucionalidad que se está construyendo como país.