Algunos candidatos a la presidencia plantean planes al respecto como parte de sus propuestas de gobierno.
En el 2007, ante una ola de homicidios contra pilotos del transporte público, las posibles soluciones al problema estuvieron presentes. Los presidenciables en ese momento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP) ofrecían combatir la inseguridad desde los ideales y fundamentos de cada agrupación.
Álvaro Colom, de la UNE, quien fue electo en ese proceso, prometía combatir la delincuencia con inteligencia, mientras Otto Pérez Molina del PP ofrecía “mano dura”.
Ambos candidatos hicieron énfasis en la violencia criminal y lo expusieron como una prioridad de su mandato.
El actual proceso no es la excepción. Entre los temas a los que más aluden los binomios presidenciales está la lucha contra los homicidios y otros delitos violentos.
A partir del 27 de marzo los partidos y candidatos pudieron empezar a promocionarse como una opción para el electorado. Algunos presidenciables presentaron como parte de sus planes de gobierno el combate a la criminalidad con diferentes estrategias, como reactivar la aplicación de la pena de muerte. Entre la oferta electoral, los candidatos han incluido en sus promesas la construcción de más cárceles, reestructuración de la Policía Nacional Civil y la instauración de la pena capital como máximo castigo en casos de alto impacto. Los planes de los partidos políticos en contienda también han llegado a ofrecer más apoyo al Ejército para que patrulle y que de esta forma incida en la seguridad ciudadana. Dichos ofrecimientos son parte de los ejes centrales de los discursos de los aspirantes, tanto presidenciales como diputados y alcaldes, en las distintas reuniones públicas que llevan a cabo.
De acuerdo con los análisis de la organización Diálogos, basados en los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre violencia homicida, desde antes de la pandemia se comenzó a registrar una reducción que llegó a sus tasas más bajas por las restricciones de movilidad y cierre de actividades implementadas para contener el virus. No obstante, al revisar los datos, desde el 2021 se observa una tendencia al aumento de casos. En enero y febrero de este año se reportaron 446 homicidios, según el informe más reciente de Diálogos. En el 2022 hubo 2 mil 983; en el 2021 fueron 2 mil 830; en el 2020 se registraron 2 mil 572 y en el 2019, también año de elecciones generales, fueron 3 mil 561. La tendencia demuestra que del 2001 al 2007 la cifra iba en aumento, se estancó por algunos meses y luego cambió para iniciar una disminución hasta el 2020, cuando ingresó la pandemia, y el dato cayó de manera significativa. Al año siguiente las cifras por este delito se han ido incrementando de forma gradual.
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Los datos y análisis de Carlos Mendoza, de Diálogos, sugieren que no existe una relación entre el aumento en los homicidios y el evento electoral. “La tendencia histórica —de homicidios— a largo plazo pesa más que si son meses de campaña”, expresó. A su criterio, se ve más afectada por su desarrollo en el tiempo que por los comicios generales. Sin embargo, Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que donde se observa un aumento es en la percepción de la criminalidad durante el evento electoral. “No hay un vínculo directo objetivo del aumento de la violencia, pero sí un aprovechamiento político de la violencia desde la perspectiva política electoral”, valora. Este incremento en la percepción se debe a tres situaciones, según Asturias. La primera es por la campaña electoral y los actos de violencia que ocurren donde se involucran agrupaciones o candidatos. La segunda es porque los aspirantes a cargos de elección popular destacan el tema con las propuestas de “populismo penal”, como lo califica. Parte de estas propuestas incluyen, además de la pena de muerte, patrullajes de militares en las calles y cualquier otra que genere, en el imaginario ciudadano, una percepción de seguridad. Una tercera causa es “el aprovechamiento político de la violencia”, el cual se da cuando los candidatos proponen soluciones relacionadas con algún hecho violento puntual o reciente, y con ello capturan la atención del electorado y lo centran en ese tema.
