Guatemala se encuentra en la fase final de discusión de una nueva legislación para prevenir y sancionar el lavado de dinero. Se trata de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, propuesta que pretende reemplazar la normativa vigente desde hace 24 años y actualizar el marco legal para nuevas modalidades financieras, comerciales y tecnológicas.

El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en marzo de este año, avanzó hasta el tercer debate en el Congreso y actualmente se encuentra pendiente de redacción final por artículos. Para convertirse en ley necesita 107 votos, al tratarse de una aprobación con mayoría calificada.

Entre los principales cambios, la propuesta establece un modelo basado en riesgo, en el que personas individuales y jurídicas serían evaluadas según el nivel de exposición que representen. También incluye a nuevos sujetos obligados, entre ellos, contratistas del Estado, inmobiliarias, casinos, joyerías, operadores de activos virtuales y profesionales vinculados a servicios jurídicos o contables.

El tema fue abordado durante el foro convocado por Guatevisión para Guatemala No Se Detiene: “Ley contra lavado de dinero: lo que está en juego”. En la discusión participaron Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB); Jorge Ayala, diputado y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior; Julio Héctor Estrada, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda; y Lorena Flores, vicepresidenta para América del Norte, Central y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado.

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Según Monroy, la reforma legal debe acompañarse de lineamientos institucionales para definir prioridades de investigación. Indicó que la nueva ley podría incrementar la cantidad de reportes, alertas y casos potenciales que lleguen al Ministerio Público (MP), por lo que consideró necesario establecer criterios de selección enfocados en estructuras criminales y hechos de mayor relevancia.

“Creo que el punto clave es la gran cantidad de casos que pueda llegar a atender el MP sin que exista una política criminal que se enfoque específicamente en aquellos delitos o en aquellos casos que definitivamente tienen una incidencia y que han sido cometidos por organizaciones criminales”, afirmó.

Ayala señaló que la iniciativa también modifica el tratamiento de la intencionalidad dentro del delito. Explicó que la redacción vigente incluye la frase “quien sabiendo o debiendo saber”, lo cual amplía responsabilidades para iniciar procesos. Según indicó, la propuesta busca centrar la persecución en conductas dolosas vinculadas al ocultamiento del origen de fondos.

“Cuando cambiamos una visión de culposa a dolosa y cuando efectivamente debe haber una intencionalidad de cometer una acción que va destinada al ocultamiento del origen de los fondos, va a permitir al MP, después de la información proveída por la unidad de inteligencia financiera, concentrar sus esfuerzos”, indicó.

Estrada coincidió en que la persecución penal requiere una política criminal específica y capacidades investigativas propias. Señaló que el país debe concentrarse en delitos de alto impacto económico y social, como extorsiones y esquemas de lavado vinculados a ese delito, aunque no siempre impliquen grandes montos individuales.

“Tienen que tener una política criminal específica para perseguir los delitos de alto impacto social como las extorsiones y el lavado de dinero de extorsiones, aunque no sean montos muy grandes”, expresó.

En ese sentido, comentó que el MP debe contar con las capacidades necesarias para hacer su trabajo investigativo y trabajar de la mano con la IVE. “Cuando ha habido abusos del MP, pero no constituyen en prueba por sí solos, el MP debe hacer la investigación, conseguir sus propios datos y perseguir. Esto es para que no se contamine el proceso de verificación especial”, dijo.

Sectores obligados

La iniciativa amplía los sectores obligados a aplicar controles preventivos y reportar operaciones sospechosas. Según Monroy, la inclusión de nuevos sectores responde a actividades identificadas como vulnerables por el tipo de operaciones que realizan. “Las personas obligadas que se están adicionando corresponden a aquellos sectores que han sido identificados como vulnerables y cuyos productos o servicios pueden ser utilizados para la comisión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, explicó.

Entre ellos mencionó proveedores de servicios de activos virtuales, profesionales universitarios que presten servicios jurídicos y contables, así como bingos, loterías y quinielas deportivas. “Estos sectores son identificados por GAFI como vulnerables; por eso es importante que las personas individuales y jurídicas que se dediquen a estas actividades implementen medidas de prevención”, afirmó.

Ayala indicó que la iniciativa no solo suma nuevos sujetos obligados, sino que regula en ley el procedimiento para agregar otros sectores en el futuro. Explicó que la propuesta busca establecer bases legales más claras y exigencias para cada uno de los obligados. “Como obligados, no es lo mismo la complejidad en la que tiene que participar una entidad financiera que una actividad profesional liberal, digamos, un abogado, un notario o un auditor”, señaló.

Agregó que, con base en el enfoque de riesgo, las responsabilidades variarían según el tipo de regulado. Esto permitiría a la IVE identificar actividades de mayor exposición por volumen, ubicación geográfica, actividad comercial u otros factores, para intervenir de forma más específica.

Estrada explicó que una persona obligada debe conocer a su cliente, saber con quién realiza negocios, para qué se desarrolla la operación y por qué se utiliza determinada estructura legal. Añadió que esto permitiría detectar transacciones sospechosas, por ejemplo, en joyerías o inmobiliarias donde terceros ejercen el control real de bienes adquiridos por otras personas.

Indicó que la incorporación de nuevos sectores busca sumar actores privados a la prevención del lavado de dinero proveniente de narcotráfico, extorsión, corrupción y otras estructuras criminales.

Beneficiario final

Uno de los ejes de la iniciativa es la identificación del beneficiario final. Monroy explicó que se trata de la persona natural que controla una persona jurídica o estructura jurídica, como fideicomisos, o que posee la capacidad de manejar sus fondos. Añadió que no necesariamente debe ser un accionista formal, sino quien ejerce control efectivo sobre la entidad. “Puede ser también la persona que representa legalmente a esta entidad o individuo que posee la capacidad de manejar los fondos”, comentó.

Flores indicó que también puede entenderse como la persona natural que se beneficiará del resultado de una operación, recibirá ganancias o concentrará los beneficios económicos derivados de contratos o estructuras jurídicas. Señaló que este aspecto tiene relevancia en la labor notarial, debido a que muchas estructuras legales se constituyen o formalizan mediante instrumentos públicos.

Añadió que en Guatemala el ejercicio notarial tiene características particulares, ya que muchos clientes son esporádicos y no permanentes. Según indicó, esto implicará fortalecer procesos de debida diligencia y capacitación financiera para evaluar niveles de riesgo, además de los controles administrativos y legales ya existentes.

Monroy aclaró que la obligación de identificar al beneficiario final recae principalmente en instituciones financieras sujetas a supervisión o control, y no propiamente en los notarios.

Ayala explicó que durante la discusión legislativa se trabajó con umbrales de participación accionaria. “La propuesta que está y la que fue dictaminada es que sean aquellas personas que tienen y ejercen un control sobre el 20% de la participación en las sociedades en las que ellos están involucrados”, indicó.

Agregó que el objetivo también es evitar la fragmentación accionaria utilizada para diluir responsabilidades y dificultar la identificación de la persona natural detrás de estructuras jurídicas complejas. Según dijo, el debate incluyó porcentajes menores, pero finalmente se optó por fijar el umbral en 20%.

Estrada señaló que en esquemas de lavado suelen utilizarse entramados societarios donde una empresa controla a otra y esta a una tercera, lo que dificulta conocer quién recibe finalmente los beneficios o ejerce el control. Indicó que la medida busca fortalecer la inteligencia financiera y la trazabilidad de operaciones vinculadas a delitos como narcotráfico, contrabando o terrorismo.

¿Se elevarán los costos?

Durante el foro también se abordó el impacto económico que tendría la aplicación de nuevas obligaciones para los sectores incluidos en la iniciativa. Estrada señaló que muchas de las actividades que actualmente cumplen algunas personas obligadas ya se realizan por medio de reglamentos. Indicó que, de no aprobarse la ley, varios aspectos podrían continuar regulándose mediante acuerdos gubernativos o disposiciones específicas.

Estrada añadió que, aunque existe una obligación de cumplimiento, varias de estas medidas también representan buenas prácticas empresariales. “Sí hay una obligación de cumplimiento, pero yo pienso que son cosas que de todas maneras generan valor para el negocio, porque son buenas prácticas de negocios, buenas prácticas de relacionamiento”, afirmó.

Señaló, además, que para una empresa también existe riesgo de ser utilizada como mecanismo para lavar dinero, lo que eventualmente podría derivar en procesos judiciales o consecuencias legales. Agregó que prácticas como el conocimiento del cliente ya han mostrado utilidad en el sistema bancario y pueden fortalecer relaciones comerciales de largo plazo.

“Se agrega un poco de costo, pero hay que verlo como una inversión para lograr una economía más limpia y un proceso más tranquilo. Como ciudadanía, debemos saber que el país no es un paraíso para lavar dinero y depositar capitales mal habidos”, expresó Estrada.

Flores coincidió en que el cumplimiento normativo generará costos que eventualmente deberán trasladarse. “Derivado del cumplimiento de la normativa, sí genera un costo que se deberá trasladar; eso es inevitable”, indicó.

No obstante, señaló que también debe analizarse como parte de una política pública orientada a evitar consecuencias económicas y financieras mayores para Guatemala. Según explicó, una eventual inclusión del país en lista gris internacional podría afectar a toda la población por el incremento de controles y costos en operaciones financieras.

Por su parte, Ayala explicó que la iniciativa establece diferentes niveles de cumplimiento según el tipo de persona obligada. Señaló que no pueden imponerse las mismas responsabilidades a una entidad financiera regulada que a una joyería con ventas esporádicas. “No son las mismas responsabilidades, complejidad e intensidad las responsabilidades de una entidad financiera regulada que aquellas que corresponden, por ejemplo, a una joyería”, indicó.

Monroy recordó que muchas pequeñas y medianas empresas ya son personas obligadas desde el 2013, por lo que varias de ellas ya contemplan dentro de sus costos operativos la implementación de estas medidas. Consideró que el principal impacto recaería en los nuevos sectores que serían incorporados con la ley, entre ellos, notarios y proveedores de servicios de activos virtuales.

“Definitivamente tendrán un costo que cubrir”, señaló. Sin embargo, agregó que las personas individuales que ejercen actividades económicas no necesariamente tendrían que contratar oficiales de cumplimiento ni desarrollar manuales complejos como los del sistema financiero.

Monroy reiteró que uno de los principales beneficios sería evitar que pequeñas y medianas empresas se vean involucradas en operaciones de lavado de dinero que puedan derivar en problemas legales o incluso procesos penales por lavado de activos.

Urge aprobación

Monroy señaló que, de no aprobarse a tiempo, no habría margen para desarrollar el reglamento y aplicar los cambios antes de la próxima evaluación internacional prevista para febrero del 2027. Recordó que Guatemala fue evaluada en el 2016 y que en ese proceso se identificaron brechas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Según explicó, la iniciativa busca precisamente atender esas observaciones y fortalecer el marco legal vigente.

“Si Guatemala no cierra esas brechas antes de esta nueva evaluación, que como ya se ha mencionado será en febrero del 2027, Guatemala será considerada como un país con deficiencias estratégicas importantes en la lucha contra el lavado de dinero”, afirmó Monroy.

Añadió que una calificación de ese tipo tendría efectos reputacionales para el país y mayores controles en operaciones económicas internacionales. Indicó que Guatemala podría ser considerada una jurisdicción de alto riesgo, lo que implicaría procesos de debida diligencia ampliada en exportaciones, importaciones y pagos vinculados al comercio exterior.

También señaló que podrían existir efectos sobre el envío de remesas, debido al incremento de costos y mayores niveles de escrutinio en las transferencias internacionales.

Por su parte, Ayala indicó que las implicaciones abarcan distintos ámbitos, entre ellos, reputación, credibilidad, percepción de riesgo país y encarecimiento de transacciones financieras. Explicó que también existe la posibilidad de que bancos corresponsales limiten operaciones con Guatemala o incrementen costos por mayores medidas de supervisión. “Si un país se considera poco cooperante, efectivamente las acciones de control y de vigilancia incrementan y, por lo tanto, hay un mayor incremento en los costos”, expresó.

Ayala señaló que, en el caso de las remesas, también podría haber encarecimiento en las transferencias, debido a que no es lo mismo operar entre países considerados de bajo riesgo que con territorios sujetos a mayores controles. “Tiene impacto en todos los guatemaltecos porque no solo afecta al sector financiero, pero todos somos usuarios de él”, dijo.

Estrada explicó que grandes exportadores podrían mantener acceso al sistema financiero internacional, mientras que pequeños exportadores de artesanías u otros productos podrían enfrentar revisiones más estrictas o dificultades para recibir pagos desde el exterior. También mencionó que esto podría afectar el acceso a plataformas internacionales que exigen cuentas bancarias funcionales.

Estrada agregó que, en caso de una eventual inclusión en lista gris, Guatemala posteriormente podría verse obligada a aprobar controles más estrictos y reformas más costosas para revertir esa condición, como ha ocurrido en otros países de América Latina.

Flores indicó que un escenario de ese tipo perjudicaría a los guatemaltecos, especialmente a los migrantes que residen en el extranjero. Señaló que Guatemala no debería asumir ese riesgo, debido a los efectos que podría tener sobre la economía y las operaciones internacionales.

Añadió que, aunque la iniciativa incorpora obligaciones para profesionales del derecho, economistas, contadores públicos y auditores, el debate también debe entenderse dentro de una política pública más amplia. “Guatemala forma parte de un ecosistema y afectaría en el desarrollo económico y en el ejercicio de las profesiones liberales. Es un compromiso donde debemos trabajar estrechamente notarios, cortes e instituciones”, explicó.

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