Las Lisas, ubicada en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, a aproximadamente 161 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y a unas tres horas por carretera, se ha consolidado como un destino turístico para visitantes nacionales y extranjeros. Su arena volcánica oscura, la pesca, los manglares y su conexión con el canal de Chiquimulilla forman parte de sus principales atractivos.

En este destino se ejecuta un proyecto de mejora del muelle y malecón que conduce hacia la playa Las Lisas. La obra fue financiada con fondos del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede) de Santa Rosa y la municipalidad. Según el portal Guatecompras, el contrato asciende a Q2 millones y en el proceso de licitación participó una sola empresa como oferente.

El proyecto contempla la construcción de una parada terrestre, una parada acuática, un mirador, espacios para comercios y dos servicios sanitarios. De acuerdo con el contrato, la obra debe concluir en un plazo de seis meses, período que finaliza en marzo de este año, previo a la Semana Santa, cuando aumenta la afluencia de turistas en el área.

En Guatemala existen distintos esquemas para ejecutar proyectos turísticos. Uno de ellos es la inversión pública tradicional, como el caso de Las Lisas. Otro modelo es el de alianzas público-privadas (APP), mediante el cual una empresa privada invierte, construye y opera un proyecto durante un tiempo determinado, y recupera su inversión a través de tarifas o servicios, mientras el Estado cumple un rol de supervisión.

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De acuerdo con Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), bajo la modalidad de APP se podrían desarrollar proyectos como hoteles, teleféricos, muelles, malecones, sistemas de rutas y carreteras que conecten centros turísticos, así como mejoras en aeropuertos regionales.

Para Luis Rey, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de Turismo, las alianzas público-privadas pueden ser una herramienta para dinamizar el desarrollo turístico, siempre que exista coordinación entre los actores. “El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 plantea esa idea de integrar a todos los sectores involucrados en la cadena de valor del turismo”, señaló.

Rey indicó que para atraer más inversionistas es necesario contar con claridad normativa. “Es muy importante la claridad en las leyes y también facilitar el ingreso de nuevas inversiones para que puedan trabajar con conocimiento de cuál es el marco legal de cada uno de los destinos turísticos donde desean invertir”, afirmó.

José Ardón, director ejecutivo de la Cámara de Construcción de Guatemala, señaló que uno de los principales retos de las municipalidades es el financiero. “Muchas municipalidades no tienen los recursos necesarios para ejecutar grandes proyectos de infraestructura y tienen la limitante de no poder endeudarse más allá del período para el cual fue elegida la administración”, explicó.

Según Ardón, las alianzas público-privadas y las concesiones municipales representan una alternativa. “No solo es capital que probablemente la municipalidad no tiene disponible para realizar este tipo de proyectos, sino que el riesgo también lo asume el privado y no la municipalidad si el proyecto no resulta tan rentable como se esperaba”, indicó.

Por su parte, De la Cruz explicó que estos proyectos deben tener una base técnica y económica sólida. “Cuando el Estado o la municipalidad no cuenta con los recursos suficientes, un privado puede invertir en estos proyectos y que estos lleven desarrollo turístico y económico a la región”, comentó.

Destinos con potencial

Ardón indicó que distintos territorios requieren inversión en infraestructura para aprovechar su potencial. “Todos necesitan grandes inversiones en infraestructura para aprovechar el potencial que tienen”, afirmó. Entre los departamentos con potencial mencionó Huehuetenango, Izabal y Petén.

Como referencia regional, mencionó a República Dominicana y Honduras. “Han aprovechado las alianzas público-privadas para generar infraestructura y hacer estos lugares más accesibles”, señaló.

De la Cruz señaló que Sololá y el lago de Atitlán podrían ser considerados para proyectos bajo APP. “Existen terrenos aptos para desarrollar hotelería, transporte y amenidades que resulten atractivas para el turista”, indicó.

También mencionó el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén. “Podría estructurarse una APP donde participe no solo el operador aeroportuario, sino incluso un operador turístico internacional cuyo reto sea atraer visitantes”, explicó.

Añadió que el lago de Izabal, el área de Río Dulce, la región de las Verapaces y Huehuetenango podrían formar parte de rutas turísticas estructuradas bajo este modelo.

Certeza jurídica y participación de actores

Para Ardón, uno de los factores determinantes para atraer inversión es la certeza jurídica. “Desde el momento en que una empresa decide invertir en un lugar necesita saber que las reglas son claras, que no enfrentará obstáculos irregulares en procesos como la obtención de licencias de construcción y que no vayan a pedirle algún soborno”, afirmó.

De la Cruz señaló que también es clave la situación jurídica del terreno en el que se construirá el proyecto. “Aunque en las APP el terreno sigue siendo del Estado o de la municipalidad, debe estar registrado y no tener ningún gravamen. Eso también es atractivo para el inversionista”, indicó.

Añadió que, además de reglas claras a lo largo del tiempo, se requiere infraestructura básica adecuada. “Tiene que haber acceso a servicios básicos: agua potable, suministro constante de energía y seguridad para que a la hora de instalarse una infraestructura sea funcional". Enfatizó que los proyectos deben estructurarse de manera integral. “Muchas veces hay lugares con atractivo turístico, pero cuesta llegar. El tema de la seguridad también es importante: que sean lugares y rutas seguras y que los índices de criminalidad sean bajos”, expresó.

Ardón indicó que, si se busca convertir destinos en polos de desarrollo turístico, la coordinación debe ir más allá del ámbito municipal. “El Gobierno central tiene que facilitar desde el momento en que un turista aterriza en Guatemala y se moviliza hacia su destino; por eso es necesaria una infraestructura nacional”, afirmó.

En esa línea, Julia Barrera, de la Dirección de Mercadeo del Inguat, señaló que la participación local es determinante. “No se puede avanzar si no escuchamos esas voces locales, que son quienes mejor conocen sus territorios y quienes también tienen la capacidad de concretar los proyectos”, expresó.

Otro punto que destacó Ardón es la participación del sector privado desde la fase de planificación. “En la medida en que haya empresas del sector privado, técnicos y personal profesional involucrados desde el diseño, se pueden aportar insumos que permitan que la construcción y la operación estén en sintonía. Eso es lo que permite hacer sostenibles los proyectos en materia de eficiencia y calidad”, explicó.

De la Cruz añadió que, para que un proyecto resulte atractivo para el inversionista, la aceptación social es un elemento clave. “Es un tema de socialización. La aceptación de la sociedad para que se sienta involucrada es de gran importancia”, indicó.

Según Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, "para mejorar la asignación de riesgos e incrementar la participación local, es importante que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia permitan emplear los recursos de los Cocodes para mucho de este tipo de infraestructura".

Beneficios y potencial

Ardón sostuvo que el sector privado puede aportar conocimiento técnico, experiencia y capacidad financiera. “Cada proyecto es diferente. Habrá algunos que requieran mayor involucramiento privado a lo largo de la gestión del proyecto, desde la concepción y la viabilidad hasta la administración y la operación, y otros donde el involucramiento del sector público sea mayor. Lo importante es identificar qué necesita cada proyecto”, indicó.

Añadió que el crecimiento del turismo en los últimos años exige infraestructura adecuada. “Si queremos que el turismo sea sostenible, hay que brindar una buena experiencia. Eso solo ocurre cuando se cuenta con infraestructura y mantenimiento adecuados, no solo para el mercado internacional, sino también para el nacional”, afirmó.

De la Cruz indicó que el desarrollo económico es uno de los efectos asociados a estos proyectos. “La fase constructiva genera empleo y se contrata mano de obra local. En hotelería, muchas veces el personal es del área, lo que lleva desarrollo económico a las comunidades”, explicó.

Desde el Inguat, Barrera indicó que el país cuenta con destinos consolidados y emergentes. “Tenemos destinos turísticos que ya están posicionados y otros que están comenzando a surgir y que pueden resultar un atractivo importante para los visitantes”, expresó. Añadió que es necesario que estos destinos cuenten con infraestructura no solo para llegar, sino también para permanecer.

Se requiere modificar leyes

A criterio de Bolaños, "se requiere revisar la normativa de Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (Idaeh), pues el modelo actual no está funcionando. En otros países, para promover el turismo, se apoya a quienes, en su modelo de negocio protegen el patrimonio cultural mediante exoneraciones fiscales o subsidios. Aquí, en Guatemala, lo que se ofrece es cárcel si la lluvia destruye un techo en una casa que tiene más de 50 años".

De acuerdo con Rey, es importante modificar la actual ley del Inguat, ya que actualmente es obsoleta. “Debe ser muy clara la parte de comprometerse a que todas las empresas cumplan y cubran ciertos estándares mínimos de sostenibilidad”, agregó.

Asimismo, consideró que dentro de las reformas de esta ley se debe plantear la integración de segmentos que actualmente no están contemplados, como las plataformas en línea de alojamiento. “Estas no pagan el impuesto al turismo y son ingresos que puede tener el Inguat para desarrollar y cubrir mucho más en el interior del país y en la capital”, explicó.

También planteó la necesidad de reformar la ley de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), entidad encargada del registro y control de las áreas de reservas territoriales del país. Dentro de sus funciones está la ejecución de programas y obras necesarias para mejorar el aprovechamiento y desarrollo de estas.

“Es importante que OCRET también pueda actualizar su ley para permitir contratos por más tiempo, de modo que las personas o entidades que deseen hacer una inversión a futuro tengan la garantía de que será por un plazo mayor y puedan recuperar su capital”, explicó.

Asimismo, destacó que se debe trabajar en conjunto con el sector público y privado, ya que también están involucradas las municipalidades. “Es un tema importante porque casi siempre es la máxima autoridad en los destinos y creo que es muy importante que estemos todos en la misma línea y hoja de ruta para garantizar que esas inversiones puedan llegar a estos destinos”, señaló.

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