Guatemala cuenta con aeropuertos y aeródromos distribuidos en distintas regiones, pero las opciones para viajar en avión dentro del territorio nacional continúan siendo limitadas. La existencia de pistas no garantiza que las aerolíneas puedan establecer rutas comerciales, debido a las condiciones de seguridad, infraestructura y demanda necesarias para sostener las operaciones.

Con un préstamo de US$250 millones aprobado por el Banco Mundial y un Plan Maestro de Aeródromos, el país busca mejorar su infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, para ampliar la conectividad también será necesario contar con instalaciones adecuadas, servicios de emergencia, personal técnico y condiciones comerciales que permitan operar vuelos regulares.

A estos desafíos se suma la necesidad de actualizar la legislación aeronáutica. Representantes del sector privado señalaron que se trabaja en una propuesta para separar las funciones de regulación y administración de los aeropuertos, facilitar las inversiones y establecer mecanismos de operación más eficientes.

Durante La Charla de Guatemala No Se Detiene, Francisco Pahul, director comercial de TAG Airlines, y Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción de Guatemala, analizaron las condiciones necesarias para desarrollar nuevas rutas nacionales, las prioridades de inversión y los cambios legales que consideran indispensables para mejorar la conectividad aérea.

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Pahul explicó que, aunque existen destinos con potencial turístico y comercial, todavía es necesario resolver limitaciones operativas antes de considerar la apertura de nuevos vuelos.

“Tener una pista es solo una parte (…) es solo una parte que se necesita para tener una ruta aérea, pero también (...) se requieren condiciones de seguridad para operar esta pista, servicios aeroportuarios, infraestructura para atender a los pasajeros y, sobre todo, una demanda suficiente y constante que nos permita mantener esta ruta en el tiempo”, indicó.

Desde la perspectiva de infraestructura, Estrada coincidió en que las inversiones deben abarcar mucho más que el mantenimiento de las pistas. Mencionó la necesidad de incorporar equipos, centros de control, formación de personal y espacios adecuados para atender a los pasajeros.

El representante de la Cámara de Construcción señaló que el préstamo del Banco Mundial está orientado a atender parte de estas necesidades, aunque también reconoció que Guatemala enfrenta una brecha de infraestructura en otros ámbitos de movilidad, especialmente en carreteras.

Seguridad y demanda para abrir nuevas rutas

Al abordar cómo deberían priorizarse las inversiones, Pahul colocó la seguridad operacional como el primer requisito para desarrollar la conectividad aérea.

Entre las necesidades identificó el mantenimiento de las pistas, los sistemas de navegación y aproximación, la iluminación, los servicios de emergencia, los bomberos, las ambulancias y el personal técnico encargado de las operaciones.

“La primera inversión se debe dar en garantizar que sea una operación segura y confiable. Priorizaríamos el tema del mantenimiento de las pistas, los sistemas de navegación, los sistemas de aproximación, los sistemas de iluminación, servicios de emergencia, bomberos y ambulancias”, explicó.

Pahul también señaló que algunas pistas regionales tienen longitudes de aproximadamente 1,000 o 1,200 metros, lo que limita las posibilidades de operar aeronaves como las ATR 72 utilizadas por la compañía, cuyo peso puede alcanzar alrededor de 25 toneladas.

A esto se suman instalaciones que carecen de cerramiento perimetral y otros servicios indispensables para garantizar la seguridad.

Por ello, consideró que la inversión debe dirigirse primero a resolver estas deficiencias y, posteriormente, a desarrollar proyectos con posibilidades reales de generar demanda de pasajeros.

Pahul también destacó la importancia de involucrar a las compañías aéreas en la planificación de las obras, debido a que son las encargadas de operar las rutas una vez que la infraestructura esté disponible.

Planteó establecer una hoja de ruta que permita coordinar a las instituciones responsables, definir presupuestos, calendarios y requisitos técnicos, así como incorporar las observaciones de los posibles operadores.

La intención, explicó, es evitar que las inversiones se desarrollen sin considerar las condiciones que necesitan las aerolíneas para utilizar los aeródromos.

Reforma aeronáutica podría avanzar en 2027

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la necesidad de actualizar el marco legal que regula la aviación civil y la administración de los aeropuertos.

Estrada explicó que el Viceministerio de Transporte trabaja en una propuesta de ley y que representantes del sector privado han participado en las conversaciones para plantear cambios al modelo actual.

Entre los principales aspectos mencionó la separación de las funciones de supervisión aeronáutica y administración aeroportuaria, además de establecer mecanismos para facilitar la inversión mediante concesiones y alianzas público-privadas.

A su criterio, la estructura actual limita las posibilidades de contratación y ejecución de proyectos, por lo que considera necesario establecer reglas que permitan responder al crecimiento previsto del transporte aéreo.

El representante de la Cámara de Construcción señaló que Guatemala registró aproximadamente 5.2 millones de pasajeros el año anterior y mencionó una proyección de 11 millones hacia el 2040, cifras que utilizó para explicar la necesidad de modernizar la administración aeroportuaria.

“No nos podemos quedar atrapados en esa burocracia o esa incertidumbre de la forma en que se opera actualmente todo el tema de contratación”, sostuvo.

Estrada añadió que el sector privado ha presentado 179 propuestas como parte del proceso de discusión de la nueva legislación, con participación de actores vinculados al turismo, las aerolíneas, la industria y otras actividades económicas.

“Ha habido mucha apertura a incluir la mayoría de estos comentarios. Todavía estamos en conversaciones con ellos”, afirmó.

Sobre los plazos, indicó que considera posible avanzar en la propuesta durante el primer trimestre del 2027, aunque recordó que la aprobación de una nueva ley deberá acompañarse de un proceso de transición institucional.

Este proceso, explicó, tendría que desarrollarse de manera ordenada para mantener las operaciones aeroportuarias y respetar los contratos vigentes.

Por su parte, Pahul coincidió en la necesidad de acelerar la actualización normativa y expresó que espera contar con avances durante los primeros meses del próximo año.

“Esto urge, no podemos dejar pasar más tiempo. (...) Nos gustaría que esta ley saliera en el primer trimestre de 2027 y que, basado en eso, se llevaran a cabo todas las implementaciones que se tienen que hacer para poder mejorar la infraestructura aeroportuaria que tenemos en Guatemala”, manifestó.

Pahul también destacó que el desarrollo de nuevas conexiones nacionales podría aprovechar el crecimiento de vuelos internacionales hacia Guatemala.

Explicó que la compañía busca funcionar como un enlace para que pasajeros provenientes de destinos internacionales puedan continuar sus viajes hacia otras regiones del país.

De esta manera, la ampliación de vuelos nacionales dependerá de que las inversiones aeroportuarias permitan operaciones seguras, que las rutas cuenten con demanda suficiente y que los cambios institucionales faciliten el desarrollo de nuevos servicios comerciales.

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