Un estudio de escucha social elaborado por DataLab midió la percepción de la ciberseguridad en Guatemala por parte de usuarios digitales, de enero del 2023 a marzo del 2026. Durante este período se efectuaron 43 mil menciones sobre este tema.

El sentimiento de la conversación es 41% negativo, mientras que solo 2.3% es positivo. La conversación está dominada por la inseguridad digital en el país. Los temas que cobran mayor relevancia son la clonación de tarjetas, el fraude digital y el robo bancario.

De acuerdo con Sigfredo Lee, analista del Cien, la digitalización en el país ha avanzado de manera acelerada, pero no existen mecanismos de protección para las personas vulnerables. Agregó que los adultos mayores son un grupo poblacional con mayores riesgos, ya que crecieron en un contexto donde la tecnología era menor y ahora esta herramienta ha facilitado los ciberdelitos.

En este contexto, planteó la necesidad de reforzar las leyes, ya que muchos de los delitos no se encuentran tipificados en la legislación vigente. “Se necesita fortalecer la legislación, pero no necesariamente hacerla más estricta, sino hacerla más completa para abarcar delitos que han quedado en una zona gris”.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

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La conversación ciudadana sobre ciberseguridad está dominada por fraudes cotidianos. ¿Qué nos dice esto sobre cómo se percibe la ciberseguridad en el país?

Hay algo muy importante y es entender un poco cuál ha sido la dinámica de la digitalización del país. Realmente, las personas se han digitalizado de manera muy acelerada. El solo hecho de que hay más celulares en Guatemala que personas nos dice que hay una digitalización agresiva en el país.

El acceso a la tecnología, el acceso a la red o a internet cada vez aumenta y lo hace de manera muy rápida. El problema es que no necesariamente existen mecanismos de protección social.

A partir de esta digitalización acelerada, hay grupos de población vulnerables importantes. Por ejemplo, adultos mayores, que son personas que crecieron sin acceso a esa tecnología y cuyo aprendizaje no es fácil; por ende, los hace vulnerables a esa tecnología.

Segundo, muchos niños y jóvenes. También hay una población general con bajos niveles educativos —como una realidad nacional—, y todos estos grupos, al estar desprotegidos por una plataforma general de ciberseguridad y por una normativa que los proteja, se vuelven más vulnerables. Probablemente mucho de eso es lo que estamos viendo reflejado en estas respuestas.

¿Por qué la ciberseguridad se ha convertido más en un problema de dinero, confianza y vulnerabilidad diaria que en un tema tecnológico?

Yo creo que mucho de esto probablemente es lo más frecuente, pero no es lo único. El phishing o fraude social, como también se le llama, es algo muy común.

No se necesita un sofisticado conocimiento tecnológico para hackear una cuenta. Probablemente lo que estamos viendo es la facilidad con la que se ha vuelto a cometer este tipo de delitos en Guatemala, y que realmente son impunes por la falta de una normativa que los castigue adecuadamente.

El estudio refleja una alta carga emocional en la conversación, como miedo o enojo. ¿Qué nos dice esto sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero y digital?

La verdad es que, lamentablemente, esto está provocando una desconfianza general hacia cierta institucionalidad mínima.

Hacia el sistema financiero, pero también hacia las mismas redes sociales, hacia las comunicaciones digitales y hacia la digitalización en general, que debería ser una herramienta para mejorar la productividad, el acceso a la información y la vida de las personas. Al contrario, lo que se está volviendo es una carga y un mecanismo para aprovecharse de gente indefensa.

¿Qué riesgos implica que la ciudadanía viva la ciberseguridad como un problema cotidiano?

Obviamente, la pérdida inmediata que implica ser víctima de todo esto, que en muchos casos sigue siendo pérdida de dinero. Sin embargo, también hay delitos más graves, como el abuso de niños, que ya superan el ámbito económico.

Pero además, lo que está provocando es un retroceso en un proceso de digitalización que debería estarse acelerando. Esto nos perjudica a largo plazo, no solo por el delito en sí, sino por el costo que implica frenar la transformación digital del país.

¿Cómo puede este tipo de conversación influir en la agenda pública o presionar a actores políticos para tomar acción?

Yo creo que lo importante es generar conciencia de que hay poblaciones importantes desprotegidas y que el Estado tiene una función en reconocer que las circunstancias en las que ocurren estos delitos han cambiado y a las cuales se tiene que ajustar. No solo las personas individuales se vuelven vulnerables, sino también el mismo Estado se vuelve indefenso, lo cual le resta credibilidad y mina la institucionalidad democrática.

¿Existe el riesgo de que las leyes de ciberseguridad sean percibidas como mecanismos de control y no como herramientas de protección?

Este es un tema muy importante. Hubo una ley que se intentó aprobar hace algunos años que incluso rayaba en censura a la misma prensa. Eso es algo que realmente no debe ser. Por “matar al lobo” no hay que “prenderle fuego al bosque”.

Hay buenas prácticas internacionales sobre qué se puede hacer y cómo hacerlo sin vulnerar derechos, especialmente derechos humanos básicos como la libre emisión del pensamiento.

El usuario habla de estafas y pérdidas económicas, mientras que el Estado impulsa leyes. ¿Qué tendría que cambiar para alinear esa respuesta institucional con la experiencia real del usuario?

Aquí hay varias cosas. Hay una intención de fortalecer la legislación, no necesariamente hacerla más estricta, sino hacerla más completa para abarcar delitos que han quedado en una zona gris.

El fraude ya está contemplado en la legislación, pero no toma en cuenta características particulares de la modernidad, como la digitalización. Por otro lado, también tiene que haber procesos de formación y capacitación, y una asignación clara de responsabilidades.

Cambiar solo la legislación no es suficiente. Es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya se salió (cuando el fraude ya se cometió). Tiene que haber estrategias de prevención significativas.

¿Qué rol deberían jugar el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales para cerrar esta brecha?

La legislación puede dar mejores y nuevas herramientas a las instituciones para defenderse y proteger a sus clientes. Pero también hay responsabilidades compartidas, de promover prácticas seguras, establecer comunicaciones seguras y compartir información.

Por ejemplo, es común ver anuncios de instituciones, públicas o privadas, diciendo: “Nosotros no estamos contratando, no caigan en esto”. Eso implica inversión en comunicación, en pauta, en educación.

Es parte de asumir responsabilidades. Cada actor tiene que entender su rol en la implementación de sistemas seguros.

Pensando en soluciones, ¿qué se debe priorizar regulación, educación digital o prevención?

Todas las anteriores. Donde no se haga una cosa, por ahí se cuela el problema. Hay que hacerlo todo, invertir en todo y entender que no son soluciones parciales, sino integrales.

Dentro de la población sí hay una necesidad extendida y es importante alinear las políticas públicas para atender esa necesidad.

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