Actualmente, en el Congreso se discute la iniciativa 6665, Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, la cual busca dotar de instrumentos jurídicos para la construcción, operación y ampliación de la infraestructura eléctrica en el país. Sin embargo, el sector de telecomunicaciones también plantea la necesidad de contar con un proyecto de ley, ante la oposición que existe en algunas áreas para instalar torres de telecomunicaciones.

“Hay fuerte oposición en cuanto a la instalación de torres de telecomunicaciones. Generalmente, el gran problema que todos conocemos, el antagonismo, viene por parte de las municipalidades”, comentó Ricardo Valenzuela, presidente de la Gremial de Telecomunicaciones.

Esta iniciativa fue planteada durante La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido todos los lunes por Guatevisión a las 22 horas. En este espacio, además de Valenzuela, participó Herbert Rubio, superintendente de Telecomunicaciones (SIT), donde conversaron sobre los retos que enfrenta el sector para ampliar su cobertura. Fue moderado por Rocío Lazo.

Valenzuela recordó que, al ser las municipalidades autónomas, cada una establece sus propios reglamentos. “En cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, hay un porcentaje que está regulado y otro que no”, mencionó.

Asimismo, indicó que los impuestos por la instalación de torres pueden incidir en las decisiones de inversión, tanto local como extranjera. Al referirse a la iniciativa de ley 6665, explicó que podría favorecer el despliegue de redes eléctricas, pero no incluiría directamente a las redes de telecomunicaciones. “Hay que diferenciar una de otra, aunque tienen sinergia, hay que considerar nuestra red también”, dijo.

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Licencias y regulación

Rubio explicó que uno de los principales puntos se encuentra en las licencias municipales. Indicó que existe variabilidad en los requisitos y costos entre municipios. “En algunos lugares es muy sencillo y a un precio muy razonable, y en otros lugares es exorbitante. Además, ponen muchas complicaciones para poder hacerlo. La unificación es clave”, mencionó.

Valenzuela coincidió en que el tema está vinculado a la discrecionalidad en las decisiones municipales y a la participación de actores locales, como los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), que en algunos casos se oponen al despliegue de infraestructura.

“Si nos vamos al marco legal, hay que hacer conciencia en las municipalidades de que el hecho de una torre de telecomunicaciones es importante para el desarrollo de la comunidad. Esto empezaría con una revisión de las regulaciones locales y luego trasladarlo al Congreso de la República para contar con una ley que nos alinee a todos”, dijo.

Asimismo, explicó que, en la medida en que las municipalidades son autónomas y no se rigen al gobierno central, la situación se torna complicada y no existe una buena solución a corto y mediano plazo si no hay una alineación de todas las partes.

Rubio indicó que la autonomía municipal está garantizada por la Constitución, por lo que el enfoque, según explicó, no debe centrarse en modificarla, sino en establecer lineamientos generales.

“Cuando se habla de unificación no quiere decir que todas las municipalidades aplicarán exactamente lo mismo, sino que existan reglas establecidas para que cada una aplique ciertas normas que permitan que todo se realice de una forma más o menos equitativa. Esto beneficiará a la misma municipalidad y a la población”, señaló.

Agregó que actualmente existe discrecionalidad en algunos casos. “Alguna municipalidad que probablemente tiene problemas económicos cree que con esto va a resolver sus problemas y entonces pone unas tarifas y unas condiciones extremas. Las comunas pueden convertirse en vehículos de desarrollo o en bloquearlo”, argumentó.

Soluciones

Rubio señaló que se podría trabajar en supervisión y capacitación hacia las comunas para facilitar los procesos de coordinación. “Se podría hacer una supervisión, por ejemplo, a través del Instituto de Fomento Municipal (Infom), para que de esta manera haya ciertas regulaciones que utilicen todas”, explicó.

Indicó que esto no implicaría una aplicación idéntica en todos los casos, sino la definición de lineamientos generales. “No voy a decir una homogeneización, pero sí que haya ciertas regulaciones que usen todas las municipalidades”, añadió. También mencionó que este tipo de mecanismos podría aplicarse en otros ámbitos donde existe discrecionalidad.

Por su parte, Valenzuela indicó que ya se han impulsado acciones en esa línea. “El año pasado, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), se formuló un curso de capacitación a las municipalidades para tomar conciencia de la conectividad y de la importancia de esta para sus comunidades”, señaló.

Agregó que se podría fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Sería interesante poder hacer iniciativas entre la iniciativa privada y el Gobierno de la República, a través de la Superintendencia, para trabajar de la mano”, indicó.

Asimismo, señaló que existen diferencias entre municipalidades en cuanto a la disposición para el despliegue de infraestructura. “De las 340 municipalidades, no todas se oponen. Hay municipalidades que favorecen y colaboran mucho”, afirmó.

No obstante, indicó que en algunos casos se presentan condiciones más restrictivas. “Hay un sector, irónicamente en las áreas más aisladas, donde se oponen, e incluso hay municipalidades que han planteado cobros de hasta Q750 mil por la instalación de una torre”, mencionó.

Además, señaló que una de las propuestas es promover acciones de sensibilización dirigidas a autoridades locales y actores comunitarios. “La iniciativa es trabajar en conjunto para hacer conciencia a las municipalidades, a sus concejos municipales y a los Cocodes sobre la importancia de la conectividad y del despliegue de tecnologías, así como el desarrollo de habilidades digitales en la población”, concluyó.

Compromisos

Valenzuela señaló que uno de los principales puntos a impulsar es la promoción de iniciativas de ley desde el Congreso de la República. “El más importante son iniciativas de ley que sean emanadas desde la Presidencia del Congreso”, indicó.

Agregó que un segundo eje es la capacitación y sensibilización en comunidades sobre la importancia de la transformación digital en organizaciones y empresas. El tercer punto es buscar consensos para que aumente la cantidad de infraestructura en las regiones de difícil acceso.

Asimismo, indicó que, aunque existe un despliegue relevante de red en el país, aún hay espacios por cubrir. “Guatemala cuenta con un despliegue bastante importante, pero falta mucho por hacer. Hay que aumentar la infraestructura para llegar a los puntos donde la población lo necesita”, afirmó.

Por su parte, Rubio indicó que desde la Superintendencia de Telecomunicaciones se trabaja en el cierre de la brecha digital. “Es un compromiso que tenemos desde hace algunos años y estamos trabajando para que esto se haga una realidad”, señaló.

Añadió que uno de los principales retos está en las áreas con menor cobertura. “Tenemos claro que el reto está en las áreas donde no se llega actualmente y la única forma es hacerlo en conjunto con la iniciativa privada. El compromiso es tener reuniones para poder definir una ruta de trabajo y poder avanzar”, indicó.

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