“Ni a la Corte de Constitucionalidad y ni a la Sala Tercera Penal, el Tribunal les ha hecho caso, entonces, creemos que el artículo 32 es aplicable, porque dice que el funcionario que habiendo sido notificado de la suspensión del acto continúe con la ejecución debe ser destituido”, afirmó García Gudiel, en entrevista vía telefónica con Prensa Libre.
Con esta acción pretenden que el Tribunal no emita la sentencia contra los militares Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, enjuiciados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo cerró la mañana de este viernes el debate por genocidio y citó a las partes involucradas a las 16 horas para emitir su sentencia.
Los militares retirados, Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez se declararon inocentes de ordenar los actos en los cuales mil 771 indígenas ixiles perdieron la vida, durante varias matanzas cometidas en la década de 1980.
Carol Patricia Flores, jueza Primero A de Mayor Riesgo, confirmó esta mañana en una audiencia su fallo emitido el 18 de abril último, cuando anuló las actuaciones del proceso por genocidio.
