Sin embargo, mientras los resultados del informe eran conocidos, el director ejecutivo del Centro de Acción Legal Ambiental, Yuri Melini, denunció a los medios del país que cuatro activistas fueron atacados en la víspera por hombres armados que lograron secuestrar a dos de ellos. “Tenemos información que el cadáver de uno de ellos apareció maniatado y torturado… uno (más) permanece desaparecido”, expresó.
El asesinado fue identificado como Exactación Marcos, el máximo líder indígena de la región montañosa denominada Santa María Xalapán, a unos 25 kilómetros al este de la capital. El otro dirigente que sigue desaparecido es Roberto González, indicó Melini.
La Policía y el ministerio Público no habían emitido ningún informe de la muerte y presunto secuestro de los líderes comunitarios, que estaban regresando a sus hogares después de colaborar en la realización de una consulta popular con los habitantes de otra localidad cercana respecto a su anuencia o no a permitir proyectos mineros en sus comunidades.
El documento hecho público por Brunori describió además de la situación derechos humanos, lo relativo a derechos económicos, sociales, culturales, a la tierra y el territorio, de los pueblos indígenas, así como los derechos sexuales y reproductivos de la población.
El informe mencionó la muerte de seis indígenas durante una protesta en el departamento de Totonicapán que fue reprimida por soldados del Ejército de Guatemala. “Estos eventos también evidenciaron la necesidad por parte del Estado de seguir cumpliendo con su deber de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes mientras estos ejercitan su derecho a la protesta”.
Brunori dijo en representación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que el tema de la militarización de la seguridad es una materia pendiente que habrá que discutir.
El informe reconoció la importancia de la justicia transicional y celebró los procesos terminados en sentencias de masacres ocurridas en el marco de la guerra en Guatemala (1960-1996).
La oficina de la ACNUDH pidió al gobierno presentar un cronograma que claramente establezca una fecha límite para el uso de las fuerzas militares en el cumplimiento de la ley. El efectivo control y registro de empresas de seguridad privada.
Llamó al Ministerio Público a fortalecer sus procesos de evaluación y desempeño. Instó al Gobierno a fortalecer mecanismos e instituciones encargadas de resolver conflictos sociales incorporando un enfoque de derechos humanos y abordar las causas estructurales de estos conflictos y finalmente pidió al gobierno reconocer públicamente y expresar su apoyo al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.
