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El expresidente y otros 10 integrantes de su gabinete de gobierno, están acusados de avalar la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), por el cual se sustrajeron Q270 millones del Estado.
La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público indica que el 3 de abril de 2009, en cuatro folios, el entonces Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, el cual facultaba al Estado a otorgar los fondos a la Asociación de Autobuses Urbanos (AEAU) para el proyecto del Transurbano.
Ese día sin que se convocara a reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 103-2009, el cual trasladaba toda la responsabilidad de la ejecución de los Q270 millones a la Asociación de Autobuses Urbanos, liderada en ese entonces por Luis Alfonso Gómez González -actualmente prófugo-.
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En marzo del 2009, miembros de la Junta Directiva de la AEAU crearon cuatro sociedades anónimas con el fin de captar los recursos que se destinarían para el proyecto del Transurbano. Estas empresas tenían la misma fecha de creación, misma notaria y el mismo propósito, y todas las personas registradas en las sociedades anónimas estaban vinculadas a la dirección de las asociaciones de buses y junta directiva de la AEAU.
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