La organización Amnistía Internacional (AI) declaró este miércoles 6 de mayo como “presos de conciencia” a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde hace un año tras encabezar protestas en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales del 2023, y exigió su “liberación inmediata e incondicional”.

Ambos dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán enfrentan cargos de terrorismo y asociación ilícita en un proceso que AI califica como un “castigo arbitrario” y una muestra de “discriminación racial estructural”.

Pacheco y Chaclán fueron arrestados en abril del 2025 en un caso que, según denunció su abogado, Juan Castro, suma ya 10 meses sin un “juez natural”, debido a las constantes recusaciones que han impedido celebrar la audiencia de etapa intermedia.

La investigadora de Amnistía Internacional Adeline Neau denunció en conferencia de prensa que el proceso contra Pacheco —quien es viceministro de Energía y Minas, cargo que mantiene pese a la detención— y su compañero Chaclán representa un “grave retroceso” en derechos humanos.

Neau recordó que bajo los mismos cargos de terrorismo también están sindicadas otras autoridades indígenas, como Basilio Puac, integrante de la junta directiva de los 48 Cantones, y Esteban Toc, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá.

La Fiscalía acusa a los líderes indígenas de asociación ilícita, terrorismo y obstrucción de la justicia por encabezar en el 2023 las movilizaciones que exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia.

Las protestas surgieron por acciones del Ministerio Público señaladas de intentar impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.

“No es casualidad que se usen delitos como terrorismo contra autoridades ancestrales; es una prolongación de la discriminación racial que busca enviar un mensaje disuasorio contra la movilización social”, afirmó Neau, quien subrayó que el sistema de justicia está siendo utilizado para castigar formas propias de organización indígena.

Lidia Tzunún, esposa de Pacheco, describió la situación como una “muerte social” y psicológica para las familias mayas k’iche’.

“Luis y Héctor actuaron por mandato de sus asambleas y no por decisión propia; defendieron la voluntad de cinco millones de guatemaltecos en las urnas”, subrayó.

Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, nombrado recientemente, a revisar la objetividad de estas persecuciones que, según la organización, forman parte de un patrón de criminalización que también afecta a periodistas y operadores de justicia en Guatemala.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.