Amnistía Internacional sobre amenazas a jueces: “Hemos visto a las instituciones pasivas, cómplices”

Amnistía Internacional se suma a las advertencias en relación con las amenazas que denunció esta última semana el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

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Juez Miguel Ángel Gálvez
El juez Miguel Ángel Gálvez, durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hace un año, Amnistía Internacional firmaba un comunicado advirtiendo del riesgo que enfrentaba la independencia judicial con la criminalización de jueces y otros operadores de justicia.

“Observamos con preocupación que estas prácticas parecen constituir un patrón en el cual el Ministerio Público da trámite sin más a denuncias penales y administrativas manifiestamente infundadas o improcedentes”, señalaba la organización.

Ahora, y luego de las declaraciones públicas del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, de nuevo Amnistía Internacional insiste en el riesgo que existe para la democracia y el estado de Derecho mientras no se garantice la independencia judicial.

Adeline Neau, investigadora en Amnistía Internacional habló con Prensa Libre y recordó que ya se le solicitó al propio Ministerio Público que cree mecanismos funcionales que permitan reconocer casos espurios y no se judicialicen, porque atentan contra el trabajo independiente de los jueces; el hacerlo, por el contrario, podría hacer cómplices a las instituciones de los grupos que ejercen presión y amenazas a los jueces.

¿Cómo ve Amnistía Internacional los ataques e intimidaciones denunciadas públicamente por jueces como Miguel Ángel Gálvez?

Los ataques a la independencia de jueces son muy graves para Amnistía Internacional. Los jueces deben poder hacer su trabajo sin amenazas ni presiones y tener todo el apoyo en caso de que haya ataques y amenazas, digitales como las hemos visto, así como amenazas de muerte, y hay un deber de investigar del Ministerio Público de estos ataques.

¿Se deben abrir investigaciones de oficio a partir de los temores planteados por jueces?

Es fundamental que se investiguen todos los ataques, porque es un tipo de presión que están sufriendo y pueden vulnerar su independencia. Los jueces deben hacer su trabajo sin presión y sin miedo a represalias, y si están sucediendo, se deben investigar para encontrar quiénes son las personas detrás, porque se amenaza todo el sistema de justicia y de derechos humanos cuando se ataca a un juez o una jueza.

También hay denuncias a jueces y operadores de justicia. ¿Estas también deben tener un proceso distinto para no darle trámite a acusaciones sin fundamento?

En el caso de Guatemala, es interesante, porque deben existir mecanismos para denunciar las acciones de un juez. El problema en Guatemala es que no solo se sigue el proceso normal, porque en el proceso penal se pueden tomar acciones si no se está de acuerdo con el criterio del juez o la jueza. El problema en Guatemala es que se distorsiona el uso de mecanismos legales para convertirlos en herramientas de impunidad y se vuelven herramientas de acoso, represalias, y vemos cómo ciertos sectores comienzan acciones en paralelo a acciones que se están llevando contrarias a sus intereses.

Muchos ataques en contra de jueces y operadores de justicia se sostienen con una carga ideológica. ¿Cómo entender esta variable?

En relación con la supuesta ideología, no sé qué tanto es de izquierda o derecha, lo cierto es que el trabajo de esos operadores de justicia que ahora son criminalizados ha tocado intereses, han tocado elementos consolidados de grupos que han operado de manera impune, al margen de la ley, o violando el Derecho Internacional y los tratados ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos; entonces, más allá de izquierda o derecha, lo que generan estos ataques tan intensos a los operadores de justicia que han aportado, que han contribuido significativamente en atacar la impunidad, en devolver la justicia, de alguna manera, en atacar los hilos, los nudos de la corrupción y de la impunidad son los casos y el tipo de casos que no se había logrado antes.

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Estamos a la espera de que se nombre al nuevo fiscal general. ¿Cómo se ve el futuro de Guatemala en el sector judicial y qué debería esperarse de un nuevo fiscal?

Vemos con mucha preocupación los escenarios actuales en donde se encuentra la justicia en Guatemala.

Vemos fundamental que las autoridades reaccionen. Estoy hablando tanto del Organismo Judicial como del Ministerio Público, para garantizar la independencia judicial y la Fiscalía General, porque el problema que hemos visto antes es que se distorsiona el uso de mecanismos legales. El problema que hemos visto en Guatemala es que las instituciones se han quedado como pasivas, incluso como cómplices, participando de la persecución contra los operadores de justicia.

Yo creo que para garantizar que los operadores de justicia puedan hacer sus actividades sin ninguna presión, también incluye que el Organismo Judicial y el Ministerio Público salgan públicamente a defender la independencia judicial cuando está bajo ataque, que reconozca la labor de los jueces, porque si no hay independencia, no hay derechos humanos, no hay contrapoder, no hay fiscalización, se abre la puerta a más impunidad y más corrupción, que afectan los derechos humanos.

Yo creo que a las autoridades les debería preocupar el estado en que se encuentra la justicia, y que cuando hay señalamientos de que hay amenazas de muerte o vía digital y que hay usuarios anónimos en redes sociales operando detrás, debería haber una reacción por parte de las instituciones, y que no sean los operadores de justicia que denuncien esto los que tengan que salir del país para resguardar su vida.

Como pedido adicional, debe cesar el hostigamiento del uso individual del derecho penal hacia los operadores de justicia y cerrar los casos cuando sean manifiestamente improcedentes.

¿Cuando dice que las instituciones se vuelven cómplices, es por no abrir investigaciones de oficio o el no darle el apoyo directo y más seguridad a los jueces que estén denunciando amenazas?

Al no brindarles seguridad, al no pronunciarse para exigir un alto a la criminalización y dejar que avancen estos procesos, incluso participar del mismo procesamiento, se pueden volver cómplices.

¿En Amnistía Internacional ya han hecho recomendaciones directas a Guatemala para manejar la criminalización de jueces y operadores de justicia?

Sí, hemos hecho una recomendación a Guatemala, en particular al Ministerio Público, a la fiscal general, para reconocer cuando se trata de un caso de criminalización. En este caso, el contexto es muy importante, saber en qué marco sucede la denuncia y cruzar información para ver qué tanto están repetidos los fenómenos, para entender si estamos hablando de una denuncia espuria.