Ramírez sustituye temporalmente a Erika Aifán, quien el pasado lunes renunció al cargo tras denunciar amenazas y se fue al exilio a Estados Unidos.
“Este acto remarca la intolerancia e irrespeto hacia la libertad de expresión que existe desde los altos magistrados del Organismo Judicial (OJ) hasta los juzgados de primera instancia”, se lee en un comunicado que publicó la APG.
Explica el documento que durante la audiencia de primera declaración por el caso de la masacre Rancho Bejuco, en la que están involucrados nueve expatrulleros de autodefensa civil, el juez Edwin Ramírez impidió que más de tres reporteros estuvieran presentes en la sala y les pidió que se rotaran para poder cubrir el proceso, pues adujo restricciones por la pandemia, “pese a que en actuaciones anteriores nunca se había impuesto esta limitación”.
El comunicado añade que, contrario a lo que ha ocurrido en esta judicatura u otros juzgados de la misma categoría, Ramírez solicitó que todos los periodistas dieran su nombre completo, número de DPI y medio al que pertenecen, pese a que los reporteros de esa fuente ya están acreditados en comunicación social.
Amenaza con acciones legales
“Pero lo más preocupante de las actuaciones del juez son las amenazas que lanzó, según algunas denuncias, en contra de los periodistas presentes, a quienes advirtió con iniciar acciones legales si percibía que las publicaciones sobre la audiencia no “están acorde a lo que resuelva” o lo que él crea que ha sucedido durante el proceso”, se lee en el comunicado de la APG.
Según la APG, el juzgador alegó el interés por mantener el “decoro” y “respeto” cuando emitió estas advertencias. Además, como acto de intimidación hacia los medios de comunicación, Ramírez solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), tanto dentro como fuera de la sala donde se desarrollaba la audiencia.
“Las acciones para limitar la cobertura periodística y las amenazas del juez, son parte de las acciones que el OJ y sus juzgados han emprendido para restringir la cobertura en procesos importantes, ordenar la investigación contra periodistas o emitir resoluciones contrarias a la Constitución para entablar una censura previa a los medios”, dice la comunicación de APG.
El comunicado también expresa que es preciso recordar al juez suplente que su cargo no le exime de la crítica y la auditoría, tanto de los periodistas, ciudadanía y agrupaciones de derechos humanos, ni lo coloca sobre la Constitución Política o los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado, para que pueda determinar qué información pueden publicar los medios de comunicación o establecer quiénes pueden ingresar a las audiencias.
“Las actitudes de Ramírez parecen más las de un depredador de la libertad de expresión que de un operador de justicia responsable de respetar la ley”, también expresa la APG.
Consideran que las acciones de Ramírez son una seria amenaza para la libertad de expresión que pueden llevar a que éstas sean replicadas en otras judicaturas, por lo que no deben quedar sin consecuencias.
“Ante esto, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa demandan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que inicie inmediatamente un proceso disciplinario en contra Ramírez y brinde la misma importancia que ha dado a proceso contra otros profesionales del derecho”, concluye el comunicado.
