Durante la jornada el fiscal Orlando López llevó a cabo una exposición detallada de la masacre perpetrada en Quiché, por parte del Ejército.
Primero hizo los señalamientos contra Mauricio Rodríguez Sánchez y durante la tarde contra Efraín Ríos Montt.
López argumentó que aunque Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no fueron los actores de las muertes de la etnia maya ixil, si tenían conocimiento de los hechos que se perpetrabam,
También explicó que según peritajes y exhumaciones, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser señalados como guerrilleros.
Desde muy temprano y después de un año que fue ligado a proceso penal por genocidio y deberes contra la humanidad, Ríos Montt escuchó los señalamientos en su contra.
Activistas de Derechos Humanos colocaron globos frente al Organismo Judicial, en los cuales piden justicia en el caso.
La audiencia se lleva a cabo es por la masacre de la etnia maya-ixil, en el triángulo Ixil, Quiché, en 1982.
En la audiencia se detalla el modo operacional el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983, así como de Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de la Sección de Inteligencia (G2).
El Ministerio Público les atribuye a través de la cadena de mando haber ordenado la muerte de más de un mil 771 indígenas entre hombres, mujeres y niños, en 11 masacres.
Según el Ministerio Público, el plan de campaña Victoria 82 hace referencia a que había que entregar una copia del documento al presidente y viceministro de la Defensa Nacional de entonces.
También se plantea que hubo supervisión de las acciones cometidas durante el conflicto armado interno, ya que los comandos debían entregar un informe cada 15 días.
En el plan Firmeza 83 se establece la eliminación de actores subversivos y proteger a la población civil, pero el fiscal aclara que cualquier ciudadano que no simpatizara con el Ejército guatemalteco era considerado enemigo interno y sería perseguido.
En este plan también se ordena aniquilar a los comités campesinos locales, los cuales no eran fuerzas o unidades militares permanentes, eran sujetos pensantes e ideológicos que no podían entablar combate con el Ejército.
También se habló de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que operaba en Santa Cruz del Quiché, y alcanzó la integración de mil 500 soldados de diferentes compañías, lo cual se acredita como un operativo específico para atacar al grupo ixil.
Bloqueo del proceso
La defensa de los mliltares logró bloquear el proceso, al interponer más de un centenar de recursos legales que fueron conocidos por Salas de Apelaciones del ramo Penal, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad.
En cada una de esas instancias, los militares retirados no obtuvieron éxito, cada uno de los recursos legales fueron rechazados.
Ríos Mont logró retrasar audiencia de apertura a juicio desde el 2012, en ese momento se fijaron tres meses de invetigación a partir del 26 de enero de ese año, cuando fue ligado a proceso y se le ordenó arresto domicililario con vigilancia de la Policía Nacional Civi y una fianza de Q500 mil.
Mientras que Rodríguez Sánchez ha logrado retrasar el proceso desde el 13 deoctubre del 2011, cuando fue ligado a proceso penal.
En lo que respecta a Héctor Mario López Fuentes, militar retirado, su proceso penal está detenido ya que se ordenó que un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo evalúe para determinar el estado de salud. Por ello, este martes no fue citado a la diligencia.
