Miguel Ángel Gálvez: “No solo son delitos de corrupción”

Miguel Ángel Gálvez integra la lista de seis candidatos para dirigir el Ministerio Público (MP). Ha cobrado relevancia por dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo B, que en los últimos tres años ha conocido los procesos de corrupción del gobierno del Partido Patriota. 

Juez Miguel Ángel Gálvez uno de los seis aspirante electos por la Comisión postuladora Fiscal General y MP. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)
Juez Miguel Ángel Gálvez uno de los seis aspirante electos por la Comisión postuladora Fiscal General y MP. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Según la calificación de la Postuladora, su trayectoria profesional es el aspecto más sólido en su perfil. 

Estando usted afuera del MP, ¿cuáles son las falencias que ha podido identificar de la institución?

Que en el Ministerio Público no solo son delitos de corrupción, es una gama de delitos. O sea, se le tendría que dar prioridad a todos los delitos; por ejemplo, de extorsión, trata de personas, incluso los delitos de homicidio. Entonces, tratar de que mejore, no solo una o dos secciones, sino todo el MP.

¿Y qué haría para cambiarlas?

Primero, ir a ver cómo está el MP, y lo que siempre me ha llamado la atención es la persecución criminal estratégica. Tratar de darle prioridad a la dirección de investigación criminal, la de análisis criminal, que para mí estas son los lugares en donde se van a realizar las investigaciones, y no solo debe estar capacitada la gente, sino dotarlos de todos los mecanismos modernos para hacer una buena investigación.

El único   voto en su contra fue por el supuesto riesgo de los procesos que se llevan en su juzgado. ¿Afectaría?
Yo siento que esa es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, por un lado, y por otro recuérdese que hay buenos jueces y con mucha mística. Hay gente que se puede hacer cargo de los procesos.

La Corte es la que debe asumir la responsabilidad y hay gente muy capaz.

¿Haría cambios en las jefaturas de las fiscalías?

Primero haría una evaluación. La verdad es que yo tengo 18 años de estar en la Corte y de tener una comunicación estrecha con los fiscales.

Y como he tenido la oportunidad de estar en varios departamentos, conozco bastante al MP y estoy consciente de que hay personal muy bueno, gente de carrera, y es a la que hay que aprovechar. Y, claro, hay gente mala, y esa, definitivamente, después de un análisis, hay que ver qué se hace con ellos.

¿Qué papel jugaría la Cicig si llegara a ser fiscal general?

El asunto de la Comisión es que es un convenio suscrito entre Guatemala y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y hay que respetarlo.

Es ley mientras esté vigente. La Comisión debe seguir trabajando.

¿Usted seguiría la misma línea que han venido desempeñando el MP y la Cicig?

Si estamos hablando de la persecución penal se mantendría la misma línea, porque ese es el quehacer del MP. Lo que habría que revisar ahí es cómo se está realizando y cómo se pueden seguir abriendo algunos procesos.

¿Nuevos casos?

Ahora tengo entendido que ya hay algunos procesos que se están investigando, y esto de los procesos no es de un día para otro.

La preparación lleva cierto tiempo, sobre todo cuando se involucran estructuras criminales. Aparte es la comisión de delitos cuando hay flagrancia, y es cuando se detiene a la persona, pero la investigación en estos procesos lleva cierto tiempo.

¿Cree que la Cicig se ha excedido en su mandato en los últimos tres años?

No. Ese es parte del quehacer de la Comisión y es prácticamente el convenio suscrito entre la ONU y el Estado de Guatemala con relación a la creación de la Cicig. Y este es el que entró en vigencia en el 2017.

¿Hasta cuándo cree que sería necesaria?

Está hasta el otro año, creo que es septiembre del otro año. Lo ideal es que se le prorrogara más tiempo, y de no ser así, pues asumiría la responsabilidad el Ministerio Público, el fiscal general, de seguir con estos procesos y seguir con la persecución penal.

¿Cuánto cree que faltaría para que la Cicig permanezca en el país?

Mínimo, unos dos años más —después del 2019—, para que haya una transmisión de las atribuciones de la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad) y de la Comisión hacia las fiscalías.

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