Estrada no explicó los motivos para abandonar la defensa de la ex vicemandataria. Siempre fue visto junto a Baldetti y su principal función era evitar que los periodistas se acercaran a ella para entrevistarla.

Tanto Cano como Estrada indicaron que todavía no han hablado con Baldetti sobre la intención de renunciar a su defensa.

Estrada solo dijo que no se atreve a hablar del tema con la ex vicepresidenta.

Cano aseguró que él y su colega se mantendrán en el cargo hasta entregar el expediente del caso a los futuros defensores de Baldetti, como lo señalan la Ley y el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

“Estaríamos representando la defensa de la señora Íngrid Roxana Baldetti Elías hasta después de la etapa intermedia —apertura a juicio— del caso, independientemente de cuál sea el resultado”, aseveró Cano.

Inmueble

Cano indicó que puso a disposición del Ministerio Público (MP) el edificio Valser, ubicado en la zona 9, con el cual Baldetti le pagó parte de sus honorarios.

“Creo que lo prudente es ponerlo a disposición de la justicia. Así pienso como un abogado respetuoso de la Ley”, manifestó el profesional del Derecho.

El abogado señaló que cuando Baldetti le ofreció el inmueble como parte del pago, se le informó que el valor del edificio era de US$1.1 millones, pero su costo real es de US$500 mil.

Aseguró que en la factura extendida a Baldetti por servicios prestados, en la cual se acreditó que recibía el inmueble, se consignó que el pago era por Q4.5 millones y que de esa cantidad tuvo que cancelar Q1 millón en impuestos.

Investigación

El MP acusa a Baldetti de ser presunta jefa de la estructura de defraudación que operaba en las principales aduanas del país y que beneficiaba a un grupo de importadores que pagaron un soborno para que se les hiciera una reducción en el cobro de aranceles por sus productos.

Derivado de esa investigación, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra la ex vicemandataria y el expresidente Otto Pérez Molina. Ambos renunciaron a sus cargos para afrontar a la justicia.

El próximo 16 de abril se cumple un año de que se hicieron públicas las operaciones de la red, en la que participaron varios funcionarios.